A partir de la caída de los ingresos fiscales, producto de la menor cosecha y de la recesión interna generada por la salida de capitales como reacción a la expropiación de los fondos de pensión, del clima político y social preelectoral, además del entorno financiero internacional predominante hasta mediados de año y, producto de un continuo crecimiento del gasto público nacional y provincial, este año se perdió, bien medido, el superávit fiscal.
La “excusa” utilizada por el Gobierno nacional de que la pérdida del superávit fiscal de este año es parte de la política anticíclica desarrollada por todos los países en medio de la crisis financiera global, es falsa.
Los países expandieron el gasto para tratar de compensar la caída en el gasto privado, lo financiaron colocando deuda voluntaria, consecuencia del temor de los inversores que vendían activos financieros privados de todo tipo y compraban deuda pública. O utilizando fondos anticíclicos guardados en la bonanza.
Y concentraron ese mayor gasto en rebajas impositivas transitorias para alentar el consumo, o en inversiones públicas “de una sola vez”.
El Gobierno argentino, en cambio, aumentó la presión fiscal, formó un fondo anticíclico, expropiando ahorros privados. Financió parte del gasto con emisión monetaria y expandió dicho gasto de manera difícilmente reversible, consecuencia de la campaña electoral de 2009 y de la peculiar manera de “comprar” poder del modelo K.
Este mismo esquema fiscal se perfila para 2010. Si bien es probable que los ingresos impositivos mejoren por el rebote del nivel de actividad y por la mejor cosecha de soja, el gasto seguirá creciendo bien por arriba del aumento previsto de los ingresos.
De allí que la tasa de inflación seguirá siendo alta, más alta inclusive que este año. De allí que el Gobierno esté buscando sacar recursos de todas las cajas y cajitas del sector público.
Y de allí, que intente colocar deuda interna y externa. Colocar deuda interna en un mercado financiero y de capitales tan pequeño como el argentino, implica, claramente, menor financiamiento para el sector privado.
Cuanto menos se consiga en el exterior y más se busque internamente, mayores dificultades para el financiamiento privado, si es que las empresas y las familias quisieran endeudarse en un contexto incierto de empleo y salarios. (Por los conflictos derivados de la alta inflación en el plano laboral y salarial.)
Otro aspecto del problema fiscal es el vinculado con la eficiencia del gasto y el crecimiento a largo plazo. En estos años, el gasto público (Nación más provincias) aumentó, más o menos, diez puntos de PBI. Parte en subsidios al sector privado. Parte en aumentos de empleo, salarios y jubilaciones. Parte en obra pública y aportes a las “nuevas” empresas estatales. Parte en “política social”. Los subsidios, en su mayoría, se concentraron en sectores de ingresos medios y altos.
La inversión pública, por su parte, muestra claros indicadores de sobrecostos, de falta de prioridades, de desorden administrativo y de insuficiencia, respecto de lo necesario, en especial en infraestructura de energía y transporte.
El aumento del empleo y los salarios públicos no se ha reflejado en un mejor servicio de educación, salud, justicia o seguridad. Los incrementos en el gasto jubilatorio –en un porcentaje importante– responden a una generosa moratoria, también concentrada en sectores de ingresos medios y altos. Finalmente, la política social muestra los vicios propios del clientelismo.
Por último, la relación Nación -provincias. Los últimos años, con una complicidad concurrente del Gobierno federal, los gobernadores y el Congreso han exacerbado el centralismo de los recursos en la caja nacional y su distribución discrecional hacia las provincias, con mecanismos que han profundizado los problemas regionales.
En síntesis, Argentina presenta hoy, desde el punto de vista fiscal, todos los males.
Ya no hay superávit fiscal y ello afecta la tasa de inflación y la disponibilidad de crédito al sector privado. La expansión del gasto ha sido ineficiente en términos de crecimiento económico de largo plazo y de la calidad de los bienes públicos, e injusta desde el punto de vista distributivo. Y el federalismo se ha perdido de la mano de un modelo de poder particular.
Como se observa, el problema es mucho más que el déficit.
