Lo peor de un proceso inflacionario es la normalización con que se puede llegar a vivir porque es un camino de ida: fácil de ingresar para una economía inestable e incluso conveniente, para aflojar tensiones y poder ganar tiempo con ilusión monetaria. Pero es muy difícil bajarse del vértigo que retroalimenta el mismo proceso sin apelar a medidas drásticas que dejan a sectores enteros heridos y disconformes con la política elegida.
La confirmación de que no existe la magia en cuanto a emisión monetaria se refiere, se dio el jueves pasado, con la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de junio que arrojó 3,3% y acumula 25, 1% en el primer semestre del año. Esta cifra equivale a una inflación interanual (contra junio del 2020) de 50,2% y una proyección, si se repitiera este semestre, de 57% anual. No es un golpe inflacionario, sencillamente es la rúbrica del fracaso de las políticas antiinflacionarias aplicadas desde 2005, cuando reapareció el fantasma tan temido pasando los dos dígitos anuales y provocó, además del cambio de guardia en el Ministerio de Economía, la intervención del Indec. Paradojas del destino, el economista Marco Lavagna, hijo del entonces titular del Palacio de Hacienda, desde diciembre de 2019 tomó la posta en el organismo. Si aquella intervención al Indec sobrevino cuando la inflación anual superaba el 12% anual, es imaginable la presión que Lavagna carga sobre sus espaldas, hasta ahora, honrando su profesión. En aquel momento, el blanco de los ataques del presidente Néstor Kirchner fue el supermercadista Alfredo Coto, a quien acusaba de “cartelizar” la oferta de alimentos y provocar subas especulativas. Luego fue el turno de las petroleras, los grupos mediáticos, los bancos, las AFJP, etc. Nada nuevo bajo el sol.
La lista de los “culpables” de las subas de precios en el sendero inflacionario es interminable porque la dinámica habitual de la economía se potencia con emisión monetaria, expectativas crecientes, incertidumbre y paritarias que buscan adelantarse a los hechos. Si este 50% interanual es producto de una política que buscó contener el derrame que el mismo Gobierno produjo (quizás porque no tenía más alternativa que emitir dinero durante la pandemia). Hubo rubros que crecieron mucho menos por la sencilla razón que tuvieron aplicados controles de precios, congelamientos o aumentos pautados de diversas maneras, además del ancla que significó la política cambiaria sobre el dólar oficial y los topes “sugeridos” a las cláusulas de actualización de las paritarias. Esto derivó en una economía que en la práctica funciona a dos velocidades: la de los precios libres y la de los precios rigurosamente controlados. Bueno, no tanto, porque al fin y al cabo muchos agentes económicos le han ido encontrando la vuelta a los diferentes cepos. El de Alimentos y Bebidas, por ejemplo, que había protagonizado las mayores subas durante los meses anteriores, ahora estuvo alineado con el promedio general. Pero el de Comunicaciones (telefonía celular y provisión de internet, principalmente), duplicó la tasa: 7%, luego de un semestre de virtual congelamiento. Educación y Actividades Recreativas, dos actividades con el menor nivel de apertura durante la pandemia, tuvieron un crecimiento de 1,1%, claramente en una coyuntura desfavorable.
Las presiones que se fueron acumulando desde el segundo trimestre del año pasado, cuando comenzó la fuerte intervención del Gobierno para paliar las consecuencias sanitarias del covid, fueron fácilmente escalables y hasta comprensibles. Pero lo que viene ahora es una discusión impostergable: de qué manera se procederá a la restauración de los equilibrios en los precios relativos sin que se aliente un espiral inflacionario. Así como hace 15 años eran los supermercados los “culpables” los candidatos al banquillo de los acusados ahora son varios sectores: las prepagas, los sindicatos con poder, los industriales coaligados en la UIA o, cuando no, el dólar. Algo así como un Fuenteovejuna inflacionario.
