Las declaraciones de Mauricio Macri el domingo a la noche a la luz de los resultados del ballottage, cuando anunció que en caso de ser presidente YPF y Aerolíneas Argentinas seguirían siendo estatales, causaron sorpresa y algún desconcierto en sus filas.
Pero, más allá del giro programático del líder del PRO, resulta relevante reflexionar sobre la dicotomía que atraviesa la historia argentina: proteccionistas contra librecambistas, nacionalistas o liberales, dirigistas o aperturistas, populistas o neoliberales. El conflicto en las relaciones entre el Estado y el mercado se puede rastrear desde la formación misma del país.
Hoy en la Argentina pocos dudan que el Estado “tiene que estar presente”. Esta postura tiene consenso en la sociedad, a diferencia de los años 90; lo que no se termina de debatir es cómo hacerlo.
La intervención del Estado en la economía puede darse por diferentes vías: gestión directa de empresas, como la explotación petrolera y aerocomercial; la fijación de impuestos y tasas aduaneras; dar subsidios a sectores u hogares, y fijar regulaciones en materias como protección laboral, comunicaciones, medio ambiente y defensa del consumidor. También en la política macroeconómica: fijación de la tasa de interés, tipo de cambio y emisión monetaria resultan resortes fundamentales que algunos países renuncian a controlar (como durante la convertibilidad o los países dentro de la zona del euro).
En estos 12 años, el kirchnerismo utilizó con resultados diversos gran parte de estas herramientas, en particular luego de 2011. Pero lo realizó en la forma que hemos llamado “intervencionismo defensivo”, es decir, planteando la política pública cuando los problemas ya estaban presentes.
Entre los años 80 y 90, en gran parte del mundo el Estado renunció a ser productor de bienes y servicios, y también al rol de planificador. Sin embargo, la economía sigue siendo esencialmente un conflicto entre sus actores: Las empresas transnacionales demandan condiciones especiales para su instalación, salarios “competitivos”, personal calificado, pocos impuestos y libertad de circulación de los capitales para remitir sus remesas. El capital financiero demanda pocos o nulos controles para la circulación de los flujos monetarios. El complejo agroexportador requiere un alto tipo de cambio para rentabilizar los productos primarios provocando aumentos de precios en alimentos de consumo popular. Los trabajadores demandan estabilidad laboral y salarios que les permitan consumir lo necesario para su grupo familiar. La industria local y el comercio requieren la existencia de un mercado interno (trabajadores consumiendo), aunque a veces asumen las posturas de los grupos más grandes.
Los organismos internacionales como el FMI, el Banco Europeo, la OMC, y otros siguen aún los lineamientos del Consenso de Washington, como se ha podido ver recientemente en las condiciones del rescate en Grecia. En definitiva, piden justamente que el Estado se retire de la economía. La fórmula es privatizar, desregular, reducir jubilaciones, achicar la planta de empleados públicos, reducir el déficit fiscal y aumentar los impuestos. Un clásico modelo de ajuste macroeconómico.
En el caso de Argentina, el kirchnerismo no ha aplicado durante este proceso el ajuste, a diferencia de sus antecesores, en buena medida por el desendeudamiento con el FMI. Sin embargo, la reciente sentencia de la OMC por la cual el próximo gobierno deberá liberalizar los mecanismos de importaciones indica que las regulaciones del Estado son miradas con atención en los centros de poder.
Finalmente, persiste la impresión de que la Argentina no ha logrado dar un salto cualicuantitativo para establecer exportaciones industriales de alto valor agregado, o que las empresas inviertan en tecnología y en nuevos productos con la finalidad de generar empleo de calidad. Sin dudas, son desafíos del presente.
*Sociólogo, analista político.
