El avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial atenta directamente contra la forma de gobierno representativa y republicana. Es un paso clave hacia un régimen populista, que anula libertades y concentra todo el poder en una única persona. El populismo se disfraza hoy de democracia constitucional, suprimiendo el debate parlamentario, comprando votos y abusando de mayorías en todos los organismos públicos de los que forma parte. Así va logrando cambiar la forma de gobierno, sin necesidad de reformar la Constitución. Esto sucede en nuestras narices, mientras el oficialismo se viste con piel de cordero y va por más. Va por todo.
En esta oportunidad se trata del juez Bonadio; ayer, Cabral, y antes Campagnoli. Cada vez que un magistrado o fiscal avanza en una investigación, el modus operandi es el mismo: apartarlo, enjuiciarlo, suspenderlo o reemplazarlo.
En los papeles tenemos una única Constitución y un único conjunto de principios, valores y derechos. En la práctica los argentinos vivimos un permanente enfrentamiento, peleando por principios, valores y derechos y formas diferentes. O peleando por distintos significados de un mismo término. Creo que en los últimos tiempos, salvo el kirchnerismo, ni sabemos porqué peleamos. Puede ser que el conflicto y el enfrentamiento sean inevitables por ser lo propio de lo político (yo no lo creo así). Puede ser que el texto de la Constitución (original y sus reformas) o el espíritu que transmite no refleje exactamente los cambios en la sociedad. Puede ser que las instituciones, mecanismos y procedimientos que establece para asegurar los derechos necesiten una revisión. Pero nada –ni siquiera los votos– justifica saltar permanentemente por encima de las reglas o forzar ridículamente su interpretación quebrando aquellos mínimos comunes.
En otras palabras, estoy de acuerdo con una Constitución dinámica. Pero todo tiene un límite. Una cosa es decir que el Poder Judicial necesita una reforma (cultural, estructural, modernizadora), y otra distinta es modificar de hecho la forma y los requisitos para designar jueces amigos bajo el argumento de una engañosa “democratización”. Una cosa es que los jueces tengan distintos criterios y visiones al interpretar alguna de sus cláusulas, y otra totalmente distinta es que el Ejecutivo se valga de los votos y fondos públicos para comprar voluntades, presionar, amenazar y desplazar a quienes no fallen a su favor.
Si a esto último agregamos la fanática y extrema politización de ciertos sectores del Poder Judicial (Justicia Legítima) y alguna defensa espasmódica de parte del sector hoy perjudicado (el “partido judicial”, en palabras de la Presidenta), el que mira de afuera podría pensar que se trata de una disputa entre facciones, que más que pensar en las personas piensan en ellas mismas. El estado de confusión es de tal magnitud que resulta muy difícil salir adelante.
Entendamos que el Gobierno pretende designar jueces, fiscales, subrogantes, conjueces, defensores o miembros de la Corte Suprema que comulguen con su relato y de esta forma acompañen todas sus decisiones, tanto en cuestiones ideológicas como para garantizar su impunidad. Esto no es casual ni improvisado. Esta no es la república de nuestra Constitución.
Muchachos de la oposición: pensemos en las personas que decimos representar. Dejemos de una buena vez a un lado los egos e intereses personales que criticamos en los demás y pongámonos a la altura de las circunstancias. Somos más responsables que otros. Si no cambiamos el modelo, perdemos la república.
*Ex presidente del Consejo de la Magistratura.
