01 oct 2020
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sábado 12 septiembre, 2020

Gigante con pies de barro

Foto: Cedoc

Federación o muerte! El grito de guerra de los caudillos federales pugnaba siempre porque el “puerto de Buenos Aires” compartiera su privilegio de ser el lugar de ingreso de las importaciones y exportaciones con el resto del país. Pero, sobre todo, lo que interesaba era que no acaparara los ingresos fiscales de su aduana, por entonces la única fuente estable de ingresos.

Recién se zanjó con intención definitiva, con federalización de la Ciudad de Buenos Aires en 1880 y el consiguiente nacimiento de una nueva provincia que excluía la antigua capital. Desde entonces, la ciudad capital quedó en un segundo plano político, siempre oficiando de vidriera de lo que se podía hacer en el resto del país, atrayendo por su riquísima vida cultural, la puerta al mundo con su sello cosmopolita y la creciente actividad industrial manufacturera y de servicios.  Para el censo de 1947, la Ciudad tenía casi la misma población que en la actualidad: 2,9 millones de habitantes, pero la Provincia la pasaba sólo en un 60%. De allí en más, la presión demográfica y las migraciones internas fueron acumulando personas alrededor de la Capital en los cordones del conurbano. En el censo de 2010, el último disponible, la relación entre ambos distritos ya era 5 a 1, cuestión que la reforma constitucional de 1994 cristalizó el acuerdo entre el peronismo gobernante, versión menemismo 1.0 y el radicalismo en tres puntos que modificaron la estructura política argentina y generó un pasivo económico que ahora explota bajo distintos formatos.

El primer acuerdo, el único que interesaba al menemismo todopoderoso era la posibilidad de reelección presidencial y el acortamiento del período a cuatro años. La contrapartida era el cambio de la elección indirecta por votación universal. El radicalismo obtuvo dos concesiones: la figura de un tercer senador por la minoría y la erección de la Ciudad de Buenos Aires como una provincia con todos sus atributos. Pero en el tintero quedó algo que se escribió rápido y fácil y aún hoy está en flagrante deuda: una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que suplantara la Ley Nº 23.548, de 1988 que establecía criterios para la redistribución de impuestos entre el Estado Nacional, las provincias y también la Capital Federal. Dicha norma tuvo ganadores y perdedores. De un lado, el Tesoro Nacional se aseguraba ingresos y disponía de fondos para asistir “extraordinariamente” a los distritos que lo solicitaran. Las provincias más ricas quedaron un escalón abajo en la correspondencia: ingresos tributarios generados vs. coparticipación recibida, las más chicas (no necesariamente las más pobres, como Santa Cruz o Tierra del Fuego) ganaron terreno y el gran paganini de esa fiesta fue la Provincia de Buenos Aires, que obsequió casi siete puntos de los más de 26 que recibía y que aun así estaba muy por debajo de lo que generaba.

Entre sirenas de patrulleros rebeldes y próximos reclamos de docentes sin paritaria o estatales provinciales conviene recordar esta rémora del sistema institucional argentino que ya tuvo, desde la restauración democrática de 1983 tres incumplimientos. El primero con el incumplimiento de lo dispuesto en 1988 (para 1990 debía entrar en vigor una nueva ley con los porcentajes acordados). El segundo por el vencimiento del plazo constitucional de 1996 para que entrara en vigencia una ley convenio (votada por el Congreso con mayoría especial y refrendada por todas las legislaturas provinciales). La tercera con la regularización de la Ciudad de Buenos Aires como un distrito autónomo con ingresos y facultades propias. Solamente con recordar que parte de su justicia y el recorrido de los colectivos siguen siendo resortes nacionales, visibilizamos un nuevo aplazo en institucionalidad y realismo.

La demora en dar en atender el precepto constitucional de una nueva norma de coparticipación no sólo es un fracaso político global, sino que también incide en dos aspectos económicos relevantes: congela en el tiempo lasa ecuaciones demográficas y sociales justamente de uno de los distritos que más cambió, sino que envía permanentemente señales contradictorias a los que deben cobrar impuestos y gastar. Ese factor y no los helechos de la opulenta Ciudad de Buenos Aires son los que deciden si la principal provincia argentina es un distrito inviable y políticamente vasallo de las necesidades de la Casa Rosada o puede administrarse con su abundancia de recursos.


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