De manera bastante extraordinaria, el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó el martes una decisión que dispuso la distribución de cuotas entre los países miembros para recibir a un total de 120 mil personas llegadas a la UE en busca de asilo. Lo extraordinario de la decisión no fue la decisión misma sino cómo se llegó a ella: en efecto, el Consejo de Ministros debió recurrir a una votación que dejó en minoría a cuatro países del este de Europa (Rumania, la República Checa, Eslovaquia y Hungría), a los que se sumó la abstención de Finlandia. Como según las reglas comunitarias esta cuestión es de aquellas que pueden decidirse por mayoría calificada, el voto positivo de los restantes 23 ministros fue suficiente para aprobarla.
El procedimiento fue extraordinario porque el Consejo rara vez vota y, menos aún, en temas tan sensibles como éste. Normalmente, las decisiones se toman por consenso y sin votar porque quienes están en minoría lo saben y negocian la mejor decisión posible para sus pretensiones a cambio de no llegar a una votación y quedar en minoría, lo que obviamente significaría que ninguna de sus preocupaciones o intereses fueran tomados en cuenta. El punto clave es que las decisiones que están sujetas a mayorías calificadas, cuando son aprobadas, son tan obligatorias para los países que perdieron la votación como para quienes la ganaron. Es evidente que esta vez el procedimiento rutinario de decisión no funcionó: los cuatro países recalcitrantes se resistieron hasta el final a admitir una cuota de refugiados en sus territorios y estuvieron dispuestos a perder una votación que igualmente los obliga a recibirlos.
El gran interrogante es cuál será el próximo paso de estos países. Al margen del tormento individual que podrá representar para aquellos refugiados que
eventualmente sean asignados a la cuota de alguno de los cuatro países recalcitrantes, es dudoso que éstos acaten la decisión de recibir refugiados. En ese caso estarían desconociendo un acto legal de implementación obligatoria, agudizando la crisis política interna en la Unión Europea. Además, podrían verse expuestos a sanciones de los órganos comunitarios.
El episodio de los refugiados vuelve a poner sobre el tapete la pregunta clave de si la Unión Europea no ha ido más allá de lo políticamente sostenible en su proceso de integración, tanto en lo que hace a su “profundidad” como a su “extensión” geográfica.
La crisis de Grecia ya había puesto de manifiesto las dificultades de administrar una moneda común en un contexto de fuerte heterogeneidad y en ausencia de una unión fiscal. El reciente triunfo del oficialismo en las elecciones de Grecia no ha despejado el panorama. Muy por el contrario: ha ratificado el apoyo electoral a un gobierno que sostiene sin dobleces que ha perdido una batalla en la negociación con las autoridades europeas, pero no la guerra.
Como si esto fuera poco, las elecciones en Cataluña prometen traer otro dolor de cabeza, no sólo para España sino también para la UE. Uno de los temas clave en la discusión sobre la secesión de Cataluña ha sido, precisamente, si ello implicaría una salida de la Unión Europea. Los tratados son claros: si Cataluña se vuelve un
Estado independiente, dejará de pertenecer a la UE y, si lo desea, deberá solicitar su admisión, lo que a su vez depende de la decisión de los Estados miembros. Será interesante no sólo ver cómo reaccionaría España frente a ese eventual pedido, sino también otros países como el Reino Unido, Bélgica, o incluso Francia, con regiones secesionistas en su interior.
Resulta paradójico que, en su intento por estabilizar Europa a través de la incorporación al proceso de integración iniciado en 1958 de países del sur y del este del continente, la UE hoy enfrente el riesgo de desestabilizar el proceso mismo.
*Universidad de San Andrés / Conicet.
