El General Director de Carabineros de Chile, Mario Rozas, admitió que si la fuerza de choque que preside comete “errores”, éstos se encuentran “en un rango bastante aceptable”, teniendo en cuenta los 14 millones de procedimientos al año y, sobre todo, la brutal represión a las protestas que se han dado en los últimas tres semanas en las principales ciudades chilenas.
Al menos veinte muertos, más de 10 mil detenciones (que incluyen 500 adolescentes), 1.500 heridos, sumados a denuncias de torturas y violencia sexual parecen extender el rango de lo aceptable mucho más allá de lo previsible.
Los videos en los que se ve a personas arrojadas desde furgones de carabineros a toda velocidad, de golpizas inmisericordes, el arresto de personas en vehículos particulares, en fin, formas de brutalidad que despertaron la alarma incluso de los organismos internacionales de derechos humanos han tenido una sola respuesta oficial: la convocatoria por parte del presidente de Chile al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para garantizar el orden público.
Mientras tanto, las municipalidades han propuesto una consulta popular para diciembre, con vistas a modificar la Constitución chilena, que no garantiza el acceso equitativo a la salud, ni a la educación, ni... al agua, cuya explotación está en manos privadas desde la sanción del Código de Aguas en 1981, y que no pudo ser modificado por ninguno de los once proyectos legislativos presentados en los últimos años, bloqueados por los lobistas de las mineras y los consorcios agropecuarios.
En lugares como Antofagasta, el 70% de los derechos del agua pertenecen (a perpetuidad) a la gran minería transnacional, lo que hace que quienes habitan en las cuencas hídricas de Chile no tengan control del uso ni mucho menos derechos de agua. No es un “exceso aceptable”. Perpetuidad significa: hasta que el agua se acabe.
Chile arde. No hay cómo apagar el fuego. Que se vayan todes.
