El sistema previsional argentino ya estaba en crisis a mediados de la década de los 80, cuando la cantidad de jubilados y pensionados era menos de la mitad que los actuales.
En ese momento, la “solución” del gobierno radical consistió en licuar, con la inflación, las jubilaciones más bajas y liquidar mal los pagos de las más elevadas, quebrantando la ley y acumulando una deuda que recién se saldó, parcialmente, en la década de los 90 con el producido de la privatización de YPF.
En esos años noventa, como un mecanismo para superar el problema “hacia delante”, se decidió incorporar el sistema de capitalización, de manera que una parte de los compromisos con los futuros jubilados se cancelaran con sus propios ahorros y no con recursos públicos. A lo largo del período, como los aportes de los trabajadores al sistema de reparto no alcanzaban para financiar los pagos comprometidos, aun después de establecer el sistema de capitalización, se fue agregando parte de la recaudación del resto de los impuestos para cubrir el déficit de la Anses.
En otras palabras, coexistían un sistema de reparto quebrado, financiado con otros impuestos, y un sistema de capitalización complementario, con serios errores de diseño, aprovechable, básicamente, por los asalariados de mayores ingresos.
En los últimos años, el gobierno kirchnerista, acompañado por una mayoría diversa en el Congreso, avanzó en generalizar la jubilación aun para quienes no habían realizado, por diversas razones, ningún aporte, convirtiendo dicha jubilación en un subsidio universal e indiscriminado a la vejez (moratoria previsional) para gente pobre y necesitada, pero también para gente rica con recursos suficientes como para vivir sin un regalo del Estado. A la vez, se fue actualizando la jubilación mínima bien por encima de la inflación, financiando estas mayores erogaciones con la ya conocida solución alfonsinista: licuar las jubilaciones superiores a la mínima desactualizándolas y atrasándolas respecto de la inflación.
Cuando ese esquema se hizo insostenible y cuestionable en la Justicia, se decidió, también de la mano de una mayoría multicolor, expropiar los fondos acumulados por los futuros jubilados en el sistema de capitalización y convertir el flujo de sus ahorros en impuestos para financiar nuevos incrementos de la jubilación mínima (que ya alcanza, por el subsidio mencionado, a más del 70% de los pagos). Mientras tanto, como del stock de ahorros expropiado el 60% es deuda pública, se “vendió” que eso bajaba el riesgo país. Y la limitada liquidez de las inversiones expropiadas se usa sin control, ni prioridades, como un mal sustituto de un Banco de Desarrollo. Mientras tanto, la contabilidad creativa logra que los cambios en la cotización de los títulos públicos en tenencia del sistema y los intereses de dicha deuda pública, “pagados” a sí mismo por el Estado, se conviertan en “ganancias” para financiar el subsidio universal a la infancia y respaldar un ficticio fondo de “garantía”.
Cualquiera que repase esta descripción podrá entender que el sistema de reparto que estaba quebrado en los ochenta, que siguió quebrado en los noventa, está ahora más quebrado que nunca, en presente y en futuro. En presente, porque se le sumaron más de dos millones de jubilados nuevos sin aportes y se financia con más del 40% de impuestos que no tienen que ver con los aportes al sistema. En futuro, porque a esta situación se le suma el hecho de que los expropiados del sistema de capitalización son ahora acreedores de una jubilación futura que hoy no tiene cobertura actuarial, dado que los aportes de hoy, como establece un sistema de reparto que se precie, se usan para pagar las jubilaciones de hoy.
Dicho de otra manera, aun antes de pretender reconocer un aumento importante de las jubilaciones mínimas para todo el mundo, sea rico o pobre, el sistema requería una discusión profunda para ser reformado.
Pero la grave irresponsabilidad fiscal del kirchnerismo, que inventa subsidios para todos sin financiamiento sostenible, obliga ahora a una responsabilidad extra de la actual oposición y futuro gobierno. La sociedad argentina tendrá que definir a quién le paga la jubilación, y cuánto. Y a quién deja que ahorre por su cuenta. No hay para todos y, aunque lo hubiera, ¿tiene sentido que el 40% del gasto público nacional se destine a pagar jubilaciones?
