La crisis del sector eléctrico se viene gestando desde hace años. En efecto, la confiabilidad del sector eléctrico es hoy muy baja, cuando hasta 2002 la calidad y la seguridad de suministro eran muy buenas. Hoy las autoridades tienen que recurrir a cortes similares a los del año 1989 porque las reducciones que en los picos de demanda se aplican forzosamente a la industria desde hace años no alcanzan a disimular el problema.
Sumado a ello, la inflación y los grandes desembolsos de divisas por compras de fueloil y gas plantean con toda crudeza la necesidad de que el Estado equilibre sus cuentas y termine con las fuertes transferencias de fondos desde el Tesoro hacia Cammesa y Enarsa, mostrando así la crisis estructural de la industria eléctrica y revelando que el Estado no puede más.
Al ser una industria que requiere grandes inversiones de capital, necesita estabilidad de reglas y condiciones a largo plazo. De ahí que es incomprensible que se amenace a ciertas licenciatarias con el “fantasma” de la reestatización, como si ello produjera “mágicamente” el dinero que hace falta para readecuar la industria.
El servicio de electricidad en el Gran Buenos Aires está en manos privadas desde 1992, pero la injerencia del Estado ha sido tan grande desde 2002 que sería ingenuo creer que la situación actual se da por culpa de las privatizaciones.
Hoy, la generación de electricidad es claramente insuficiente. Por ejemplo, la demanda máxima del pasado viernes 17 de enero, cuando fue de 23.978 MW, con una temperatura de 35,7 grados, pese a que para ese entonces las importaciones de electricidad desde Uruguay se habían casi duplicado de 334 MW a 600, y a que ya se habían desconectado muchos grandes usuarios y había cortes en varios puntos del Gran Buenos Aires. Cualquier contingencia de generación o de transporte en alta tensión hubiera resultado en un colapso. Las posibilidades siguen siendo ciertas.
Desde 1992 hasta 2003 la demanda máxima de electricidad y las incorporaciones de nueva generación térmica crecieron juntas, pero en la última década la demanda creció en 9.435 MW y la nueva generación térmica sólo 4.958 MW. Las centrales hidroeléctricas tienen plazos largos de construcción, con la ventaja de que el combustible es el agua del río. Hasta 2003 construimos 3.351 MW hidráulicos, y en los diez años, sólo 253.
¿Por qué no invertir más en generación? En 21 años, la rentabilidad sobre los activos (ROA) de generación térmica e hidráulica fue negativa, de -1,8% cada año. En los primeros 11 años, hasta 2002, fue positiva (+4,4%), y en los siguientes diez, negativa (-7,5%). La generación de electricidad es una actividad para ser explotada con amplia libertad por capitales privados. Con estos magros indicadores, se entiende la dificultad de convencer a los dueños del capital para que inviertan.
La distribución en el Gran Buenos Aires es desarrollada por operadores privados y regulada por el Estado a través del ENRE, para proteger al consumidor. Se fijó una tarifa base, vigilando que las concesionarias no obtengan una rentabilidad excesiva, y un régimen de control de calidad del servicio técnico y del producto técnico. Las empresas pagaron las fallas con multas: hasta 2011, el ENRE aplicó por $ 568 millones.
¿Por qué no invertir más en distribución? En estos 21 años la ROA fue negativa, -6,2% en promedio cada año. En los primeros 11 años hasta 2002 fue positiva (+3,9%), mientras que en los siguientes diez, negativa (-15,4%). La distribución es un monopolio natural pero requiere estabilidad en las reglas de juego. Los activos los constituyen cables enterrados, cámaras transformadoras y subestaciones de un alto costo, y un período de amortización mayor a cincuenta años. La falta de adecuación de los ingresos de las distribuidoras repercute en la calidad del servicio que pueden prestar: lo primero que se paga en esas compañías son sueldos del personal e impuestos.
Cuando estaban la Chade y la Italo (privadas), el gobierno de entonces no les dio tarifas retributivas y terminamos en Agua y Energía y Segba. Como tampoco les dieron tarifas, pasamos por los cortes de 1989. En 1992 tuvimos que privatizarlas.
Esto comprueba que la titularidad de las compañías no es el problema, sino que se cumpla la ley, que se adecuen gradualmente los cuadros tarifarios, privilegiando a los sectores de menores recursos y restableciendo los precios libres en el mercado mayorista.
*Ex presidente del Consejo Mundial de Energía en Argentina.
