El “modelo” productivo construido en 2002 tiene síntomas de agotamiento y todo hace pensar que el oficialismo tiene decidido para el año próximo dejar las cosas como están. El Gobierno no sólo desperdició la oportunidad de iniciar un proceso de crecimiento sostenido con estabilidad e inclusión social sino que, a partir de 2006, con el desplazamiento del ministro Roberto Lavagna, comenzó a deteriorar las bases del modelo heredado.
A partir de entonces, se inició un período caracterizado por un manejo de la economía excesivamente cortoplacista, destinado a obtener resultados políticos inmediatos con escasa rigurosidad técnica.
La progresiva acumulación de inconsistencias, cuyas consecuencias negativas no se observaron de manera inmediata, llevaron a los resultados hoy a la vista: los superávits gemelos ya no son tales, el tipo de cambio dejó de ser alto y la inflación es elevada y persistente desde hace más de tres años.
El impacto negativo en el plano social comenzó a observarse en 2007, cuando dejaron de cumplirse simultáneamente los dos requisitos básicos para reducir la pobreza y la indigencia: aumento del empleo por mayores inversiones y estabilidad de precios.
El deterioro fiscal interrumpió el proceso de disminución de deuda hasta desembocar en la situación actual, en la que los vencimientos de capital se pagan con reservas y los intereses con el dinero de los jubilados y con impuesto inflacionario.
Computando correctamente los ingresos fiscales –y no como lo hace el Gobierno–, el Tesoro nacional tuvo un déficit financiero de US$ 4 mil millones en los primeros ocho meses del año. Este déficit es equivalente a la totalidad de los intereses pagados y se financió el 60% con fondos de la Anses y el 40% con emisión monetaria.
El tipo de cambio, que con escasos resultados positivos, es usado junto al congelamiento de tarifas como ancla de la inflación, pierde competitividad ante el alza de los costos internos, lo cual genera un claro desincentivo a la producción de bienes exportables y de aquellos que empiezan a ser sustituidos por la importación. La consecuencia directa de la desprotección de la industria nacional es la pérdida de su capacidad de generar empleo.
Las estimaciones privadas pronostican para fines del próximo año una paridad cambiaria similar a la vigente en el ocaso de la Convertibilidad. Esta revaluación relativa del peso, sumada a una inadecuada política comercial, ya comienza a impactar –aunque levemente, amortiguada por el buen precio de la soja, la importante cosecha y la apreciación del real brasileño– de manera negativa en el balance comercial.
Con escaso margen de error se podría estimar que, en 2011, el saldo del balance será inferior a los US$ 11.500 millones calculados para este año y, por lo tanto, probablemente insuficientes para financiar los pagos externos.
Estos desequilibrios pueden resistir un año más porque la economía crece y la oferta de dólares, impulsada básicamente por la soja, seguirá siendo importante. Pero nunca resistiría un nuevo período de gobierno.
Por eso hay que pensar el día después. Hay que volver a crecer de manera sostenida con estabilidad de precios y resolver el déficit crónico de aumento de la productividad.
Las perspectivas externas para los próximos años son claramente favorables. Crecerá la demanda internacional de nuestros productos; los términos de intercambio seguirán siendo favorables; se mantendrá el flujo de inversiones directas hacia América latina y los países en desarrollo continuarán en un lugar destacado de decisión global.
Debemos retomar el rumbo económico perdido y recuperar la calidad de nuestras instituciones. Se torna impostergable recrear el ambiente económico, social, político e institucional que movilice las fuerzas productivas, atraiga inversiones y permita recuperar el financiamiento a largo plazo.
Retomar el rumbo económico significa iniciar un proceso gradual de resolución de las inconsistencias macroeconómicas existentes. Pero el principal desafío no es económico, sino político. Se trata de recuperar la fortaleza de las instituciones que hacen a la competitividad global: un adecuado manejo de las relaciones externas, un buen ambiente de negocios, estabilidad de las reglas de juego, eficiencia del Estado, calidad regulatoria y eficacia en el control de la corrupción.
Sólo bajo estas condiciones podrá iniciarse un proceso de integración social que supere el paradigma vigente en las últimas décadas que somete, por la vía del “derrame”, las mejoras sociales a la suerte exclusiva del ciclo económico.
La liberación de las fuerzas productivas y la convocatoria a la solidaridad social serán los componentes vertebrales de la agenda futura.
Como señala el profesor brasileño Mangabeira Unger, “la ambición que motiva esta búsqueda no es tan sólo el deseo de una mayor igualdad; es la exigencia de una vida mayor”.
Para construir el día después de la actual gestión, las fuerzas políticas tenemos la responsabilidad de encontrar los consensos necesarios para convertir las tendencias globales favorables y nuestras fortalezas internas en una verdadera oportunidad histórica de romper el círculo vicioso de la decadencia. Esta vez, ¿estaremos a la altura de las circunstancias?
