Hace algunos años, un popular show de televisión nos preguntaba de qué lado estábamos. Ese mismo show actualmente nos cuestionaría enfáticamente en cuántas redes y cómo estamos conectados. Cuando pensamos en una estrategia digital para un país, la misma comienza con el grado de conexión que se posee sabiendo que las condiciones dinámicas del entorno virtual obligan a pensar estrategias adaptativas. La innovación genera oportunidades pero también desafíos y amenazas. Integrar el espacio virtual a los espacios tradicionales (tierra, mar, aire y espacio ultraterrestre) obliga a pensar la política en términos de “multidominio”.
En este sentido, Argentina se encuentra en la posición 89 sobre 139 países, según el “network readiness index” del World Economic Forum, ranking que mide el estado de un país en el mundo digital, componente central en la cuarta revolución industrial. Chile se ubica en el puesto 38, y antes que nuestro país se encuentran Uruguay, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, México, Ecuador y Jamaica. Para un país donde el sector digital ya representa el 2% del PBI, esta discusión es una cuestión central para su desarrollo, bienestar, seguridad –entendida de forma integral–, sobre todo porque hay un amplio espacio para mejorar y una oportunidad para concretar desarrollo mediante el uso del ciberespacio. La política digital es central para él interés nacional.
Existen tres clases de problemas en función del grado de conexión que poseemos. Si la infraestructura se encuentra altamente conectada y entrelazada (como sucede en Occidente), el problema se deriva del alto grado de conexión, obligando a actores privados y públicos a proteger cada vez más infraestructura, aunque priorizando cuál. El reciente incidente de Wannacry es un recordatorio reciente. Sólo en Inglaterra, en 2016, 4,5 millones de personas han quedado afectadas por algún tipo de crimen en el ciberespacio. Si, por el contrario, existiera una pobre capacidad de conexión, la estrategia debería pivotear en conectar mejor desarrollando la infraestructura necesaria que da acceso a las ventajas que el entorno virtual ofrece y los marcos que faciliten dichas inversiones.
Finalmente, existen aquellos que están mal conectados, dando lugar a actores de diversa índole a explotar el entorno virtual con fines criminales o atentando contra el interés nacional, promoviendo diversas acciones sobre las redes para explotar vulnerabilidades o influenciar de manera negativa sobre algún determinado evento. Teniendo en cuenta que cada vez más se hará responsable no solo al atacante sino también a los países desde los que se usó la infraestructura para llevar a cabo el ataque, Argentina presenta una combinación del segundo y el tercer problema.
Los países centrales se debaten entre estrategias que promueven mayores grados de conexión expandiendo el acceso, monitoreando aquello que sucede y enlazando actores, agendas e intereses basados en la apertura tanto social y gubernamental, como internacional, creando incentivo para sumarse a las mismas a partir de los costos de no estar o de quedar excluidos. Otra parte señala la necesidad de preparar estrategias donde existan actores que puedan garantizar o denegar acceso a redes construyendo nuevas barreras –solo que, en este caso, digitales, algo así como “mis redes, mis reglas”–, creando incluso incompatibilidades en las redes en las cuales uno se conecta en el mundo digital internacional.
Frente a un mundo hiperconectado, la pregunta neurálgica para quienes formulan políticas digitales en el país es qué se necesita para desarrollar estructuras públicas y privadas resilientes, cómo se van a proteger los intereses de nuestro país y de sus actores más dinámicos en el ciberespacio y qué vamos a hacer para mejorar nuestras capacidades de cara a la revolución digital que está llevándose a cabo. Esta no es una pregunta de futuro, más bien es una pregunta a ser respondida a partir de la conformación del próximo Congreso.
*Director de la Licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Fundación UADE.
