El país avanzó ampliamente en el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y dichos progresos fueron acompañados de la institucionalidad necesaria para el cumplimiento de las normas vigentes. No obstante, desde los estudios del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, con una periodicidad anual y desde el año 2010, constatamos la violación sistemática de múltiples derechos. Está claro que no se puede garantizar a todas las infancias un derecho básico como es el de la subsistencia, cuando casi cuatro de cada diez niños/as pertenecen a hogares bajo la línea de pobreza y dentro de éstos casi uno de cada diez a hogares indigentes. Es fácil advertir, en la evolución en el tiempo, que éste no es un fenómeno nuevo. En efecto, la pobreza extrema en la infancia se ha mantenido estable en los valores de referencia en los últimos ocho años con leves variaciones. Esta situación se confirma cuando se observan otros indicadores directos de pobreza como es el de inseguridad alimentaria severa que también afecta a casi uno de cada diez niños/as. Lógicamente, esta situación afecta de modo particular a los sectores sociales más vulnerables y segregados del país, a casi dos de cada diez niños/as en el espacio socio-residencial de villas o asentamientos urbanos.
Si bien, la Asignación Universal por Hijo (AUH) mantiene una cobertura sostenida y en ascenso en los últimos años, y especialmente focalizada en los sectores sociales más empobrecidos, no ha sido suficiente para erradicar la indigencia y terminar con el hambre. La asistencia alimentaria directa a través de comedores, copa de leche, refrigerios, que es tradición en las escuelas estatales, y la que se ofrece en comedores comunitarios, se ha incrementado en el último año y es posible que se requieran refuerzos adicionales. Se constituye en una necesidad y en una oportunidad para garantizar el derecho a la alimentación en cantidad y calidad, en la actual coyuntura.
El derecho a la alimentación, se constituye en una urgencia y de modo particular cuando se trata de niñas, niños y adolescentes que están en pleno proceso de desarrollo de capacidades. Los Estados en el país tienen desafíos superlativos en otros espacios del desarrollo humano de las infancias, cuando se estima que la mitad de esta población depende de los servicios de salud pública y más del 70% de los servicios de educación estatales. En el caso del derecho a la educación, la tasa de escolarización parece ser un buen indicador de inclusión educativa y se advierten avances significativos en el nivel inicial, es casi plena en la educación primaria y existen desafíos importantes en la secundaria, sin embargo, parece relevante interpelarse sobre los trayectos educativos y la calidad de la educación. Asimismo, en qué medida podemos afirmar que ha habido progreso en términos de la cobertura educativa si se reconocen procesos de fragmentación y segmentación que hacen que niñas y niños en un mismo nivel de enseñanza en el interior de las escuelas de gestión pública accedan a recursos educativos disímiles en términos de los trayectos y la calidad. Lo mismo sucede con la salud. Todos los ciudadanos en nuestro país pueden acceder al sistema público, aunque existen síntomas del deterioro que ha experimentado dicho sistema y las desigualdades en la calidad, según el espacio territorial o regional en el que esté ubicado el servicio.
Existe suficiente evidencia en torno a las profundas y sostenidas inequidades que experimentan las infancias en el país. Hace tiempo que la sociedad argentina no puede jactarse de ofrecer igualdad de oportunidades, y en él mientras tanto, las nuevas generaciones de niñas, niños y adolescente experimentan injustas inequidades en períodos sensibles del desarrollo humano.
*Coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (ODSA-UCA).
