Hay una ola de creciente preocupación por el tema de la corrupción en la opinión pública. En nuestro país, eso tiende a coincidir con los períodos de “fin de ciclo” y desgaste de los gobiernos en ejercicio.
Las sociedades aparentemente más afectadas por problemas de corrupción suelen aceptar, o promover, respuestas “extrainstitucionales”: transferir el problema a la sociedad civil, habilitar al Poder Judicial con facultades excepcionales, en el límite de dar intervención a factores de poder ajenos a las instituciones democráticas –como los militares–, o aceptar a grupos mesiánicos que se arrogan virtudes superiores. Hace más de dos décadas, apareció en la Justicia de Italia el movimiento mani pulite, que algunos ven como una fuente de inspiración para la Argentina de hoy; también España, en aquellos años, pasó por una instancia algo comparable. En otros países, a veces la reacción es más drástica. Difícilmente pueden extraerse balances positivos de esas experiencias, aunque por supuesto existen distintas opiniones al respecto. En Italia, por ejemplo, los mani pulite facilitaron el fenómeno conocido como “activismo judicial”, una excesiva intervención de los jueces en la esfera del Ejecutivo, que muchos veían como una interferencia politizada en la división de poderes.
La corrupción –la apropiación privada de recursos públicos– carcome la legitimidad de los gobernantes y la confianza en el sistema político y en las distintas organizaciones que lo alimentan, y afecta la salud fiscal de la nación. Es un problema difícil, complejo; no pocas veces muchos terminan concluyendo que es un mal “necesario”, o “inevitable”, y eso ayuda a pasarlo por alto, mientras otros piensan que es un problema crucial y se desesperan ante la impotencia que genera la pasividad de los políticos. Algunos pensamos que una raíz del problema reside en la sociedad misma.
Hace dos décadas, la organización Poder Ciudadano promovió un estudio de opinión pública sobre la corrupción. El estudio identificó distintas actitudes en la sociedad argentina: los fatalistas (“esto no tiene remedio”), los intrapunitivos (“todos somos corruptos en mayor o menor escala…”), los autoritarios (“a los corruptos hay que colgarlos en Plaza de Mayo”), los comprometidos (“si los ciudadanos no reaccionamos, no habrá solución”). El hecho es que la sociedad no genera suficientes consensos acerca del problema de la corrupción y no actúa consistentemente al respecto. Se habla mucho, no poca gente se indigna –particularmente cuando el gobierno de turno empieza a mostrarse débil–, pero cuando se vota raramente se piensa en eso. Mucha gente se queja no solamente de funcionarios y legisladores supuestamente corruptos sino también de la Justicia o partes de ella, pero no hace nada para generar un mandato efectivo a sus representantes. Basta mirar las encuestas de opinión para advertir que la sociedad no se desvive por la corrupción. El tema no está instalado en la agenda, sólo rebrota ocasionalmente como una catarsis que facilita el desahogo circunstancial.
Cuando las sociedades llegan al punto en que necesitan dotar de poderes especiales a órganos que no forman parte de sus instituciones establecidas, los remedios pueden ser peores que la enfermedad: politización, actitudes “jacobinas”, amenazas a las garantías jurídicas imprescindibles. Ese es el riego de promover en nuestro país una suerte de mani pulite o, como se oye decir estos días, una Conadep para la corrupción.
La corrupción debe ser combatida por la Justicia. Si la Justicia no funciona bien, si el Congreso no es capaz de actuar, si todo lo que sucede sucede y la sociedad no reacciona cuando puede hacerlo, es improbable que órganos ad hoc puedan conseguir lo que no se consigue por vías normales. Nadie tiene la receta para promover que eso suceda. Posiblemente se requiera ante todo un consenso de la dirigencia política, genuina y honestamente orientado a cambiar prácticas habituales. Enarbolarlo como bandera electoral casi con seguridad es enviarlo al rincón de las promesas no creíbles, donde se cocina la inoperancia que bien conocemos.
*Sociólogo.
