Los acontecimientos con epicentro en el Banco Central exceden el carácter de simple disputa política sobre una decisión del gobierno y representan un símbolo de precariedad institucional para nuestro país. El Poder Ejecutivo ha jugado de manera irresponsable con la independencia de poderes y ha fomentado el temor a través de la intimidación y hasta de la fuerza pública, creando en los ciudadanos una sensación de desasosiego por el destino del país. Pero de pronto, cuando todo hacía prever la continuación de la escalada, el gobierno convocó a la Comisión Bicameral que prevé la ley orgánica del BCRA, contradiciendo su obstinación anterior en evitar al Congreso, y haciendo evidente que no tuvo sentido alguno haber puesto al país en tal situación de desconcierto.
Sin embargo, mientras dice ahora “cumplir”, no deroga el decreto con el que intentó remover a Redrado ni convoca al Congreso para el tratamiento del decreto del DNU que constituye el problema central en debate, esto es, el del Fondo del Bicentenario.
La pretensión oficial de disponer de las reservas del BCRA, salteando las normas y enmascarado en la creación de un fondo para el pago de deuda externa es en realidad una maniobra que desnuda la necesidad de contar con recursos para cubrir el descontrol del gasto público.
Estamos ante la pretensión de financiar acciones electorales por parte de una administración que basa su poder en la asignación discrecional de esos recursos como medio de “apriete” a intendentes y gobernadores.
Para esto, el PEN intentó evitar al Congreso y apeló a un decreto que pretendía – según los fundamentos- fijar una “politica de Estado”, olvidando que las politicas de Estado son resultado de consensos, debates y, sobre todo, de la participación de los tres poderes. Nunca de la decisión unilateral y “urgente” del Poder Ejecutivo a través de un DNU.
Debe entonces la presidencia convocar a sesiones extraordinarias para la consideración del Decreto que creó el llamado “Fondo del Bicentenario”, en cumplimiento de su cometido de hacerlo cuando lo exige “el grave interés de orden y de progreso” del que habla el art. 99, inc. 9º CN, y tal como lo determina la ley 26122, regulatoria de los DNU, que -tras el dictamen de la comisión correspondiente- reclama el “inmediato y expreso tratamiento” por el Congreso (art 21) en coincidencia con el art 99 inc 3 de la CN. De no hacerlo, será entonces explícito que dictar un DNU una semana después de la finalización de las sesiones ordinarias, como se hizo aquí, y negarse luego a convocar a extraordinarias para así legislar por decreto aprovechando el receso del Congreso, se trata de un claro abuso de poder.
En una República constitucional seria, que aspiramos a recobrar, lo único incondicional debe ser el cumplimiento de las normas. Este es un objetivo central con vistas al futuro: terminar con el cínico “principio” según el cual, si se tiene poder suficiente, las leyes están sólo para que las cumplan los demás.
Si no se acatan plenamente la letra y el espíritu de la Constitución y las leyes, la auténtica República y la democracia quedan vacías de sustancia. Podrán sucederse nuevos turnos electorales, renovaciones de mandatos, juramentos y promesas, pero no habrá verdadero Estado de Derecho, porque éste sólo existe cuando rigen las garantías suficientes contra cualquier pretensión autoritaria, aunque venga camuflada en banderas como “liberación”, “distribución de la riqueza” o cualquiera otra, por justa que parezca. Al mismo tiempo, el Estado de Derecho presupone la efectiva vigencia de la separación e independencia de los poderes del Estado que, contra lo que predican los portavoces oficialistas, cuando existe es especialmente beneficiosa para los sectores más vulnerables de la sociedad.
Para cerrar, dejemos la palabra a Juan Bautista Alberdi, quien escribiendo sobre las ideas centrales de nuestra Constitución, explica que ésta, “como todas las conocidas en el mundo, vio el escollo de las libertades no en el abuso de los particulares tanto como en el abuso del poder. Por eso fue que, antes de crear los poderes públicos, trazó en su primera parte los principios que debían servir de límite a esos poderes. Primero construyó la medida, y después el poder”.
*Diputado nacional (Peronismo Federal, Buenos Aires).
