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EL ECONOMISTA DE LA SEMANA

El impuesto a la distancia y la falta de integración

La extensión física de un país está dada por sus límites geográficos, pero su extensión económica se determina por la intercomunicación de sus diversas regiones. Lo que no está al alcance de la Nación como entidad de conjunto no pertenece a su actividad práctica. Y todo aislamiento implica un principio de segregación.

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La extensión física de un país está dada por sus límites geográficos, pero su extensión económica se determina por la intercomunicación de sus diversas regiones. Lo que no está al alcance de la Nación como entidad de conjunto no pertenece a su actividad práctica. Y todo aislamiento implica un principio de segregación.” Así concluía el presidente Arturo Frondizi su mensaje al Congreso Nacional del primero de mayo de 1960.
Cincuenta años atrás, Frondizi nos alertaba ya acerca de la falta de integración de la Argentina y del escollo que esto representaba para el desarrollo del país. Durante su presidencia, se pavimentaron 10.000 kilómetros de rutas a lo largo y ancho de la República. Evidentemente, no alcanzó. Hoy, luego de décadas de desinversión en infraestructura, los problemas derivados de la falta de comunicación entre nuestras diversas regiones se manifiestan con mayor intensidad.
Más aún, la supresión de prácticamente la totalidad de los servicios ferroviarios de pasajeros de larga distancia en la década pasada (medida justificada por el pésimo estado de las vías férreas que desaconsejaba la circulación de estos trenes, pero que se adoptó sin tomar en cuenta previsiones para brindar accesos alternativos) terminó aislando a más de 400 localidades en distintos puntos del interior del país, provocando un proceso de abandono de estos pueblos por parte de sus habitantes, y la consecuente migración hacia áreas marginales de los grandes aglomerados urbanos.
El hecho de que en la Argentina hablemos del “interior” ya nos está indicando el antecedente colonial del subdesarrollo, la estructura de crecimiento hacia afuera; es decir, un sector dinámico vinculado al puerto, y el resto del país, el interior, atrasado y postergado.

Planificación. Entre las tareas pendientes que tiene por delante la nueva administración, se encuentra la planificación del desarrollo de un sistema de transporte que sea una herramienta al servicio de la producción y de la integración nacional. No se trata de generar anuncios de obras aisladas o espectaculares planes mediáticos, sino de una consecuente acción que permanezca en el tiempo y que fije y ejecute líneas de acción por largos períodos. En ese plan, el mantenimiento y las mejoras y ampliaciones en nuestra red de caminos adquieren una importancia central.
Pero esa importancia no debe ser declamativa, sino que debe ir acompañada por políticas estables en el tiempo y asignaciones presupuestarias que sean consecuentes con los anuncios.
Si pretendemos una Argentina integrada y con un desarrollo homogéneo, los gobiernos deben tener políticas y asignaciones de recursos coherentes con ese objetivo. Ha quedado demostrado que las partidas asignadas en las últimas décadas han sido insuficientes para nuestra red de caminos. También, que necesitamos reestructurar el sistema vial, estableciendo una planificación conjunta entre la Nación y las provincias y una asignación de recursos estables.
Los profundos cambios que se han verificado en el entorno económico mundial y el crecimiento acumulado en los últimos cinco años plantean una realidad distinta y abren nuevos senderos y desafíos para el desarrollo de las actividades productivas de las diversas regiones de nuestro país.
Producción. La configuración productiva actual, genera perspectivas alentadoras para comenzar a resolver una de las caras más dramática de las malas decisiones de política económica que se tomaron en el pasado: la migración de millones de argentinos del interior del país a las grandes ciudades, que no están en condiciones de satisfacer esa nueva y creciente demanda de servicios públicos esenciales. Para evitar que se siga intensificando este fenómeno, una condición indispensable es proveer la infraestructura necesaria para avanzar en el proceso de integración del país.
Esto requiere, también, reconocer la existencia de un país heterogéneo, con fuerte conciencia federal y, en consecuencia, la necesidad de aplicar instrumentos de modernización y participación de las provincias y los municipios para la construcción de un país equilibrado regionalmente. El aprovechamiento de las nuevas opciones productivas, el incremento del valor agregado a las materias primas de origen agrícola, ganadero, ictícola, minero y forestal, y la construcción de la infraestructura necesaria para la movilización y el aprovechamiento de nuestros recursos productivos, es el camino para alcanzar esa meta.
Al analizar la distribución territorial de la Inversión Bruta Interna Fija (IBIF), se advierte la rigidez de las estructuras productivas provinciales y el elevado nivel de concentración económica que presenta nuestro país en torno a las principales jurisdicciones subnacionales.
En virtud de la mayor complejidad y diversidad de sus entramados productivos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, ejecutan más del 70% de la IBIF total de la Argentina. El restante 30% de la inversión se divide entre las 19 provincias restantes. Este último grupo se encuentra conformado por provincias cuya estructura productiva se sustenta tanto en la explotación de recursos primarios renovables como de recursos no renovables, encontrándose el diferencial en términos de atracción de inversiones en aquellas cuestiones ligadas a ventajas competitivas reales, tales como la infraestructura, la complejidad y capacidad de la estructura de servicios conexos a la producción y el grado de desarrollo del marco institucional.
Al “impuesto a la distancia” que sufre el interior del país producto de los mayores costos que genera una infraestructura evidentemente insuficiente, se le suman, desde la salida de la última crisis, los derechos sobre las exportaciones.

Retenciones. Las controversias que generan las retenciones a las exportaciones empañan la excelente noticia de que “el viento de cola” sigue favoreciendo a la Argentina. El aumento en los precios internacionales de los productos agropecuarios implica que, con el mismo esfuerzo productivo, el país obtiene mayores ingresos para su economía. Las retenciones a las exportaciones no son el instrumento más adecuado para que este beneficio sea plenamente aprovechado y distribuido con razonables niveles de equidad. Además, como las retenciones no son coparticipables, el Gobierno nacional termina postergando a las provincias más rezagadas, destinando esos recursos a proyectos de inversión en las jurisdicciones más ricas y pobladas del país. Así, los buenos precios internacionales terminan operando como un factor que profundiza aún más las brechas regionales.