El Gobierno hace de la transparencia una bandera de calidad institucional. Sin embargo, cada vez que promueve esta bandera, restringe la cantidad y calidad de información puesta al servicio de la sociedad civil y los organismos de control que se nutren de aquélla, especialmente en el marco de complejas investigaciones sobre delitos económicos y criminalidad organizada. Esta estrategia se despliega creando vacíos legales que permiten opacar la información sobre empresas, grandes contribuyentes, beneficiarios finales, presuntos lavadores y evasores, y también fideicomisos.
Por estos días, el Congreso Nacional discute un proyecto de exteriorización de bienes, presentado como un blanqueo detrás de la próxima entrada en vigencia del Estándar para el Intercambio Automático de Información Financiera en Materia Impositiva. El blanqueo ofrece dudas, serias dudas: sin exigir su repatriación, permite exteriorizar el stock de activos, pero a la vez, crea un nuevo blindaje a la evasión del flujo de activos generados a futuro. Tal vez, éste podría ser el secreto de la derogación del impuesto a los bienes personales, sobre todo en un contexto normativo de plena libertad para el ingreso y salida de capitales del país.
Uno de los vehículos preferidos para el blanqueo de capitales en todo el mundo es el uso de fideicomisos. Un fideicomiso facilita que una persona (fiduciante) transmita bienes a otra (fiduciario) que ejerce la propiedad de los bienes transmitidos en beneficio del primero o de un tercero, quien recibirá los bienes al finalizar el contrato. Este instrumento jurídico siempre se prestó a abusos porque facilita ocultar al beneficiario final de los bienes. Sirvió, sirve y servirá siempre para lavar. Por eso, una buena política de pública de transparencia busca generar luminosidad sobre los fiduciarios y los beneficiarios finales.
En agosto del año pasado, la IGJ creó el Registro de Contratos de Fideicomisos en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Res. Gral. Nº 7/15. Sin embargo a sólo 5 meses de entrada en vigencia, mediante la Res. Gral. Nº 6/16, se limitó la registración únicamente a aquellos que tengan por objeto acciones en sociedades inscriptas en ese organismo. Pero además, se derogó el registro de fiduciarios y se eliminó la obligatoriedad de presentar documentación respaldatoria en casos específicos. También se excluyó a los fideicomisos del Régimen Contable y se eliminó la obligación de presentar una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos.
Dicho de otro modo, la desregulación vació de contenido la norma que permite ocultar registros contables, activos, datos de los fiduciarios y de los beneficiarios del contrato. Sin duda, contribuye menos a la transparencia y más a la creatividad contable, tan útil al fraude societario y el lavado de dinero.
Son conocidas en nuestro país las grandes estafas inmobiliarias cometidas a través de fideicomisos, en las que personas que con la ilusión de tener su casa propia perdieron todos sus ahorros. En estos casos, el daño social sólo puede ser reparado con una política eficaz de investigación, que siempre requiere información adecuada y en tiempo oportuno.
Entonces, cabe preguntarse una serie de cuestiones sobre el diseño de políticas. ¿Cuál es la verdadera finalidad de esta limitación de la información, sobre todo cuando se está debatiendo un proyecto de ley en el Congreso sobre este tema y que ha tenido el apoyo de todos los sectores políticos? ¿De qué manera la IGJ ejercerá su rol de sujeto obligado a informar ante la UIF en la supervisión de los fiduciarios de contratos de fideicomisos? ¿Cómo se desarrollarán políticas de prevención en materia de seguridad frente a por ejemplo el financiamiento del narcotráfico mediante esta figura? ¿Cómo se va a garantizar la efectividad de las estrategias de investigación de delitos económicos y criminalidad organizada, frente a regulaciones que generan vacíos informativos?
*Ex vice superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. (SEF y C/BCRA).
*Investigadora del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).
