La ley sancionada por el peronismo federal en el Senado encierra una pretensión más profunda que haber forzado el veto de Mauricio Macri a la continuidad en los subsidios a la luz, el agua y el gas para la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Desnuda la intención de restañar mediante ese privilegio la dañada popularidad de Sergio Massa y de, eventualmente, Florencio Randazzo con esos electorados. En ese orden, son los elegidos para establecer cabecera en un territorio bajo el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner con el respaldo de los intendentes del Conurbano.
Es lo que persuade a los alcaldes de revisar la dura posición para eludir la eliminación de las tasas municipales percibidas a través de esos servicios. Cambiemos podría aprobarla prescindiendo de los votos de su bloque en la sesión convocada para el 7 de junio en la Cámara de Diputados bonaerense. Antecedente que pondría en riesgo el acuerdo parlamentario con María Eugenia Vidal para garantizarle gobernabilidad desde la Legislatura. Y también el acceso de los intendentes a las sillas reservadas a la oposición en organismos de control.
De ayer a hoy. Tras las elecciones de 2017, Cambiemos dio por finalizada la sociedad con el Frente Renovador e inició otra más compleja: con los intendentes del PJ en la Legislatura y los gobernadores en el Congreso por medio de Miguel Angel Pichetto, promotor de Massa y de Randazzo como delegados del peronismo federal en la Provincia. Las turbulencias económicas obligaron a Cambiemos a aceptar la imposibilidad de controlar todas las variables.
A ese error de cálculo inicial se atribuye la inquietud de sus principales dirigentes, expresada en el discurso grabado por Macri y difundido horas antes de la sesión. Casi en simultáneo con la visita efectuada por Martín Redrado al despacho de José Alperovich, autor de un fallido memorable que opacó el discurso posterior de Pichetto. El jefe de los senadores del PJ criticó la mala praxis del Banco Central en la crisis: en especial, por no haber recurrido al consejo de su ex presidente.
Es paradójico que el estado de ánimo oficialista repercuta en la exaltada sensibilidad de los intendentes peronistas y en la relación pendular de ellos con Cristina. Pasaron de la depresión de una derrota segura en 2019 a la euforia con los traspiés de Cambiemos. Los perciben como una reivindicación de la política económica de la ex presidenta en el último tramo de su mandato. Una aparente vocación de regresión al consumo desenfrenado, con el simple trámite de ingresar a un supuesto túnel del tiempo.
Por eso la reaparición de Massa les provoca ansiedad. El peronismo federal descree de que un intendente garantice una victoria en la provincia de Buenos Aires. Impulsan para eso a Massa o Randazzo. Eso complica los planes del peronismo bonaerense y la alianza con Cristina. Los dos apuestan por Verónica Magario. Aunque sin otra convicción que la necesidad hecha virtud: más que sus cualidades, importa garantizar un resultado abultado en el distrito bonaerense con mayor número de electores.
Certezas. Con esa certeza, Martín Insaurralde se propuso convencer a Massa de participar en una PASO con el kirchnerismo para definir la candidatura presidencial y la eventual abstención de Cristina como atractivo. La misma oferta le efectuó a José Manuel de la Sota. El peronismo de Córdoba es conducido por el gobernador Juan Schiaretti. La esposa de De la Sota y diputada nacional Adriana Nazario no es parte de la bancada de esa provincia en el interbloque del peronismo federal. Integra la del Frente Renovador. Aunque es una formalidad. No responde a Graciela Camaño, jefa parlamentaria de Massa.
Tampoco lo hacen Felipe Solá ni Facundo Moyano, al frente de una rebelión para abandonar ese bloque. Una decisión atada a la situación interna del PJ bonaerense conducido por Gustavo Menéndez, otro que recuperó el hábito del diálogo con Massa. El intendente de Merlo respalda la candidatura presidencial de Solá. Insaurralde no se pronunció.
El 24 de mayo, Massa invitó a Magario y a Fernando Espinoza a recorrer el Centro Operativo de Seguridad en Tigre. Los recibió con Camaño para dialogar sobre una eventual fórmula a gobernador compartida. No hubo acuerdo sobre los términos. Massa reclamó el primer lugar por su caudal de votos. Como es frecuente entre los intendentes, Magario le recordó el tercer puesto y el 10% de los votos obtenidos por el Frente Renovador.
De repetirse el resultado de 2017, Massa retendría los dos senadores provinciales por la tercera sección electoral, cuyos mandatos vencen este año. El peronismo lograría tres, y el oficialismo, cuatro. Es la región donde predomina Cristina y a la que le cuesta acceder a Cambiemos. Tal vez de eso haya conversado el 28 de mayo con Vidal y Horacio Rodríguez Larreta en el almuerzo compartido en San Telmo. ¿Habrá solicitado Massa a la gobernadora el retorno progresivo al antiguo orden político de 2015?
Si Vidal envía al Senado, con amplia mayoría propia, el pliego para designar a Juan José Amondarain como director del Banco Provincia, habrá algún indicio en ese sentido. Además del ingenio para mantenerse en vigencia del ex legislador de Massa, supondría una complicación a los planes de expansión de liderazgos en el PJ bonaerense. Menéndez e Insaurralde negociaban para Franco Laporta y Patricio García las dos butacas correspondientes a la oposición en el directorio de esa entidad.
No sería la única. Con la renuncia de Gustavo Fernández el 31 de mayo, el Tribunal de Cuentas quedó sin quórum para expedirse a través de fallos. Es la tercera vacante que se abre luego del fallecimiento en 2016 de Cecilia Fernández y la jubilación de Héctor Giecco en 2017. A Cambiemos le bastaría cubrir una para hacer funcionar el organismo que revisa y aprueba la ejecución de gastos en los 135 municipios. Podría ser una alternativa si el oficialismo no logra la confianza de un socio responsable. Parece difícil si el peronismo confirma el cierre de su etapa gradualista.
