Hay millones de argentinos que pasan hambre. Por eso existe el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, una iniciativa del Estado que lleva comida a los más necesitados.
Pero el Gobierno está manejando ese programa de una manera que resulta –por lo menos– muy llamativa. La máxima prioridad debería ser solucionar las urgencias sociales, aunque parece que no están respetando ese principio.
PERFIL tuvo acceso a datos que podrían provocar un escándalo: los fondos públicos para alimentos subieron en los años de elecciones y bajaron en aquellos donde no hubo campañas electorales.
Este fenómeno sucede desde 2004, cuando el plan alimentario contaba con un total de 446 millones de pesos. En 2005, de votaciones legislativas, la suma aumentó a 583 millones, mientras que en 2006 disminuyó a 529 millones. La tendencia continuó en 2007, año de la elección presidencial, cuando las partidas crecieron hasta 754 millones y después bajaron levemente en 2008. Más allá de los números totales, esta tendencia también se registró en varias provincias del país, sobre todo aquellas con buena relación con el oficialismo.
Las sorprendentes cifras provienen del Gobierno y fueron conseguidas por este diario a través de un pedido de acceso a la información, un recurso legal que obliga al Poder Ejecutivo a brindar datos públicos.
Este extraño “sube y baja” de la ayuda social no tiene ninguna sintonía con los niveles de pobreza del país. Y mucho menos con los cuestionados índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que en los últimos años viene informando un descenso –sin interrupciones– de la cantidad de gente pobre.
¿Por qué la asistencia alimentaria se incrementó justo en los años electorales y disminuyó en aquellos donde no había que votar? Este medio se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Social, organismo que tiene la responsabilidad de administrar esos planes y que está dirigido por la cuñada de la Presidenta, Alicia Kirchner. A pesar de los reiterados llamados, los voceros oficiales nunca brindaron una respuesta.
En cambio, distintos analistas y expertos de organizaciones no gubernamentales no dudaron en hablar de “clientelismo político” y coincidieron con que se intenta aprovechar esta clase de programas sociales para conseguir votos en las elecciones.
Planes, planes. El Gobierno tiene distintos planes sociales para combatir la pobreza. Son iniciativas fundamentales para la población, que mueven millones de pesos y que son manejadas desde el Ministerio de Desarrollo Social por la hermana del ex presidente Néstor Kirchner.
¿Cómo se están administrando esos programas tan importantes? ¿Cómo se reparten esos fondos millonarios entre las provincias? PERFIL intentó responder a estas preguntas, pero se topó con la habitual negativa de la gestión kirchnerista a informar sobre estas cuestiones primordiales.
Por ese motivo, este diario decidió presentar un pedido de acceso a la información, una herramienta legal que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a brindar datos públicos. La presentación se realizó con la valiosa ayuda de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una ONG que impulsa la utilización de ese recurso.
El pedido solicitó los números detallados de todos los planes sociales del Ministerio de Desarrollo. Fue necesario presentar dos pedidos. En ambos casos las respuestas fueron incompletas y por eso ya se puso en marcha una tercera solicitud. Pero algunas cifras que brindaron ya son reveladoras: el dinero del plan alimentario aumentó en los años de elecciones y se derrumbó en los períodos no electorales.
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) es una de las asistencias más importantes, porque se encarga de una necesidad tan básica como los alimentos. Tiene que ayudar a cualquier persona que no tenga nada para comer: familias con hijos menores, embarazadas y discapacitados. Y ahí no se termina la delicada misión, porque además debe proveer a los comedores infantiles y granjas comunitarias.
Es un plan que maneja una gran cantidad de dinero. Fue creado en los comienzos de la administración kirchnerista y absorbió a todos los demás planes alimentarios del Estado. Eso le permitió acumular una montaña de fondos, que fueron creciendo con el paso de los años y que durante 2008 superaron los 700 millones de pesos.
Este plan millonario tiene un mecanismo sencillo: el ministerio firma convenios con las provincias, reparte las sumas acordadas y después los distritos deciden quiénes reciben la ayuda. Al final de la cadena, los beneficiados pueden recibir bolsones de comida o tickets alimentarios.
Según los números oficiales conseguidos por PERFIL gracias a su recurso legal, en 2005, año electoral, el PNSA recibió 137 millones de pesos más que en 2004. En 2006 –de manera insólita– bajó más de 50 millones, pero después en 2007 se incrementó en 225 millones. Y aunque en 2008 la cifra se mantuvo alta, de todas maneras se volvió a registrar un leve descenso de ocho millones.
Los altibajos en las partidas no tienen ninguna relación con los índices de pobreza. Los polémicos indicadores del INDEC vienen informando en los últimos años una disminución sin interrupciones de la gente pobre –la última medición marca 15,3 por ciento–, lo que significa que los fondos alimentarios también deberían haber bajado de manera proporcional. Tampoco hay coincidencia con las estimaciones privadas, que informan que la pobreza viene aumentando desde el año 2006.
Provincias. Este fenómeno viene sucediendo en muchas provincias, sobre todo aquellas que tienen gobernadores cercanos al oficialismo. Y en varios casos, la curiosa tendencia ocurre desde 2004.
La provincia de Buenos Aires es un ejemplo muy ilustrativo. Aquel año le otorgaron 97 millones de pesos, pero después en 2005 –hubo elecciones para legisladores– la suma subió a 127 millones. La historia siguió en 2006, cuando los fondos bajaron a 77 millones, mientras que un año después volvieron a subir hasta los 113 millones.
Córdoba es otro distrito que está en manos del peronismo desde hace varios años y mantuvo una relación amable con la Casa Rosada, por lo menos hasta el conflicto con el campo. En 2004 le asignaron 55 millones, al año siguiente trepó a 86 millones y en 2006 descendió a 65 millones. Las diferencias se hicieron más notorias en los años siguientes, cuando en 2007 los fondos se elevaron casi el doble –113 millones–, pero en 2008 bajaron casi a la mitad –60 millones–.
Otro caso notorio es el de Tucumán, que siempre tuvo un alto nivel de pobreza y donde la asistencia social debería ser una prioridad. Sin embargo, el dinero para los alimentos experimentó la misma montaña rusa: en 2004 recibió 32 millones de pesos y después subió a 39 millones. En el período 2006 bajó a 29 millones y en 2007 escaló hasta los 45 millones.
En ese grupo de provincias chicas se encuentra Santa Cruz, el territorio político del matrimonio presidencial. Los montos son más bajos que en otros lugares –por la poca cantidad de habitantes– pero el fenómeno es idéntico.
Esta situación también sucede desde 2006 en otros distritos cercanos al oficialismo. Es el caso de San Juan, gobernada por el ultrakirchnerista José Luis Gioja. Aquel año recibió 19 millones de pesos, en 2007 se duplicó a 40 millones y en 2008 bajó a 15 millones.
En ese grupo también está Chubut, cuyo gobernador es Mario Das Neves, un hombre que se mantuvo cerca del kirchnerismo. En 2006 percibió 8 millones; en 2007, con elecciones, la suma trepó a 19 millones, y en 2008 descendió a sólo 9 millones.
Lo opuesto de todos los casos anteriores sucedió en Chaco. Se trata de una provincia con un índice elevado de pobreza, que durante mucho tiempo fue gobernada por radicales y que sólo en diciembre de 2007 pasó a manos de Jorge Capitanich, peronista de buena relación con el oficialismo. En 2006 recibió 34 millones de pesos y al año siguiente, de elecciones, la cifra bajó a 27 millones. Pero en 2008 –cuando ya estaba en manos del peronismo– subió de manera sorpresiva a 64 millones.
Clientes políticos. ¿Por qué los fondos para alimentos subieron en los años donde había que votar y bajaron de manera drástica cuando no había elecciones? PERFIL realizó esta consulta –en reiteradas oportunidades– al Ministerio de Desarrollo Social, pero sus voceros no brindaron ninguna explicación.
“No es casualidad que esta ayuda estatal siempre aumente en tiempos de campaña electoral”, señala Victoria Pereyra Iraola, analista del reconocido Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). “Los planes del Ministerio de Desarrollo son aprovechados para practicar clientelismo político”, asegura la investigadora de la ONG, que elaboró un informe sobre las prácticas clientelares en Argentina. “Estas prácticas no sólo sirven para conseguir votos en las urnas, sino también para armar redes políticas de gente que debe concurrir a los actos y obedecer órdenes de punteros”, denuncia la encargada del área de Transparencia del organismo.
El informe del Cippec se realizó tomando como base las denuncias presentadas en la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social del Estado (UFISE), el organismo judicial que debe investigar estas irregularidades. La cantidad total de denuncias superó las cuatro mil presentaciones, una cifra baja si se compara con los cientos de miles de personas que cobran esos beneficios. “Pero mucha gente no hace denuncias porque tiene miedo de que le saquen la ayuda”, apunta Pereyra Iraola. “Para evitar el clientelismo, el Estado tendría que informar con total transparencia quiénes cobran esos beneficios, y se tendrían que fijar reglas claras para operar los planes”, sugiere.
“Estos altibajos de los fondos alimentarios no tienen ninguna coherencia con los niveles de pobreza del país”, remarca Ernesto Kritz, uno de los economistas más consultados sobre temas de políticas sociales. “No tienen nada que ver con la cantidad de gente pobre ni con las cifras oficiales ni con las verdaderas”, agrega el titular de la consultora SEL. “Está clarísima la relación de este programa social con los años electorales, lo que permite tener sospechas de clientelismo”, razona el analista. “Y para eliminar toda sospecha de práctica clientelar, se debería instalar un sistema de asignación por hijo que sea para todos”, concluye.
“El dinero de este programa no varía según el índice de pobreza, sino que va cambiando para buscar un beneficio en las elecciones”, admite Artemio López, un encuestador cercano al Gobierno y que no podría ser tildado como opositor. “No me sorprende para nada que suceda, porque lamentablemente lo hacen todos los gobiernos”, agrega el director de la consultora Equis.
Para López, “siempre es bueno que crezca la ayuda social, pero lo malo de este caso es que disminuye en los años donde no hay elecciones”. A su juicio, para terminar con el clientelismo habría que brindar un único beneficio universal “por cada hijo de cada familia”.
Mientras las sospechas de clientelismo político sobrevuelan los planes sociales, el país vive un fuerte clima electoral y falta cada vez menos para el 28 de junio, donde el kirchnerismo se jugará todo en las urnas y se ha concentrado en el Conurbano, su bastión, donde se distribuyen millones de subsidios.
Este diario ya puso en marcha un nuevo pedido de información al ministerio de Alicia Kirchner, para que brinde los datos que negó en los pedidos anteriores y para que informe sobre el dinero que viene usando en los programas asistenciales durante 2009.
Habrá que esperar hasta el último día de la campaña para saber si la ayuda estatal a los más pobres dependió –una vez más– de que haya elecciones.
