Pese a la deuda que el ordenamiento jurídico argentino mantenía hasta hace poco tiempo en materia de acceso a la información pública, puede decirse que en términos generales la reciente Ley 27.275 logró consolidar cierto consenso existente en relación con el derecho de cualquier habitante de conocer y acceder a toda información que se encuentre en manos del Estado, así como aquella que poseen otros sujetos no estatales.
Sin embargo, aún no se ha puesto en el foco del debate un aspecto sumamente relevante en materia de información pública y que se vincula, a su vez, nada menos que con el cumplimiento de los cometidos fundamentales del Estado.
En el derecho de acceso a información que es pública subyace un sustento esencialmente instrumental que aspira a satisfacer el ejercicio del resto de los derechos fundamentales y que se presenta como un elemento imprescindible para las organizaciones de la sociedad civil y activistas. En ese sentido, el derecho humano de acceder a información pública no sólo promueve la transparencia y previene la corrupción, sino que otorga una herramienta de control, promueve el monitoreo de las políticas públicas que lleva adelante determinado gobierno y ayuda a la sociedad civil a exigir el cumplimiento de sus derechos. Conocer es un presupuesto para exigir.
El Estado no sólo tiene obligaciones de transparencia activa en materia de licitaciones y contrataciones públicas, sino que también debe producir y brindar toda la información que sea necesaria para evaluar el cumplimiento de aquellas acciones positivas fundamentales hacia el avance progresivo en la efectivización de todos los derechos, incluyendo los económicos, sociales y culturales. Para corroborar, entonces, que los Estados estén yendo en ese sentido cuando diseñan sus leyes, ejecutan sus programas e implementan sus presupuestos públicos es fundamental reclamar que produzca determinada información. Es que ¿sería posible que el Estado cumpliera con todas esas obligaciones si no partiese de un diagnóstico desde el cual fuere viable establecer metas? ¿Cómo podría avanzar progresivamente sin establecer mecanismos de evaluación del impacto producido por sus políticas públicas?
Exigir un Estado que produce información significa, a su vez, pensar en promover ciertos cambios culturales e institucionales y erradicar algunos prejuicios infundados. Generar indicadores y estadísticas no es una facultad discrecional de los/as funcionarios/as, sino que representa una obligación legal que los gobiernos deben cumplir y los activistas podemos exigir cuando quieren incidir en la implementación de los derechos.
Empecemos.
*Miembro del área Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
