Se levantan voces en contra de la prolongación del aislamiento social preventivo obligatorio –ASPO–, mientras la mayoría de las encuestas acepta su continuidad pero expresa preocupación por la situación económica individual y nacional. Circuló un documento que plantea que la democracia está en peligro y compara lo actual con una dictadura. El documento no es tan enfático en reclamar el funcionamiento de los otros poderes: la Justicia y el Congreso, indispensables para la plena vigencia de los derechos humanos de la ciudadanía. La lucha para la atención/prevención de la pandemia en todo el mundo, aquí también, plantea dilemas y riesgos de abusos autoritarios, como la aplicación de medidas de control de datos de las personas. Es fundamental decir que estas medidas deben ser excepcionales y temporales, no deben perpetuarse, como lo recomendó Michelle Bachelet, directora del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU. Es inadmisible la feria judicial, porque significa vacaciones y no estamos en vacaciones, estamos en trabajo a distancia pero en las emergencias es presencial. La Justicia es la principal salvaguarda de los derechos de las personas, no puede estar ausente ahora; en varios lugares trabajan, pero en la mayoría no. Otro problema son los que trabajan y hacen desastres, como el fiscal que disculpó a los violadores en manada porque era una “descarga sexual”, o los que liberaron a los presos sin considerar los riesgos de los denunciantes y a quienes ellos agredieron. Tampoco se puede paralizar el Poder Legislativo, importantísimo para revisar las acciones del Poder Ejecutivo y para generar leyes y propuestas para mitigar el impacto del Covid, especialmente prever cambios para después de la pandemia. Hay muchos proyectos presentados, pero el funcionamiento en plenario para concretar decisiones tanto en Diputados como en el Senado es pobre. Solo tratan proyectos del PEN y la pelea política predomina sobre el interés común. Es necesario que el Congreso considere los proyectos para el día después y revise los decretos del PEN en relación con la restricción de los DD.HH. y la transparencia. No reclamar esto y solo denunciar el peligro de la democracia es una hipocresía.
El domingo la nota de Sinay “Cómo terminará esto”, que comenta la nota de Gina Kolata, periodista científica y escritora publicada en el New York Times, plantea un posible fin de la pandemia “porque las personas se cansan en modo pánico y aprenden a vivir en ella”. El miedo no es bueno para guiar decisiones de las personas, no puede ser el único fundamento porque genera decisiones como la celebración del baby shower en Necochea comentado el sábado. Es inaudito que una embarazada a punto de parir quiebre el aislamiento y se ponga en riesgo, es una muestra de la falta de racionalidad de esa decisión y de la teoría de Kolata. Nos debe hacer recapacitar sobre cómo administrar la adhesión al ASPO en base al respeto por el riesgo individual y colectivo. La insistencia del pedido de responsabilidad individual se debe acompañar de la reiteración de los riesgos y cómo aprender a convivir cuidándose por la fragilidad de la vulnerabilidad, llegando a la penalización de las transgresiones. Es un límite difícil pero muy necesario; el mensaje a las fuerzas de seguridad debe ser más de educadores que de perseguidores en estos casos. Es fácil desatar la tendencia penalizadora, ya hubo muchos excesos, hay que priorizar la prevención a la penalización.
Ya empezó la consideración del día después: la nota del domingo en 50/50 sobre cómo impulsar la igualdad que relata la reunión de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades con el sector privado da esperanza. Se están discutiendo medidas y cambios hacia la igualdad en las licencias a hombres y mujeres para cuidados. Esto no solo para la licencia parental por nacimiento, sino en otras para cuidado de hijos, ancianos, discapacitados y enfermos. Romper el “privilegio” de las mujeres en concentrar estas licencias es bueno no solo para su desarrollo laboral, sino para toda la sociedad, promoverlo, incluso en empresas estatales, es fundamental. También es promisorio que el ministerio haya constituido el consejo asesor de sociedad civil bajo la conducción de Dora Barrancos; quienes tenemos el honor de participar vamos a contribuir para afianzar la igualdad entre mujeres y hombres. No podemos seguir aceptando las desigualdades y discriminaciones que padecen todas las mujeres.
Además, murió Barreda, el asesino de su mujer, sus hijas y su suegra, al que nunca se censuró ni repudió por esos femicidios, ejecutados sin atenuantes, que fueron justificados por su declaración de mínimas agresiones. La pena era prisión perpetua, pero fue liberado por buena conducta, se casó y agredía a su mujer. Hay que recordarlo como un horrible femicida, así lo señalan las notas publicadas el domingo.
