Con algunas medidas micro tendientes a aumentar la oferta de dólares y reducir la demanda en los mercados alternativos al oficial y con señales claras de que el ministro Guzmán está al comando de las decisiones de política económica, el Gobierno consiguió descomprimir por algunos días las presiones cambiarias. Si bien las medidas concretas fueron prácticamente inexistentes, se ganó tiempo y una nueva oportunidad.
El intento de reducir la desconfianza descansó también en un giro (o, mejor dicho, promesa de giro) a la ortodoxia económica que fue bienvenido por los mercados. Este no es un dato menor, porque a partir de ahora resulta menos justificable cuestionar o preguntarse si la actual Administración no sabe qué es lo que habría que hacer (al menos una parte de lo que habría que hacer) para evitar una fase de aceleración de la crisis. Si no lo hace, será porque no quiere o porque no puede hacerlo.
Sin embargo, basta con ver lo acontecido con algunas declaraciones presidenciales y del Jefe de Gabinete, los cambios a último momento del presupuesto, la postura de la bancada oficialista del Senado ante las negociaciones con el FMI, las discusiones en torno a la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios y el tratamiento parlamentario del “impuesto a los ricos”, para cuestionarse seriamente si el giro a la ortodoxia es o será realmente tal. O si no estamos ante otra puesta en escena, que no busca otra cosa que comprar algo más de tiempo. De hecho, la tranquilidad cambiaria pareció dar espacio para volver a insistir con posturas e iniciativas claramente contrarias a la reconstrucción de la confianza.
Hace una semana el presidente Fernández sostuvo: “Vamos a fomentar una agricultura familiar que va a ser altamente beneficiosa para la Argentina. Y tenemos que hacerlo con tierras fiscales que sobran”. A su vez, dijo que el oficialismo tiene que “hacer un plan donde las tierras del Estado se den a los que quieran trabajarlas”. Palabras algo inoportunas después de que la toma de tierras (y su amplio rechazo) ocupara la atención de la opinión pública durante varias semanas. Por su parte, el Jefe de Gabinete sostuvo que “en la Argentina no hay espacio para ajustes, no hay espacio para ese tipo de recetas”, y que en consecuencia habrá que “ver entre todos cómo ser muy creativos en resolver el problemón en el que nos metió Macri”. Flaco favor de parte de los dos funcionarios más importantes del Gobierno a los esfuerzos del ministro Guzmán para generar confianza apelando a una potencial mayor ortodoxia en la formulación de las políticas públicas.
En igual sentido, el Parlamento sancionó un presupuesto para 2021 con cambios impositivos no triviales, que no estaban contemplados en el proyecto enviado oportunamente por el Ejecutivo. Un proyecto que de por sí no era precisamente muy ortodoxo por cuanto contemplaba un aumento del gasto primario del orden del 40% (si no se toma en cuenta el gasto extra de 2019 motivado por la pandemia de Covid-19), cuando la estimación de inflación que contempla el mismo proyecto es de 29%. Llama la atención la pasividad del ministro a cargo de la cartera económica frente a dichos cambios, justo en momentos en que está intentando recomponer las expectativas del mercado sobre la base de un guiño ortodoxo. Porque atención: para que Argentina pueda volver a crecer no alcanza con despejar la incertidumbre fiscal, monetaria y cambiaria; hace falta recomponer la rentabilidad del sector privado, y nada más alejado que seguir aumentando los impuestos.
Siguiendo con los acontecimientos, durante el fin de semana pasado se conoció una carta del bloque oficialista del Senado (cuyo líder es Cristina Fernández) dirigida a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional mediante la cual, después de realizar diversas consideraciones acerca de la oportunidad y legalidad del acuerdo Stand By que hoy se busca refinanciar, le solicitan “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de Argentina para los próximos años…”. Esto sucedió con la misión del FMI a cargo de las negociaciones en el país y justo cuando se deslizó, en varias de las reuniones iniciales, que el organismo pretendía que el acuerdo fuera refrendado por todos los miembros de la coalición de Gobierno (incluyendo la vicepresidente) y, de ser posible, por el Parlamento.
Una mención especial merece la discusión en torno a la propuesta oficial de actualización de los haberes jubilatorios a aplicar a partir de 2021. En primer lugar, vale la pena aclarar que a nuestro entender la comparación relevante es entre la fórmula de indexación automática propuesta y la situación actual, en la que no hay fórmula. Lo importante es que el año próximo las jubilaciones volverán a indexarse automáticamente, lo que implica que el Ejecutivo pierde el control del componente más importante del gasto público. Recordemos que, en el primer mes de su mandato, el gobierno de Fernández decidió eliminar la indexación jubilatoria, una medida impopular pero que contaba con un amplio consenso dentro de la profesión económica por cuanto la indexación (tomando la inflación o cualquier variable nominal que la siga del período anterior) es una invitación a un aumento del gasto difícil de financiar. Lamentablemente, se discute mucho sobre tal o cual fórmula o sobre lo imperioso de mejorar los ingresos de jubilados y pensionados. Pero nadie se preocupa demasiado en ver si es o no factible hacerlo y qué significa sobre las finanzas de un sistema que está –en la práctica– quebrado.
Por último, otro ejemplo más de cómo destruir confianza en lugar de construirla es el denominado impuesto a las grandes fortunas (superiores a los ARS 200 millones) o “impuesto a los ricos”. El gravamen ha contado desde el vamos con el apoyo del Presidente, que llegó a decir que se trata de un “aporte solidario” y que no es un impuesto sino una contribución, a la vez que consideró que “la responsabilidad y el compromiso social debería obligar a ciertos sectores a entender que hace falta contribuir en tiempos de pandemia”. Más allá de su segura judicialización y de las discusiones que se suscitan y suscitarán sobre su carácter anticonstitucional por doble imposición (el impuesto a los Bienes Personales tiene la misma base imponible) y por sus niveles confiscatorios sobre el flujo de ingresos de quienes deberán abonarlo (la alícuota supera con creces el rendimiento real de activos de bajo riesgo), su efecto es claramente negativo sobre la inversión de riesgo privada.
La volatilidad normativa y tributaria están hoy entre los principales obstáculos para reconstruir la confianza y generar expectativas favorables para hundir capital en la Argentina. Y como hemos comentado en innumerables oportunidades, no hay chances de volver a crecer sin un sector privado rentable y con reglas de juego estables y previsibles.
