La Argentina es el país de los bandazos, característica que nos ha costado mucho en términos de crecimiento y equidad en las últimas décadas. Pasamos de ser los más privatizadores a los más estatizadores, de aperturistas a proteccionistas, y así con todas las políticas, desde las económicas a las relaciones internacionales, las de seguridad y otras. Sin reglas de juego estables, la inversión es baja y el crecimiento se resiente. Para solucionar esta deficiencia no es suficiente con acordar “políticas de Estado” concretas, como si mantener o no la asignación universal por hijo, porque no hay nada que garantice su cumplimiento a través del tiempo y de los gobiernos de distinto signo. El problema radica en los incentivos que el sistema político genera y las restricciones que pone sobre los gobernantes que toman esas decisiones. En Los beneficios de la libertad (El Ateneo, 2016), proponemos un conjunto de reformas para hacer que el sistema institucional produzca un conjunto de políticas eficientes y predecibles. El sistema político-institucional actual está totalmente roto. Esta ruptura abarca múltiples facetas, pero podemos destacar cinco: Los partidos están fragmentados y territorializados. No son más que asociaciones temporales de caciques territoriales. Esta fractura afectó más al no peronismo luego de 2001, pero también afecta al PJ, como bien puede verse en el Congreso estos días. ¿Qué políticas de largo plazo pueden acordarse si el sistema no genera ni siquiera incentivos a los políticos para mantenerse dentro de partidos o alianzas a lo largo del tiempo? El contraste con Chile desde 1990, con dos coaliciones sólidas y estables, es notorio. La cancha electoral está completamente inclinada. Quien maneja el gobierno municipal, provincial o nacional es el dueño de un botín clientelar con el que no cuenta la oposición. El vetusto sistema de votación agrava esta característica. El sistema esta sesgado en favor de las provincias chicas y más rezagadas, en las cuales el PJ es electoralmente más fuerte. Es decir, el sistema está sesgado en favor del PJ, que ha retenido la mayoría de las gobernaciones y la mayoría en el Congreso desde el retorno de la democracia. Los diputados y senadores responden políticamente al gobernador y no a la población, debido al sistema electoral de lista cerrada a nivel provincial. Frecuentemente leemos que el gobernador ordenó a los legisladores de su provincia votar esto o aquello. Las provincias dependen financieramente del gobierno nacional, el cual ganó muchos grados de discreción desde 2001 con el aumento de recursos no coparticipados. Este conjunto de factores hace que, cuando gobierna el peronismo y éste tiene recursos, el Congreso se convierta en una escribanía. Los mismos legisladores que votan privatizar una empresa luego votan estatizarla, simplemente porque lo pide su gobernador, apurado por dinero de la Nación. El Congreso no funciona como una fuente de control del Poder Ejecutivo. No es casualidad que hayamos visto al Congreso votar cosas tan disparatadas como aprobar directores del Banco Central sin título universitario en años recientes. Los mecanismos de control pierden todo sentido en este contexto, ya que jueces y fiscales tienen incertidumbre sobre su continuidad si deciden investigar al poder. No es casualidad entonces que hayamos visto niveles de corrupción desopilantes en años recientes. Cuando no gobierna el peronismo, en cambio, las cosas se complican. Sin mayorías parlamentarias, y generalmente con menos recursos (ya que habitualmente tienen que ajustar ante el descalabro dejado por el gobierno anterior), la política se vuelve una carrera de obstáculos. El espectáculo de estos días para aprobar las leyes para pagar a los holdouts es fiel testigo de estos problemas. Con el PJ en el poder, la aprobación hubiese sido mucho más rápida y menos costosa. El problema que enfrentamos ahora es cómo convencer de que las nuevas reglas del juego serán estables en el tiempo. El nuevo gobierno parece querer implementar sustanciales mejoras regulatorias y de funcionamiento del Estado. ¿Cómo pueden saber los inversores, sin embargo, que estas reglas sobrevivirán el cambio de gobierno? El actual sistema político-institucional no provee ninguna garantía. Un conjunto coordinado de reformas al sistema político-institucional, de funcionamiento del Estado y de coparticipación federal permitiría establecer reglas del juego más estables y eficientes. Necesitamos crear partidos nacionales estables, una cancha electoral pareja, un Estado moderno, eficiente y transparente, y relaciones fiscales federales más balanceadas. Estas reformas tienen que surgir de acuerdos interpartidarios, al estilo del Pacto de la Moncloa en España, para que sean perdurables en el tiempo. Pensamos que la Argentina se encuentra en una encrucijada especial para poder emprender este tipo de reformas consensuadas: por primera vez líderes socializados políticamente en democracia, con voluntad de diálogo, están al frente tanto del gobierno como de la oposición. De ellos, y de nosotros, depende que el país pueda dar el grito sagrado de la Constitución, y permitir a todos los argentinos y a todos los habitantes del mundo que quieran habitar nuestro suelo disfrutar de los beneficios de la libertad.
*Economista. **Analista político. Autores de Los beneficios de la libertad, editorial El Ateneo.
