El desenlace de las elecciones presidenciales en Estados Unidos no fue la única noticia sorpresiva el pasado 8 de noviembre. A la victoria electoral del magnate republicano, se sumó el apoyo a la legalización del consumo recreativo y medicinal de la marihuana. En nueve de los diez estados en donde se pusieron a consideración estas iniciativas, los resultados fueron positivos, revirtiendo de esta manera la tendencia prohibicionista que caracterizó la política norteamericana contra las drogas desde la sanción de la Harrison Act en 1914.
California, Massachusetts, Nevada y Maine dieron el paso más grande al legalizar el uso de marihuana con fines recreativos. Al igual que en otros cuatro estados (Colorado, Alaska, Oregon, Washington) y el Distrito de Columbia, en donde la normativa ya se encontraba vigente, el consumo recreacional de esta droga no estará prohibido para los mayores de edad. Con el único resultado adverso en Arizona, el uso de marihuana con fines recreativos alcanza a ocho de los cincuenta estados más el Distrito de Columbia. Es decir, cerca del 20% de la población norteamericana vivirá próximamente en un estado en donde el consumo de la hierba será legal.
Del mismo modo, Florida, Arkansas, Montana y Dakota del Norte aprobaron iniciativas similares en lo que respecta al uso de marihuana con fines medicinales. A diferencia de los primeros referéndums, en donde la iniciativa fue rechazada en el estado de Arizona, el apoyo al consumo terapéutico de marihuana fue contundente. Hoy son 28 los estados de la unión en donde esta modalidad es o será legal en el transcurso de los próximos meses. Otros estados, mientras tanto, han avanzado a favor de la despenalización de la tenencia de pequeñas cantidades de esta sustancia.
Lo cierto es que las iniciativas estaduales reflejan el clima de la opinión pública norteamericana, en donde cerca del 60% de la población considera que la marihuana debería legalizarse. El apoyo trasciende incluso la lógica partidaria, ya que la legalización se fortaleció en medio de la ola republicana que llevó a Donald Trump a ganar la presidencia de Estados Unidos.
A pesar de los resultados favorables en los últimos comicios, las posibilidades de que Estados Unidos avance en un régimen federal más flexible contra las drogas son todavía inciertas. Si bien el propio Barack Obama reconoció que con los referéndums el actual enfoque federal contra las drogas se torna “insostenible” la posición del nuevo presidente norteamericano parece ser mucho más ortodoxa. Donald Trump no sólo ha resaltado los efectos negativos de la legalización, sino que también dejó en claro que la política contra las drogas es “responsabilidad de cada estado”. La postura del magnate republicano podría agudizarse aún más si se confirma la llegada a su gabinete de figuras como la de Rudy Giuliani y Chris Christie.
Independientemente de si los resultados en las últimas elecciones alientan o no a las autoridades nacionales a repensar la política prohibicionista a nivel federal, los efectos internacionales de los referéndums en Estados Unidos no serán para nada desdeñables. Los fuertes cuestionamientos al paradigma punitivo impulsado por Washington en América Latina pueden adquirir aún mayor impulso en presencia de las actuales disfunciones internas del régimen antinarcóticos norteamericano. Pero más importante aún, la intención del presidente electo en reducir los compromisos externos de su país puede favorecer la autonomía de América Latina para desarrollar su política contra las drogas. En otras palabras, y más allá de las posibles tensiones que el perfil presidencial de Donald Trump pueda ocasionar en la región, el escenario en materia de drogas es promisorio: los líderes latinoamericanos quizá se encuentren en una posición inmejorable para terminar con casi cincuenta años de la fallida “guerra contra las drogas”.
*Doctor en RRII, Universidad de Miami, y docente de la Universidad Nacional de La Rioja.
