Las resoluciones de la Dirección de Migraciones con las preguntas que deben formular los funcionarios para acreditar la condición de turistas a los solicitantes de visas o en los puestos de ingreso rayan lo ridículo si no fuera porque coinciden con las declaraciones del secretario de Seguridad, Sergio Berni, relacionando inseguridad con inmigración atizando los sentimientos xenófobos. Hubiera merecido la intervención del Inadi si fuera un organismo independiente. Representa un cambio drástico de la política inmigratoria del gobierno de Néstor Kirchner fijada en la Ley 25.871, la Ley 26.202 ratificando la Convención Internacional de Protección de los Inmigrantes y el Decreto 616/2007.
La política fue presentada para regularizar la situación de los inmigrantes, pero la amplitud de la legislación creó el marco para facilitar el ingreso de nacionales de todo el mundo. Desde 2004 hasta 2013 la Dirección de Migraciones registró 1.964.584 solicitudes de radicación procedentes 40% de Paraguay, 26% de Bolivia, 15% de Perú y 3,5% de Colombia; originarios de Asia, 37.825.
La regularización se produjo al inicio: en los dos primeros años se incorporaron sólo 93.568 mientras que en el período 2010/2013 lo hicieron 1.037.557 personas. El 53% de los inmigrantes sólo pudo acreditar estudios primarios, 35% secundarios y 8% ninguno. El 53% se radicó en la provincia de Buenos Aires, 31% en la Ciudad de Buenos Aires y 5% en Misiones.
La política inmigratoria sirvió para hablar de un cambio del proceso de integración: comenzaba el “Mercosur social”. Si bien el propósito inicial fue facilitar el ingreso de nacionales provenientes de los países miembros y asociados del Mercosur abriendo unilateralmente las fronteras, la legislación cubre también a todas las personas que cruzan la frontera con intención de radicarse. Las excepciones son los artículos 29 y el 61 de la Ley 25.871 con las causas por las cuales se puede denegar o disponer la expulsión. La Dirección de Migraciones sin anuncios mediáticos dispuso la expulsión de 8.870 personas en el período.
Los latinoamericanos ingresan con sus documentos de origen; los ciudadanos de países con los cuales la Argentina no tiene acuerdos de supresión de visas deben hacerlo en forma ilegal o con pasaportes munidos de las visas de turistas u otras otorgadas por los Consulados. Una vez en el país pueden solicitar la radicación invocando motivos políticos o económicos. El ingreso de ciudadanos chinos constituye un ejemplo. La mayoría proviene de la provincia de Fujian con vastas conexiones locales; se estima que el costo del traslado por persona es de 18 mil dólares, que, multiplicado por los 26.327 que ingresaron durante 2004/2013, supera los 473 millones de dólares que se reparten entre gastos de viaje, gestores, abogados y “otros”.
Al contrario de lo que sucede en Europa y Estados Unidos, y que se repite en países de Africa y Asia, la llegada de los inmigrantes al país no creó tensiones con la población local. La inmigración contribuyó al crecimiento de los sectores mano de obra intensiva cuya producción va destinada al mercado interno y que emplea trabajadores con salarios mínimos muchas veces en condiciones precarias localizados en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Las declaraciones xenófobas del secretario Berni y los números de expulsados muestran la futilidad del debate. Existe un cambio de política por motivos electorales, y el planteo ha soslayado la responsabilidad del gobierno nacional.
La política de inmigración del ex presidente Kirchner y confirmada por Cristina Fernández hubiera requerido algo más que la apertura de las fronteras. En cambio, se eludió el problema y no se tomaron los recaudos para atender la mayor demanda en educación, salud, vivienda y capacitación laboral. Nuevamente hubo improvisación en un tema muy sensible que hubiera necesitado una atención especial sin demagogia.
*Embajador.
