Dos de los países que en los últimos años adoptaron leyes que buscan atenuar la concentración de medios de comunicación, como la Argentina y México, asisten a la reconversión de algunos de los principales grupos. Es toda una novedad, si bien los grupos hacen movimientos sinuosos para cumplir la formalidad de la ley y, a la vez, preservar sus posiciones de dominio. Para algunos, se trata de una estrategia gatopardista que disimula tras un nuevo maquillaje el viejo rostro. Otros, en cambio, confían en que el sistema de medios modificará su estructura en el futuro cercano.
La adecuación de estos grupos es administrada por ellos mismos y está salpicada por denuncias de los afectados, que afirman que los gobiernos son selectivos y les aplican normas con un rigor del que eximen a sus competidores. Por ejemplo, los grupos Clarín y Telmex acusan a los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Enrique Peña Nieto de favorecer a sus competidores como Telefónica o DirecTV en la Argentina, o Televisa en México. De esta acusación a la posible judicialización de estos procesos, hay un trecho corto.
Los casos argentino y mexicano permiten examinar las nuevas regulaciones sobre medios desde una óptica que se aparta de la ideología del gobernante como variable clave de análisis, algo de lo que abusa la literatura sobre medios y política en Sudamérica. Los niveles de concentración que exhibe el sector de la información en toda región son percibidos por gobiernos de distinto signo político como obstáculos para el ejercicio del derecho a la comunicación y para la competencia en mercados estratégicos que producen mercancías sensibles y performativas de opiniones ciudadanas. Es una cuestión medular para la democracia, ya que combina libertad de expresión con actividad económica.
Como se aprecia en el gráfico que compara la concentración de las cuatro economías más grandes de Latinoamérica en los sectores de televisión de pago, telefonía móvil y conexión fija a internet de banda ancha, los cuatro primeros operadores muestran un dominio casi total (el índice satura en 1). Se observa, pues, que en plena revolución digital la concentración es muy acentuada y que los soportes de acceso a los contenidos por parte de la ciudadanía están controlados por pocos grupos de gran envergadura. Estos conglomerados están presentes en distintos mercados y su escala de actividad es regional o panamericana. A ello se suma la aguda concentración de nuevos intermediarios que indexan, jerarquizan y conectan usuarios e información en las redes digitales a nivel global, como Google, Facebook o Twitter.
Los sectores elegidos para la comparación del gráfico tienden a la concentración porque las infraestructuras de distribución de contenidos son costosas en su construcción y mantenimiento y porque su gestión exige cierta escala. Pero justamente por ello, las políticas públicas pueden limitar la expansión de los actores presentes en estos mercados a otros sectores de actividad, o requerir contraprestaciones, regular tarifas (tanto de acceso general como de interconexión entre operadores), garantizar la no discriminación de los contenidos, servicios y aplicaciones, fijar condiciones mínimas de prestación de los servicios, definir estrategias de inclusión y acceso social y, eventualmente, subsidiar otros ámbitos de las industrias comunicacionales que producen contenidos, servicios y aplicaciones que son distribuidos por estas plataformas.
Es novedoso para América Latina que varios países postulen como objetivo de política pública la disminución de la concentración comunicacional. No obstante, la mayoría de los gobiernos aplica la ley según el grado de afinidad o enfrentamiento que tiene con los grupos concentrados, como si existieran concentrados buenos y concentrados malos. La persistencia o corrección de este rasgo será determinante en la suerte de los medios latinoamericanos y en su nivel de concentración.
*Especialista en medios. En Twitter: @aracalacana.
