Vilfredo Pareto fue un economista italiano que en 1895 percibió que el 80 por ciento de la tierra de Italia pertenecía al 20 por ciento de su población, inspirando lo que con el tiempo se convirtió en la regla de Pareto, sinónimo de distribución 80/20, que comparte valores similares con la ley de potencia y la ley de Zipf para los idiomas, tres leyes que reflejan cómo la mayoría de los componentes de un conjunto se distribuyen de manera desigual con cierta regularidad. La ley de Pareto se aplica a proyectos: el 80 por ciento del resultado se obtiene del 20 ciento del esfuerzo; al cálculo de rentabilidad: las empresas obtienen el 80 por ciento de sus ingresos del 20 por ciento de sus clientes; a la tecnología: el 80 por ciento de las fallas del sistema son causadas por el 20 por ciento de los errores; a la distribución social: no importa cuál sea el sistema de distribución de poder, siempre el 80 por ciento del total de los individuos será conducido por el otro 20 por ciento. Ya sea en la ex Unión Soviética, en la sociedad de castas de la India pretérita, en las sociedades predemocráticas con nobleza y vasallos y en el capitalismo, como forma relativamente atemperada de distribuir los privilegios de ese 20 por ciento (excepto el primer caso).
Siempre habrá puja distributiva, el Estado es el que beneficia a los empleadores al no domar la inflación
La puja distributiva entre empleadores y empleados es inherente al capitalismo. Karl Marx acuñó el concepto de plusvalía (mehrwert en alemán) para denominar el excedente del valor del trabajo que se apropia el empleador para obtener su ganancia, concepto que ya había comenzado a trabajar un siglo antes el economista inglés David Ricardo en su teoría sobre el valor del trabajo. Enoja a Cristina Kirchner, y resulta políticamente incorrecto en un país con más de cuarenta por ciento de la población en estado de pobreza, referirse a los salarios como “costo” pero hay una relación entre el valor que recibe el empleado como salario y el valor que genera su trabajo. Cuando el valor del salario crece a un punto que no genera ganancia al empleador, sube el desempleo y viceversa, baja.
En un mercado perfecto (que solo existe en la teoría) el sistema se autorregula: cuando el valor de los salarios baja al punto de que no quedan desempleados, los salarios tienen que subir porque los empleadores no consiguen trabajadores. Pero sin la intervención del Estado con leyes que regulan el trabajo, sumado al papel tutelador del mercado eliminando monopolios y el abuso de posiciones dominantes, el círculo virtuoso de ascenso proporcional de productividad y salarios no se produce y los empleadores tienden a capturar toda la renta de ese aumento de la productividad.
La pericia con que el Estado intervenga para ir produciendo ese círculo virtuoso está relacionada con la sustentabilidad de los logros que vaya consiguiendo, sería rápido confiscar todas las ganancias de las empresas e incluso hasta su capital pero, si se extingue la rentabilidad y se consume el capital, pasado cierto tiempo las mejoras retroceden hasta volver a una situación peor que al inicio.
Por ejemplo, hay quienes sostienen que Perón a mediados de siglo pasado en solo una década instauró un Estado de bienestar que a Inglaterra le llevó un siglo de avances lograr pero que en Argentina se desvaneció dos décadas después en un mundo con Europa habiendo superado la destrucción de las guerras mundiales y cuando definitivamente ya no se pudo ser más competitivo contra las exportaciones industriales de la emergente China capitalista, a partir de la década del 70.
Néstor Kirchner primero y su mujer luego repitieron el proceso de Perón en la primera década de este siglo y volvieron a chocar con la misma piedra, más brevemente esta vez, de no poder sostener las mejoras producidas cuando cambiaron los términos de intercambio y nos habíamos consumido los stocks de capital público.
Hay que reconocer a Néstor Kirchner que en 2003, tras el colapso de la convertibilidad y la devaluación del peso de 1 a 3 en su relación con el dólar, sin paritarias, los salarios habían perdido la mitad de su valor real y, habiendo una apropiación excesiva de ganancia del promedio de los empleadores, se generó un colchón por el cual los salarios podían aumentar sin que dejase de haber suficiente ganancia para los empleadores, incentivando la mayor producción. De la misma forma que es justo decir que en la segunda presidencia de Cristina Kirchner ese colchón se había agotado y la persistencia en continuar aumentando los salarios reales, ya sin aumento de productividad, nueva o acumulada del pasado sin distribuir, terminó generando lo opuesto con la contrapartida de la más regresiva herramienta, que es la inflación.
En todo el mundo la inflación perjudica a las personas de menores recursos e ingresos fijos. Aun en los países desarrollados, con historia de Estados de bienestar consolidados por décadas, el aumento de la inflación producto de la pandemia y la guerra en Ucrania generó que las empresas aumentaran su rentabilidad y los asalariados redujeran su poder de compra. En Argentina esa regresión en la distribución de la renta se genera mucho más agresivamente porque el nominal de aumento de inflación del 50 por ciento al 120, como ya había primero con Macri de 20 por ciento a 50, genera posibilidades de captura de renta mucho mayores a las empresas que en los países donde también más que se duplicó la inflación pero de 4 a 9 por ciento anual.
Quien gobierne el 10 de diciembre no tendría que reducir los salarios que ya fueron ajustados
Es el Estado contribuyendo a generar inflación el que produce, aun sin querer y buscando lo opuesto, las condiciones de posibilidad para que los empleadores hagan una captura de renta sobre el valor de los salarios. El mejor ejemplo es el Estado mismo como empleador: hoy tiene el doble de empleados públicos que hace veinte años y sin embargo el “costo” del total de los salarios de los empleados públicos representa casi lo mismo como porcentaje del producto bruto; groseramente, hay el doble de empleados pero cada uno gana la mitad. Lo mismo que había hecho Duhalde de golpe en 2002 pero ahora en cinco años, desde las devaluaciones de Macri a mediados de 2018 a hoy, logrando el mismo efecto: bajar la desocupación a la mitad y los salarios a la mitad.
Mirando el vaso medio lleno, se podría decir que aquel a quien le toque gobernar a partir del 10 de diciembre se encontrará, como en 2003, con una parte del ajuste ya producido y no tendrían necesariamente que ser los salarios reales los que sufran el efecto de un reordenamiento macroeconómico y un plan antiinflacionario.
