Los datos de actividad de la economía argentina siguen confirmado una caída sostenida respecto del año pasado.
La “madre” de este menor nivel de actividad es la llamada “restricción externa” que, en castellano básico, quiere decir que al precio oficial del dólar no hay oferta de dólares suficientes para financiar los pagos de importaciones y los pagos de deuda pública y privada en moneda extranjera sin una caída intolerable de las reservas del Banco Central.
Como a este precio sólo venden dólares al Banco Central aquéllos que no tienen más remedio, para defender sus reservas la autoridad monetaria se ve obligada a racionar los dólares disponibles. Con importaciones racionadas, la actividad se cae, por el lado de la oferta, dado que, para producir, todos los sectores necesitan de algo importado o de mucho importado.
Retomo el concepto de “a este precio”, porque al precio del dólar implícito en las operaciones de compra venta de títulos o acciones, o al precio del dólar blue, hay gente dispuesta a vender sus dólares voluntariamente. En otras palabras, arriba de los $ 13 y algo “hay mercado”, dado que hay gente o empresas dispuestas a recibir pesos a cambio de entregar dólares. Por el contrario, a $ 8,50 “no hay mercado”.
El Gobierno, entonces, ha preferido mantener el precio del dólar, y por ende “controlar” el nivel de precios (evitar un salto como el del primer cuatrimestre del año) a costa de racionar importaciones y limitar la actividad y el empleo. Alternativamente, podría convalidar un precio del dólar mayor al cual la oferta de dólares aumenta, pero ello implicaría un salto en el nivel de precios que también podría desatar una caída mayor de actividad o un mayor conflicto en términos de salarios, ingresos, etc. El tamaño del salto en los precios depende de cuántos de los precios actuales ya están “fijados” en el dólar libre, y de cuánto aguanta la demanda.
En este contexto, la elección del Gobierno es, entonces, entre evitar un nuevo salto en la tasa de inflación, pero aceptando la continuidad de la recesión o aceptar un salto en la tasa de inflación, “blanqueando” el precio del dólar y destrabar algo el nivel de actividad.
Obviamente, este dilema sería menos grave si fuera más chica la distancia entre el precio del dólar al cual hay mercado contra el precio del dólar al cual nadie vende. Y aquí es donde entra el problema del déficit fiscal financiado con emisión de pesos.
En efecto, el aumento del 60% en el precio del dólar oficial entre mediados del año pasado y hoy, incrementó el gasto público en subsidios a la energía, por el componente importado de los mismos y por el reconocimiento de mayores costos en pesos de las empresas de servicios públicos. A ello se le suma la caída de la recaudación en términos reales, por la baja del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, y la caída del crédito al sector privado. Esta es la forma de “ajustar” la demanda de bienes y servicios a las nuevas condiciones de la oferta. Es decir, mayor déficit fiscal, financiado con más emisión de pesos. Paradójicamente, para “solucionar” este problema, el Gobierno anuncia cada tanto algún aumento de gasto público, con más emisión de pesos. Pero esos pesos, terminan en la demanda de dólares, aumentando la brecha, o en la de bienes que, restringida la oferta, aumentan los precios. O “no hay”.
Esto cierra la “doble trampa”. El Gobierno no quiere reconocer el precio del dólar al cual no hay restricción externa, porque implicaría un salto fuerte en la tasa de inflación. Por ende se mantiene la recesión, por falta de oferta.
Por otro lado, no puede cerrar la canilla de pesos para financiar el gasto público. Esos pesos excedentes aumentan la demanda de dólares y los precios, incrementando el precio del dólar al cual “hay mercado” y haciendo el problema cada vez mayor.
Sin financiamiento externo voluntario, la única alternativa para no aceptar el valor del dólar y precios al cual “hay mercado” son “los chinos” y un uso intensivo de... la policía. Obligando a vender dólares a este precio a los exportadores. A importar a pérdida a los importadores, a renovar deuda a los acreedores y a demandar pesos a los ahorristas.
Ya en 1974, el economista académico más importante de la Argentina me decía: “a la economía no se la puede manejar con la policía”.
