Hace pocos días, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó a la jueza Sandra Arroyo Salgado que disponga la paralización de todas las construcciones de countries y barrios cerrados en el valle de inundación del río Luján y del delta del Paraná. El fiscal tiene a cargo la investigación de la muerte de dos personas durante las inundaciones de 2012. Domínguez entiende que un conjunto de emprendimientos inmobiliarios generaron las condiciones para que se produjeran esos fallecimientos y que esas circunstancias podrían repetirse.
Por otra parte, el 15 de marzo la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín ordenó a la desarrolladora inmobiliaria TGLT SA, que entregue los estudios técnicos de la construcción del barrio náutico Venice. El fallo es el resultado de una acción judicial patrocinada por el CELS que reclama la urbanización e integración sociourbana del barrio Garrote, histórica villa de Tigre, en cuyos límites TGLT SA lleva adelante la construcción de Venice. La solicitud de paralización de obras que hizo Domínguez afecta a ese emprendimiento.
Nuestro reclamo por el barrio Garrote se propone mostrar que con prácticas articuladas entre órganos estatales y empresas desarrolladoras se afectan los derechos humanos de los sectores más indefensos.
La causa que investiga las muertes de 2012 y el fallo de Cámara sobre el barrio Garrote muestran la necesidad de elaborar e implementar políticas públicas efectivas que promuevan un crecimiento urbano sustentable, como condición para la vigencia de los derechos del conjunto de la población. En la actualidad se combinan procesos administrativos poco claros para obtener el permiso de obra y para el control de su desarrollo y la ausencia de planes de ordenamiento territorial y de normas regulatorias actualizadas. Esta combinación es, literalmente, un atentado a la dignidad y a la vida.
En nuestro país, la proliferación de countries y barrios cerrados durante las últimas tres décadas generó una forma particular de discriminación socio-territorial. Separadas por un muro de ladrillos, las viviendas suntuosas se levantan a expensas de la pauperización de las condiciones de vida de quienes habitan del otro lado, en las villas y los asentamientos.
La importancia del fenómeno va más allá del simple contraste entre la forma de habitar de los ricos y los modos de subsistencia de los pobres. En un mercado de suelo desregulado, donde los desarrolladores inmobiliarios gozan de una libertad de acción que muchas veces limita con la ilegalidad, la construcción descontrolada de countries y barrios cerrados tiene un impacto cada vez más severo.
En la disputa por el acceso a un hábitat digno, el Poder Judicial es convocado a pronunciarse con más frecuencia y en contextos cada vez más complejos. La obligación estatal de garantizar el derecho a la vivienda ha sido ratificada en numerosos procesos judiciales y ha dejado una jurisprudencia importante que permite llevar la discusión judicial aun más lejos. Además, estas discusiones judiciales deberían ir acompañadas de un amplio debate público sobre los modos, fines de producción y uso del suelo urbano. Necesitamos poner límites a la voracidad del mercado inmobiliario, que encuentra terreno fértil en una política pública cómplice y provoca una forma de crecimiento injusto y no sustentable de nuestras ciudades.
*Integrantes del Area de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
