“Esta vez le tocó a ese muchacho con más noche que Economía. Lo suyo fue penoso”, expresaba en la tarde del viernes un hombre de la Justicia que conoce al dedillo lo que pasa allí adentro. La alusión era, obviamente, al ministro de Economía, Amado Boudou, quien en la insólita conferencia de prensa que dio el jueves por la tarde, salió a despotricar contra los fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que hicieron cesar la intervención judicial a Papel Prensa. Curiosa paradoja la de la realidad política argentina, ya que la postura descalificatoria por parte del matrimonio presidencial hacia un fallo que fue adoptado por unanimidad por una Cámara de Apelaciones, lo acercó notablemente al macrismo. En efecto, hay que recordar que el jefe de Gobierno porteño adoptó igual postura cuando se enteró del fallo confirmatorio de su procesamiento, dictado por unanimidad por los miembros de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, en el caso de las escuchas ilegales.
En la Justicia, las expresiones de Boudou cayeron decididamente mal. Predomina en la mayoría de los jueces un sentimiento de hartazgo hacia el matrimonio presidencial, que muestra un comportamiento bipolar según el cual sólo son buenos los jueces que fallan a favor del Gobierno. Esta es una actitud clara y peligrosamente contraria a la división de poderes que consagra la Constitución Nacional.
Esta conducta de los Kirchner no es nueva. El archivo nos lleva a recordar el caso del fiscal de Santa Cruz, Eduardo Sosa, que fue cesado en sus funciones de procurador general de la provincia, como consecuencia de las investigaciones que hizo en relación con los manejos de fondos realizados por el entonces gobernador Néstor Kirchner. Aquí hay que señalar, además, un acto de desobediencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó la restitución del Dr. Sosa, la que, hasta el día de hoy, sigue sin haberse hecho efectiva.
Los Kirchner operan sobre la Justicia con una gama diversa de métodos. A los jueces que tienen causas que son de interés del Gobierno se los tiene en constante evaluación. ¿Qué significa eso? Significa que se hace una tarea de inteligencia para ver cuáles son las causas más conflictivas que están manejando, buscan la existencia de quejas sobre el funcionamiento sobre sus juzgados y, con base en ello, amenazan a los magistrados con usar esa información para promover los correspondientes procesos de enjuiciamiento en su contra. Esto, que es un apriete, viene actuando como elemento de presión sobre el accionar de muchos jueces que se muestran temerosos de producir sentencias o abrir investigaciones que perturben al matrimonio presidencial. Si no hay plafond para un accionar como el descripto, se recurre a la descalificación pública del juez, ya sea en su persona o en la persona de algún familiar. Recuérdese, a modo de ejemplo, el caso de la jueza María José Sarmiento, cuando objetó el decreto de necesidad y urgencia que disponía el uso de reservas del Banco Central para cancelar pagos de la deuda externa, o el de la jueza Claudia Rodríguez Vidal, que fue vilipendiada por la Presidenta por haber producido un fallo en el mismo sentido que su colega antes citada.
Lo de Boudou produjo vergüenza ajena a muchos funcionarios del Gobierno. “No pueden exponerlo así. Se veía a la legua que no dominaba el tema. Con esto, no hacemos otra cosa que malquistar a los jueces contra nosotros”, reconocía alguien del oficialismo con gesto de fastidio.
En medio de este panorama, que le demanda al Gobierno tanta energía, aparecen los temas que afectan el día a día de la gente. En estos tiempos, el asunto que figura a la cabeza de las preocupaciones sociales es la de la inseguridad. Por eso es que el tecnicismo por el que el miércoles pasado el oficialismo no dio quórum a la sesión de la Cámara de Diputados, en la que se iba a tratar el proyecto de ley destinado a intentar evitar las salideras bancarias, constituyó un despropósito. “Si así es como queremos congraciarnos con aquella parte de la clase media que no vota por nosotros, vamos mal”, expresaba por lo bajo un legislador oficialista que no estuvo de acuerdo con la decisión de su bloque.
La indignación que esto produjo fue resumida por las declaraciones del marido de Carolina Píparo, Ignacio. Fueron expresiones de dolor que terminaron complicando a Daniel Scioli. “Tengo las manos atadas”, fue la expresión que utilizó el gobernador de la provincia de Buenos Aires para tratar de justificarse ante los familiares de la mujer cuyo caso conmueve a la opinión pública, especialmente, por la consecuencia fatal que significó la muerte de su hijo Isidro. Scioli y alguno de sus colaboradores han tratado de desmentir esto. Lo hicieron sin éxito, ya que además del hermano y del esposo de Carolina, otras personas –algunas de ellas, funcionarios– que rodeaban al mandatario provincial lo escucharon decir lo que ahora se quiere negar. Por lo tanto, cabe la pregunta: ¿Qué o quién le ata las manos al gobernador?
Hay un trasfondo complejo en el quehacer y el auge de la delincuencia, no sólo en la provincia de Buenos Aires, que no termina ni de entenderse ni atacarse. Los que conocen La Plata hablan de una disputa feroz entre comisarios de mucho peso político y territorial. Esta es una de las patas del problema. No es una pata menor. “Son negocios”, afirma un legislador que sabe lo que pasa allí. Y el día a día no hace más que confirmar esas sospechas.
Más allá de estas polémicas, hay una realidad cruel: el nivel de prevención del delito es bajo. Es aquí donde más se nota la falta de una política de Estado consensuada por los distintos sectores políticos. Las consecuencias de esto son graves y, en muchos casos, irreversibles. El castigo a quienes la asaltaron no le devolverá a Carolina Píparo la vida de su hijo.
“Hay sucursales bancarias que parecen almacenes”, dijo el juez de garantías de La Plata, César Melazzo. ¿Nadie lo advirtió? ¿Se debió llegar a este caso, con sus secuelas de muerte, para forzar mejoras en los sistemas de seguridad de los bancos?
Ahora, la población va tomando conocimiento de muchos otros casos de salideras bancarias en los que hubo un denominador común: los delincuentes contaban con información precisa sobre las sumas de dinero retiradas por las víctimas. ¿Ninguna autoridad advirtió esto antes?
Muchas de estas preguntas y cuestionamientos ya estuvieron en el debate político a partir del asesinato Axel Blumberg. En aquellos años, se prometieron numerosas medidas –algunas muy cuestionables– a fin de combatir el delito. Muchas de ellas son las mismas o parecidas a las que se prometen hoy en día. En aquellos momentos, también se machacó sobre que el tema de la seguridad debería ser tomado como política de Estado. El tiempo trascurrió y casi nada pasó. ¿Ocurrirá lo mismo ahora?
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
