Es probable que haya una inmensa confusión sobre lo que pasó el 28 de junio.
Ese día la oposición ganó las elecciones. Diez días después fue convocada a dialogar –por iniciativa del Gobierno– junto a distintas organizaciones sociales. Desde entonces, ha actuado siempre de contragolpe, no pudiendo proponer nada, en conjunto, al Gobierno vencido.
Una lectura razonable de esta elección dice que la oposición ganó porque interpretó una demanda social con dos caras. Por un lado, el impacto referido al deterioro sustancial en la calidad de vida durante los últimos quince meses. Por otro lado, un profundo y casi visceral rechazo a la formidable concentración de poder realizada durante seis años por el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Este cuadro impulsó a la mayoría a votar en contra, a través de distintos partidos. La decisión cruzó a la sociedad argentina desde las zonas más prósperas hasta el empobrecido segundo cordón del Conurbano bonaerense.
La oposición no tiene nada que pedir. Debería derogar sólo cuatro leyes que otorgaron al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias.
- Reforma del Consejo de la Magistratura.
- Reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia.
- Administración financiera, superpoderes y sistemas de control del sector público.
- Emergencia Económica.
Si estas leyes fueran simplemente derogadas –y el Congreso no otorgara al Poder Ejecutivo facultades delegadas en la sanción del próximo presupuesto–, el resultado electoral del 28 de junio sería capitalizado en dirección a lo que votó la mayoría de los argentinos.
En estas cuatro leyes radica, esencialmente, el famoso tema de las instituciones. Si se derogan, volvería a regir, lisa y llanamente, la división de poderes y el sistema republicano que establece la Constitución. El primer paso en la estrategia de la oposición debería ser concentrar todas las fuerzas en un punto y avanzar.
Si por el contrario, el arco opositor se divide y prepara largas agendas que incluyan desde el INDEC hasta la política agropecuaria, pasando por las innumerables y verdaderas demandas insatisfechas como pobreza, inseguridad, salud pública o educación, habrá diseñado un traje a medida para no ponerse de acuerdo. Sobre este desencuentro, el Gobierno articulará –lo está haciendo– una contraofensiva.
Mientras la oposición –por diferentes razones– no se pone de acuerdo en lo esencial, el Gobierno aplica, puntualmente, una vieja receta que se le atribuye a Perón: “Si usted no quiere solucionar un problema, lo que tiene que hacer es crear comisiones para que lo estudien”. Este es el sentido de convocar para dialogar a un variopinto de organizaciones sociales desde el sector financiero, trabajadores e industriales hasta energía y, tal vez, el campo. Revivirán consejos asesores y se crearán otros nuevos.
El entretenimiento será inmenso: la Argentina política podría quedar atrapada –durante varias semanas– en el juego del caballerito de Versailles, del que hablaba Ortega, “que vivía simplemente de invitarse o de no invitarse”. Mientras tanto, las cuatro leyes seguirán intactas. O peor, harán algunas modificaciones que no cambiarán lo esencial: la concentración del poder en una sola mano.
Nadie –ni el Gobierno– debería perder de vista que el 28 de junio hubo elecciones parlamentarias. Excepto cuando convoca la Presidenta, el ámbito natural del diálogo debería ser el Congreso, no la Casa Rosada. En los últimos 25 años la democracia argentina acuñó una promesa: “El que gana gobierna y el que pierde ayuda”. Para que podamos cumplirla, el reclamo de defender la gobernabilidad –que el Gobierno mencionó reiteradamente después de los comicios– debería contener elementos imperceptibles, pero ciertos, de cohabitación.
Nuestro régimen político es presidencial y nadie piensa que el Congreso deba cogobernar. No se trata de legislar juntos sino de cohabitar, que es la expresión política de convivir.
*Director de Carta Política y ex diputado nacional PRO.
