La presidenta Cristina Kirchner pidió recientemente a los empresarios que “contribuyan, en su carácter de formadores de precios”, a alcanzar acuerdos que contemplen “los intereses de toda la sociedad”. Y señaló que no pretende “acuerdos corporativos”.
La advertencia fue hecha anticipando al inminente pacto social entre sindicalistas y empresarios para disminuir las expectativas inflacionarias. Esta nueva definición/apelación de Cristina sobre la responsabilidad social de los formadores de precios reconoce el comportamiento histórico de aquellos que incluso recibieron un tratamiento privilegiado en su interlocución con el Gobierno, como los grandes supermercadistas. La respuesta por parte del sector fue pobre.
Por caso, la canasta alimentaria que Consultora Equis midió en su oportunidad en la cadena de supermercados Coto, estaba en realidad muy por encima de lo pactado en los acuerdos sobre el escritorio, sí que poblado de ametralladoras y pistolones, ¡bing!, ¡bang!, ¡bum! No caminaba la lucha armada de entonces, tras un semestre de hacer buena letra, el General Coto no se amilanó (¡ay!).
El oficialismo debe explorar métodos tal vez menos “cruentos”, pero más eficaces, para limitar la voracidad empresaria que ya dispara a 25% el aumento anual de la canasta básica.
Nada fuera de lo esperado en el despliegue del proyecto del FPV. Cuando Néstor Kirchner decidió el apartamiento de Roberto Lavagna del Ministerio de Economía, uno de los motivos centrales fue la baja capacidad de control sobre los formadores de precios del ex ministro, al que ya se le había disparado el precio de la Canasta Básica Alimentaria en el segundo semestre de 2006. “El pálido (apelativo cariñoso de Néstor sobre el ex ministro) tomaba cafecito con los empresarios”, fue la figura elegida por el entonces presidente para dar cuenta de esta impericia de gestión.
Así las cosas, apropiarse indebidamente de la mejora de ingresos de los sectores populares con aumentos que no guardan relación con la estructura de costos y sólo aumentan la tasa de ganancia del sector sin regulación institucional alguna, es uno de los mecanismos que intervienen a la hora de explicar el 25% de inflación de alimentos y bebidas anualizada existente hoy, convalidada de hecho aún no por el Indec, pero sí por el nivel de aumentos de los planes sociales que otorga el Ejecutivo.
Este nivel inflacionario neutraliza la profundización de los efectos antipobreza de la Asignación Universal por Hijo, que sufrió una actualización del 22,2% a un año de su lanzamiento, en línea con los aumentos de precios en alimentos y bebidas al momento de actualizarse. Seguimos con niveles de pobreza que partiendo del 28% tras la AUH se establecieron en torno al 22% –indigencia de 6%–, según datos recientes de diferentes institutos como Cifre de la CTA , Cedlas de la UNLP y Consultora Equis, que asesora al Gobierno (lo digo yo antes que llegue la reiterada aclaración en el final de la nota), por el alto impacto que tienen los aumentos de alimentos y bebidas sobre los hogares vulnerables.
Sostener el poder adquisitivo de los sectores vulnerables, ya no sólo a través del Poder Ejecutivo sino mediante un pacto social, institucional, que involucre en el acuerdo a la CGT, es el camino elegido por Cristina y resulta estratégico a la hora de, entre otras cosas, garantizar un gran despliegue electoral en el año 2011.
Controlar la cadena de formación de precios mediante un pacto social que involucre a la CGT, junto al Ejecutivo y la representación de la corporación empresaria, mecanismo tradicional de los gobiernos justicialistas –convenientemente aggiornado a las nuevas condiciones de mercado y de representación gremial–, adicionalmente a su propiedad de mejora en la calidad de vida de los sectores populares, uno de los núcleos del proyecto histórico peronista, devuelve al FPV su capacidad electoral plena sobre sectores vulnerables, capacidad perdida en el año 2009 y que explicó buena parte de su baja en la performance electoral, junto a la aversión de los sectores medios vinculados a la producción agropecuaria, el segundo gran ducto de fuga electoral en las elecciones de medio mandato.
*Director de Consultora Equis, asesora al Gobierno.
