El inicio del año parlamentario y del año judicial, con los discursos de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, respectivamente, dispusieron el escenario para un debate necesario en toda república democrática: ¿cuál debe ser el rol de la Justicia?
En la medida en que el Poder Judicial tiene la tarea de interpretar la Constitución, esta discusión resulta inescindible de cómo la concebimos. Un punto de partida interesante de abordarla es el del jurista argentino Carlos Nino, que comparó la Carta Magna con una catedral. Ambas, dijo, son obras centenarias, colectivas y plurales porque diversos actores, a lo largo de generaciones, toman parte en su construcción.
Los cimientos de nuestra catedral fueron republicanos y basados en la división de poderes. Un sistema de pesos y contrapesos fue puesto en funcionamiento para asegurar que no existan poderes ilimitados y que se busque proteger los derechos básicos de las minorías respecto de las mayorías circunstanciales. No podemos apartarnos de ello. No, al menos, sin reformar íntegramente el texto constitucional. Es decir, sin destruir y reconstruir los cimientos de esta catedral.
Así, la Constitución se construye durante siglos, y la tarea de los jueces es una de interpretación intergeneracional constructiva. Cuando interpretan, analizan lo hecho pero también construyen; dialogan con el pasado, el presente y el futuro, de modo tal que su rol es inseparable del contexto en el que actúan.
¿Cuál es ese contexto? Tres paradojas deben destacarse aquí. Primero, la existencia de un texto constitucional rico en derechos que contrasta con una realidad alejada de dichas promesas. En segundo lugar, como explican los politólogos Pablo Balán y Federico Tiberti en el libro La república pendiente, la presencia de un Estado hipertrofiado y ausente, producto de sus bajos niveles de institucionalidad. Finalmente, explica la socióloga y politóloga Catalina Smulovitz, existen altos niveles de judicialización que revelan el surgimiento de una nueva arena institucional para dirimir cuestiones políticas (demostrando, quizás, el fracaso de las instancias representativas para canalizar adecuadamente las demandas sociales).
En este marco, la judicatura debe, sin reemplazar o ejercer facultades de otros poderes, asumir un rol activo. Debe emerger como un actor más en el andamiaje institucional para detener una inercia estatal que perpetúa situaciones estructurales de desigualdad y violaciones de derechos humanos: superpoblación carcelaria, contaminación ambiental, pobreza, marginalización, todo lo relacionado con los pueblos originarios. Parte de su función es garantizar la inclusión social, el diálogo entre poderes y la deliberación entre ellos y la sociedad.
En este punto, el discurso de la Presidenta fue muy ilustrativo. Mientras mencionaba los logros del Ejecutivo en el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo olvidó que fue el Poder Judicial, en la causa “Mendoza c/ Estado Nacional”, el que originó el proceso de transformación del curso de agua.
En fin, la Constitución se interpreta día a día entre todos con cada fallo, cada ley, cada decreto, cada protesta. Esta visión del rol de la Justicia exige jueces dispuestos a luchar por las promesas constitucionales sin olvidar que, como afirma el jurista Martín Böhmer, toda autoridad gana en legitimidad cuando se limita. El enfoque es ambicioso como nuestra Constitución.
Teorías como el constitucionalismo democrático y el popular plantean perspectivas positivas para dotar de legitimidad democrática la supremacía constitucional. Lo que no puede hacerse es destruir lo construido en nuestra catedral. Lo imperativo es no caer en la trampa de confundir, como señala el jurista Gustavo Maurino, la democratización de la Constitución con la desconstitucionalización de la democracia.
*Abogado y profesor en la Universidad de San Andrés.
