Durante largos meses se cuestionaron duramente, desde la oposición y algunos medios, las políticas de cuidado impulsadas por el Gobierno en medio de la pandemia, cuando aún no había ni tratamiento probado ni vacuna a disposición y los muertos en el mundo se contaban de a miles, en containers refrigerados, muchos de los cuales morían sin recibir ninguna atención médica, situación que nuestro país logró evitar gracias al esfuerzo sobrehumano de los médicos, al equipamiento de los hospitales y a la responsabilidad de gran parte de la sociedad, que entendió muy pronto, pese a la vorágine mediática y a la propagación constante de fake news, la magnitud del desafío. Las críticas al gobierno argentino fueron, sin embargo, despiadadas. Se acusó al Gobierno de llevar adelante una “infectadura” en contra de las libertades civiles (Macri), de armar “guetos” (Sebreli), de querer proveer de “veneno” a la población (luego se probó que la vacuna rusa era altamente efectiva). Se lo acusó también de usar la pandemia como una “excusa“ y de querer imponer, a través de la política sanitaria, un orden autoritario, cuando lo único que se hacía era cuidar la salud pública.
Hoy que el Gobierno privilegia la recuperación económica, y con el solo objetivo de cuestionar siempre, se impugna que “no toma medidas” ante el avance de casos de covid. Se titula “explosión de casos” y se cita una frase de un ministro provincial que no impondría restricciones “por un dolor de garganta o casos asintomáticos o leves”. El cambio de criterio para informar la pandemia (sesgo) deja en evidencia el contenido político –no informativo– de la crítica constante. Se trata de impugnar cualquier medida, sea cual sea. Eso no es informar con rigor periodístico. Es condicionar a la opinión pública. Posicionarla. La falta de información fidedigna y de calidad medra contra la calidad del debate político, hoy ausente en nuestro país. No tenemos un debate de ideas. Y en parte no lo tenemos por la falta de seriedad a la hora de proveer información. No hay un suelo firme para debatir.
El préstamo del FMI al gobierno de Macri supone probablemente una defraudación al pueblo argentino. La investigación del destino de esos fondos no es, como advierte la Sigen, a cargo de Carlos Montero, un asunto menor o de forma. Es vital saber dónde fue ese dinero que ahora deben devolver, como una deuda, como una pesada “carga“, todos los argentinos. No sentarse a evaluar la negociación con el FMI de parte de quienes endeudaron de forma irresponsable a los argentinos a un siglo de distancia es una forma velada de asumir un error. Pero ya no alcanza con la responsabilidad política difusa. Sumir a la población en la pobreza requiere de responsabilidades penales más claras. Tipos penales concretos, como advierte Zaffaroni. No se puede hacer política con el hambre. Hundir a un país en el subdesarrollo no puede ser un mero “error político” o un mero error de “cálculo”. Demanda juicios concretos. Responsabilidades efectivas. Por eso en la doctrina alemana se empieza a tipificar el delito del “maldesarrollo”. Es un paso más profundo que la mera crítica a la corrupción pública y privada. Es un salto por encima de ese debate: muchos de los funcionarios que endeudan a nuestros países vienen de décadas de trabajar para los mismos bancos y organismos que promueven la lógica financiera de la especulación y la fuga de divisas, marco del subdesarrollo. Muchos funcionarios de la pasada gestión de la Unidad de Información Financiera (UIF) venían de trabajar para los mismos circuitos de lavado de activos que luego debían “controlar”. No se puede estar de los dos lados del mostrador. Muchos ex funcionarios tienen cuentas no declaradas en el exterior, en guaridas fiscales, diseñadas para no pagar impuestos. Son los mismos ex funcionarios que se llenan (y llenaban) la boca con la palabra “república”.
*Director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Procuración del Tesoro de la Nación.
