La ejecución del jeque Nimr Bakr al-Nimr, un reconocido líder religioso de la comunidad chiita de Arabia Saudita, junto con 41 sauditas sunitas y dos operativos extranjeros de la organización Al Qaeda en la península arábiga el 2 de enero de 2016, todos acusados de ser partícipes de actos terroristas durante la última década en la monarquía, no fue una coincidencia.
De terrorista Al-Nimr no tenía nada. Ni de “radical”, como lo tildaron las autoridades y los medios y sectores pro sauditas en Medio Oriente para legitimar su ejecución. Al-Nimr nunca formó parte de Hezbollah al-Hiyaz, un grupo radical de chiitas en la península que en las décadas de 1980 y 1990 conspiraba contra la monarquía; y sus relaciones con la República Islámica de Irán fueron controvertidas por su cuestionamiento al velayat-e faqih, el sistema político oficial iraní. Sus denuncias contra las autoridades sauditas en defensa de los derechos de los chiitas tuvieron una fuerte resonancia con las llamadas revueltas árabes de 2011 en términos de demandas democráticas. Al-Nimr no dudó en denunciar el autoritarismo del régimen baasista en Siria.
Nada de todo esto importó a la hora de firmar la orden de su ejecución. Los sauditas sabían que la decisión se interpretaría en claves sectarias provocando una escalada de tensión diplomática en la región que, de hecho, se tradujo en manifestaciones violentas en Irán, Irak y el Líbano, duras condenas de líderes como Jamenei y Nasralá y, eventualmente, la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Riad y Teherán.
Dos interpretaciones dominaron el análisis de la noticia.
La primera ubica el evento en la lógica de un doble mensaje interno que las autoridades sauditas enviaron a sus veinte millones de habitantes de los cuales los chiitas, concentrados en las provincias del este conquistados por los seguidores de Ibn Saúd en 1913 en lo que la historiografía oficial saudita considera el proceso de la formación del Estado, forman entre el 10 y 15%. Se trata, en primer lugar, de hacer un “equilibrio” entre los sunitas y los chiitas; no se podía mandar a la decapitación o al pelotón de fusilamiento solamente a sunitas sin provocar una indignación interna en los sectores más radicales del wahabismo.
Si bien estos sectores no son necesariamente antimonarquistas también simpatizan con la causa islamista y, más aún, comparten enemistad con el islam chiita. La monarquía no los puede alienar sin minar las bases de su propia legitimidad, y la ejecución de Al-Nimr sería una señal a estos sectores. Pero Al-Nimr apoyó las revueltas árabes en sus aspiraciones, por lo menos originales, de mayor inclusión social, política y económica de los sectores marginados. Se puede sospechar que la adhesión de Al-Nimr a movilizaciones sociales inspiradas por ideales seculares no fuera sino una maniobra táctica en una estrategia más amplia cuyo objetivo final sería la secesión de las provincias pobladas por chiitas de la monarquía; no menos válido es el argumento de que los chiitas en Arabia Saudita y Bahrein son, precisamente, los excluidos. Luego de intervenir militarmente en Bahrein para reprimir la movilización social, los sauditas evitaron su propia Primavera Arabe invirtiendo cerca de sesenta mil millones de dólares en obras públicas.
Sin embargo, la situación se complicó desde 2011; entre la caída del precio del petróleo y el involucramiento saudita en la guerra en Yemen, a la monarquía le resulta cada vez más difícil evitar protestas sociales. A falta de más dinero para calmarlas, la represión es la opción. Este sería el otro mensaje interno de la ejecución de Al-Nimr.
La segunda interpretación del evento según analizaron especialistas de la región lo ubica en la lucha por el poder entre Arabia Saudita e Irán. En este sentido, el carácter sectario de la ejecución de Al-Nimr tiene un trasfondo político que expresa el continuo malestar saudita del acuerdo nuclear firmado entre Irán y el grupo llamado P5+1 a mediados del año pasado. Según Riad, el acuerdo ha permitido a Irán salir del arrinconamiento internacional impuesto por las sanciones económicas y del status de “paria” en que se encontraba. “Somos nosotros quienes viven allí; nosotros somos quienes sufren de la política y de las políticas iraníes. Basta mirar la magnitud de sus interferencias en el Líbano, Palestina, Siria, Irak, Bahrein, Yemen para entender los problemas que generan para nosotros. Irán es el iniciador, el instigador y el incitador de la inestabilidad y temas negativos en el área”, dice el príncipe Turki al-Faisal, quien dirigió la inteligencia saudita por veinte años y representó a su país en Estados Unidos y Reino Unido en una entrevista con Dan Drollette Jr. que se publicará el 11 de enero en la revista Bulletin of the Atomic Scientists. Es probablemente la forma más directa y concisa de la percepción saudita de Irán.
Ninguna de las dos interpretaciones es, por supuesto, mutuamente excluyente. Pero ambas ocultan una iniciativa política proactiva saudí de la construcción de un liderazgo regional sunita. Desde que George W. Bush burdamente rechazó el plan de paz árabe para resolver la cuestión palestina propuesto por Arabia Saudita en 2002 y decidió derrocar el régimen de Saddam Hussein, Riad entendió que se rompía un equilibrio regional a favor de Irán y de los chiitas.
Cinco años después de la retirada estadounidense, y a cien años del acuerdo Sykes-Picot que dibujó el mapa inicial del Medio Oriente contemporáneo, Arabia Saudita se está preparando para consolidar el espacio sunita en el nuevo equilibrio geopolítico en un orden regional emergente que será esencialmente sectario, aunque –por la hipocresía legitimada que se llama “políticamente correcto”– oficialmente nunca se reconozca como tal.
*PhD en Estudios Internacionales de University of Miami. Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés.
