La reciente decisión del juez de Nueva York, Thomas Griesa, respecto de no embargar los fondos con destino a pagar la deuda performing, pero sí suspendiendo su efectivo depósito hasta tanto no acordemos el acatamiento al fallo del pago a los holdouts, no constituye aún un default real ya que existe el margen de 30 días para que esto ocurra. No obstante, sí constituye un verdadero jaque a nuestras instituciones.
Si hiciéramos un juicio de valor de tal decisión, deberíamos ser muy críticos de ella, pero la racionalidad aconseja que la estrategia que se adopte frente a ese fallo se guíe por un juicio de realidad antes que por esas valoraciones.
Ello si pretendemos evitar un mal mayor y proteger un interés superior, cual es la estabilidad económica y financiera de nuestro país.
Puestos en esa situación cabe preguntarse: ¿por qué en los canjes planteados en 2005 y 2010 lo correcto fue elegir a la jurisdicción de los Estados Unidos como ámbito ideal para dirimir potenciales conflictos, incluso conociendo las amenazas que hoy nos acechan?
¿Será porque quienes debían adherir a nuestras propuestas confiaban más en las instituciones de dicho país que en las del nuestro?
Tristemente, esa es la verdad.
Nuestra histórica volatilidad institucional no nos ha permitido generar la confianza necesaria, siquiera para que nuestra ley y nuestras instituciones garanticen el cumplimiento de los contratos suscriptos por nuestro Estado nacional.
Sólo hay algunas estadísticas para fundamentar este concepto.
◆ En los aproximados 160 años de gobierno constitucional hemos tenido 52 cambios presidenciales (promedio aproximado de uno cada tres años) y 125 cambios en la conducción del Ministerio de Economía (1,3 años promedio de permanencia).
◆ Asimismo, en los poco más de 30 años desde la recuperación de la democracia, tuvimos diez cambios en la conducción del Poder Ejecutivo y 24 en el mencionado ministerio (1,2 años promedio de duración).
◆ Si analizamos lo ocurrido en el Banco Central los resultados son también desalentadores. En sus casi 80 años de existencia, tuvo 57 ejercicios presidenciales con un promedio aproximado de 1,4 años de permanencia en el cargo cada uno y en las poco más de tres décadas de gobierno democrático se sucedieron 23 presidentes que en promedio duraron 1,3 años en el cargo.
◆ A esta descripción orientativa podríamos añadir por ejemplo las más de veinte modificaciones realizadas a nuestra Ley de Ministerios en los últimos treinta años y seguramente si se extendiera el análisis antes descripto al resto de las áreas de gobierno, los resultados no serían muy dispares.
Lo dicho hasta aquí es indicativo de nuestra escasa estabilidad institucional, la cual produce efectos deletéreos tales como la dificultad en implementar políticas de Estado y de largo plazo que susciten confianza en nuestro país, tanto en el frente externo cuanto en el interno.
Este marco, aunque parezca disociado, nos ayuda a ponderar esta delicada situación coyuntural la cual debiera llamar a la reflexión a nuestra sociedad toda para encaminarnos en un sendero irreversible de estabilidad de nuestras instituciones que genere la confianza necesaria que impida volver a afrontar innecesarias circunstancias, tal como la que estamos viviendo. El ejercicio cotidiano de una cultura del encuentro, con más actores y menos espectadores, más ciudadanos y menos habitantes, más compromiso y menos criticismo, es el camino a recorrer para alcanzar ese objetivo.
* Presidente de Fidesnet. Ex director del Banco Central.
