Jorge Videla necesitaba respaldo internacional para su plan de exterminio. Y envió a Washington a su canciller, César Guzzetti, para reunirse con Henry Kissinger, el maquiavélico cerebro geopolítico que Gerald Ford había heredado de Richard Nixon.
En cables desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano se registra la reunión que los diplomáticos mantuvieron el 7 de octubre de 1976. “Queremos que tengan éxito. Yo tengo una visión pasada de moda de que los amigos deben ser apoyados –apuntó Kissinger–. Lo que no se entiende en los Estados Unidos es que ustedes tienen una guerra civil. Leemos sobre problemas de derechos humanos pero no vemos el contexto. Cuánto antes triunfen, mejor”.
Eran años de recalentamiento de la Guerra Fría y la Argentina se sumaba a un maléfico club de dictaduras integrado por el chileno Augusto Pinochet, el boliviano Hugo Banzer, el brasileño Ernesto Geisel, el paraguayo Alfredo Stroessner y el uruguayo Juan María Bordaberry. Ellos serían los artífices del Plan Cóndor, un verdadero Mercosur de la muerte que Washington consideraba “un esfuerzo cooperativo de inteligencia y seguridad (…) para combatir el terrorismo y la subversión”.
Pero todo cambiaría con la llegada de Jimmy Carter a la Casa Blanca en 1977. El demócrata implementaría la agenda de derechos humanos como una herramienta de política exterior contra la Unión Soviética. Y la estrategia tendría impacto en Buenos Aires.
Patricia Derian, secretaria de Derechos Humanos de Carter, encarnó el giro. “En 1977 me reuní con Massera en la ESMA”, recordó Derian en 1985, cuando llegó a la Argentina para declarar en el Juicio a las Juntas. “Le dije: ‘Es posible que mientras nosotros estamos hablando, en el piso de abajo se esté torturando a alguien’. Entonces sucedió algo asombroso: me sonrió, hizo el gesto de lavarse las manos y me dijo: ‘Usted recuerda lo que pasó con Poncio Pilatos’”. Las víctimas de la dictadura agradecen la tarea de Derian.
También fue memorable el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó a Buenos Aires en septiembre de 1979. “En la Argentina se cometieron durante el período 1975-1979 numerosas y graves violaciones a los derechos humanos”, se lee en el impecable Informe que presentó la CIDH. Fue un golpe internacional que la OEA envió desde Washington. Videla respondió denunciando una “campaña antiargentina”.
La diplomacia de la dictadura usaba botas. Y balas. Todos los cancilleres de Videla fueron militares: al contralmirante Guzzetti lo reemplazó Oscar Montes –comandó un equipo de Tareas en la ESMA–, y luego llegó Carlos Pastor –acusado de violaciones a los derechos humanos–.
Mientra que sólo una diplomática de carrera sufrió el terrorismo de Estado: Elena Holmberg. Pero no era, precisamente, una defensora de los derechos humanos. La prima del dictador Alejandro Lanusse murió por una interna entre la Marina y el Ejército. En La mujer que sabía demasiado, Andrea Basconi advierte que Holmberg pudo haber sido víctima por la información que circulaba en París sobre los supuestos nexos de Massera con Montoneros.
Por la tarea que realizan, por estar en contacto con el mundo, por trabajar con extranjeros y en el extranjero, el cuerpo diplomático argentino tenía pleno conocimiento de lo que ocurría en aquellos años de represión. Pero, lamentablemente, no hubo críticas a las violaciones a los derechos humanos de los miembros de la Cancillería.
Es una pena. Videla podría haber encontrado otra condena si los diplomáticos argentinos de entonces hubieran tenido mayores convicciones democráticos y mejores valores humanos.
