El debate de la ley de violencia contra la mujer estaba en su momento más álgido. Voces en disputa, posturas encontradas y distintas teorías se entremezclaban en el recinto del Congreso de la Nación. Pero, como una diáspora silenciosa, los diputados varones se fueron retirando uno a uno. Sólo quedaron unos pocos. La mayoría de la platea masculina sólo volvió para votar. “Nos dejaron solas”, resume Fernanda Gil Lozano, diputada e historiadora especialista en género.
Este es sólo un ejemplo que demuestra que a casi dos décadas de la sanción de la ley de cupo –que establece un piso de 30 por ciento de representación femenina–, la discriminación de género sigue vigente. Esta tesis también es la que se desprende del libro Ideas, presencias y jerarquías políticas. Claroscuros de la igualdad de género en el Congreso Nacional de Argentina (Prometeo-PNUD), que relevó la inequitativa estructura de oportunidades en el Congreso.
Más allá de los avances númericos, los problemas continúan. “Se puede reafirmar que la arena política institucional sigue siendo un ámbito en el cual el género interfiere en la distribución de prestigio y poder. Los números constituyen una condición importante pero no suficiente para alcanzar la igualdad”, analiza Jutta Marx, máster en Ciencias Sociales y coautora del libro.
A los quince días de la “sesión casi exclusiva para ellas”, sucedió otro singular episodio, cuando la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich hablaba sobre las denuncias de fraude legislativo en Córdoba. Cuando terminó, el diputado delasotista Jorge Montoya la increpó: “Pedazo de atorranta, chorra, no te metás con Córdoba”. “Si Patricia hubiera sido Patricio eso no se lo hubiera dicho. Es un típico caso de violencia de género”, critica Gil Lozano.
Boletas. La confección de las listas electorales es otro indicador de la desigualdad. “Suele ser un proceso dominado por líderes territoriales, en particular por gobernadores e intendentes. Si se considera la extremadamente escasa participación femenina en los cargos ejecutivos electivos provinciales y municipales –Argentina cuenta con una sola gobernadora y el 91 por ciento de los 2.218 municipios argentinos es gobernado por varones–, es evidente que las mujeres tienen una incidencia extremadamente limitada en la selección de candidatos”, explica Marx.
Esa misma desigualdad se replica a la hora de analizar los puestos de decisión. Más allá de la participación cuantitativa significativa de mujeres en los principales cargos de conducción y decisión, siguen siendo ejercidos exclusivamente por varones. Los hombres presiden ambas Cámaras y los bloques políticos de mayor importancia numérica.
Las autoras observan lo que sería una división sexual del trabajo legislativo. Los asuntos más “serios” –como economía o política– siguen siendo dominio de los varones, mientras que los proyectos relacionados con políticas sociales o derechos de mujeres son impulsados por legisladoras. Las legisladoras presentaron el 74 por ciento de las propuestas relacionadas con familia y niñez, el 73 por ciento de las de salud y el 84 por ciento de género. En simultáneo, el 63 por ciento de los proyectos económicos y el 70 por ciento de los vinculados con las relaciones exteriores fueron impulsados por varones.
Percepción. Mientras que la gran mayoría de las diputadas y senadoras admiten desventajas y discriminación de género, sus pares varones califican al Congreso como una organización igualitaria, más allá de ciertos problemas puntuales. “Ante la misma pregunta, los varones dijeron que el Congreso es un organismo altamente igualitario”, señaló Jutta Marx. Las legisladoras se quejan de que las excluyen de ciertas reuniones en las cuales se toman decisiones relevantes, que las interrumpen más que a sus pares masculinos en los debates o que existe un doble estándar que les exige trabajar más y mejor que ellos para ser reconocidas como iguales. El debate sigue abierto.
