La provincia de Buenos Aires ocupa otra vez el centro de un debate trascendente. El modo de cubrir la necesidad de un ajuste fiscal que vuelva competitiva la economía si se logra reducir el gasto estatal que pesa en los costos productivos. Cambiemos enfrenta el desafío de cumplir esa meta sin que se dispare una crisis. Es donde cobra relevancia el papel del peronismo desde la oposición, en medio de un proceso económico acicateado por la corrida cambiaria.
María Eugenia Vidal exigirá a los intendentes compromiso con esa responsabilidad para recuperar la confianza de los mercados en el gradualismo de Mauricio Macri. Es lo que facilitó en los dos primeros años de gestión el acceso a fondos internacionales vetados en la era K a Mendoza, Córdoba, Salta, Entre Ríos y a los que iba a apelar Chaco antes del cambio de escenario. En Tucumán es una opción abierta: quizás una razón inexplorada al silencio de varios gobernadores de esas provincias reunidos con Macri el jueves 10.
Pero la gobernadora tiene obstáculos más complicados que el anacronismo en la semántica antiimperialista del PJ por el acuerdo con el FMI y el entusiasmo con la caída de la imagen presidencial que los libera, al menos de forma transitoria, de una amenaza electoral a sus reelecciones el año que viene. Es la primera tensión importante con quienes eligió de aliados en la Legislatura bonaerense para desplazar de ese lugar a Sergio Massa.
Ello obliga a postergar avances en acuerdos, como los que se negociaban para ocupar cargos en organismos de control. Y a experimentar con una táctica que combine dureza y persuasión desplegada por Manuel Mosca y Joaquín de la Torre. El titular de la Cámara de Diputados y el ministro de Gobierno fueron oradores principales del retiro espiritual al que fueron convocados los diputados de Cambiemos en Mar del Plata este fin de semana.
La discusión en esa Cámara promete ser ardua con la eliminación de tasas municipales en los servicios de luz y de agua, ya con media sanción del Senado bonaerense. Cambiemos precisa dos votos en Diputados para aprobarla. No parece una tarea fácil. Massa reunió ayer a sus legisladores en General Las Heras para anunciarles una candidatura presidencial con doble propósito: contener la fuga de dirigentes y fortalecer a Miguel Pichetto en el peronismo autorrotulado racional. Pichetto ya adelantó que el bloque del PJ en el Senado de la Nación convertirá en ley retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado, como votó en Diputados el kirchnerismo, el peronismo ligado a los gobernadores y el Frente Renovador. Urgido de dar muestras de coherencia, es difícil que Massa acompañe a Vidal en la Provincia. Lo mismo que los dos bloques desprendidos de Unidad Ciudadana, Convicción peronista y Peronismo K, quienes aseguran que no irán contra la voluntad de los intendentes.
Pelea. Pero la disputa por aumentar la rebaja de 10% y 3% dispuesta por Vidal en esas tarifas y estirarla al 15% y 6%, con el argumento de que las boletas promedio de luz pasarían de mil a 850 pesos, encubre la primera pulseada para poner en caja el gasto municipal. A fin del año pasado la Legislatura sancionó la Ley de Responsabilidad Fiscal. A casi seis meses de la aprobación, un tercio de los 135 distritos no suscribió el convenio de adhesión a esa norma. Entre ellos, los más grandes: La Matanza y Lomas de Zamora.
Además de limitar el ingreso de personal, la ley prohíbe gastar los recursos que el municipio logre acumular como superávit. Ese control es un punto de fricción entre los intendentes y la administración provincial, que sostiene haber mejorado un 30% con relación a 2017 los envíos por coparticipación y 3.200 millones extras girados por la compensación proporcional recibida por el Fondo del Conurbano este año.
Verónica Magario y Martín Insaurralde pensaron en teatralizar esa rebelión anteayer en Lomas de Zamora, en un acto con Máximo Kirchner. Pero por la atmósfera imperante lo suspendieron de manera imprevista. O es lo que se desprende del motivo anunciado para hacerlo: la lluvia, pese a que el viernes no hubo precipitaciones. La excusa no basta para diluir la resistencia al cambio expresada casi como una filosofía por el peronismo, con independencia de espacios y corrientes donde se ubiquen quienes la difunden.
Antes de que Diputados aprobase el proyecto en contra del reajuste de tarifas, Emilio Monzó recibió a Francisco “Paco” Durañona. Con los de Avellaneda y Suipacha, el de San Antonio de Areco conforma el núcleo duro de intendentes refractarios a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Cierta ingenuidad atribuida por el peronismo a Cambiemos, pero más precisamente al PRO, podría estar detrás de algunos de estos movimientos.
Monzó sigue participando en las reuniones de gabinete en su condición de presidente de la Cámara de Diputados. E interpretaría la indefinición sobre su reemplazo en diciembre como un fortalecimiento a su posición en rebeldía. La semana pasada intentó obtener garantías para la reelección de sus diputados en la provincia de Buenos Aires. La crisis con Monzó coincidió con el último anuncio de reajuste tarifario: Insaurralde es uno de los peronistas a los que intentó sumar al gobierno de Cambiemos.
Quizás la euforia por una aparente vulnerabilidad en la que no habían reparado, y reforzada por los recientes sondeos que confirman a Vidal perjudicada por la caída de Macri, les haya hecho omitir un detalle importante. Para la consultora Management & Fit, de Mariel Fornoni, los que respaldan la eliminación de tasas municipales de las tarifas (54%) duplican a quienes la rechazan (27%).
En la faz persuasiva detrás de un entendimiento en la Legislatura, funcionarios de Vidal solicitaron a los intendentes carpetas con propuestas para cubrir el supuesto perjuicio de la pérdida de recursos por la eliminación de tasas. Hasta ahora todas fueron descartadas por inviables. Es probable que el peronismo precise algo más que el infortunio de Cambiemos para ser reconocido como una alternativa electoral.
