De las muchas razones que un empresario tiene para invertir, una es la condición necesaria para hacerlo: poder ganar más dinero en el futuro. Todo lo demás, generación de empleo, apoyo a la recuperación económica del país, adhesión al nuevo modelo productivo o conquista de nuevos mercados se convierten en palabras huecas si no terminan monetizándose en la cuenta de la empresa, a la postre la que determina su duración en el tiempo.
El Gobierno está ansioso por controlar lo que considera indicadores de sustentabilidad clave en la política económica: inflación, desempleo y superávit primario. Tanto que muchas veces el árbol no le permite ver el bosque del horizonte económico. El encono con que defiende a capa y espada los logros conseguidos sirve para eso pero no para proyectar y mucho menos para abrir el juego a quienes asegurarán la continuidad.
Como un dique que aguanta la presión de las aguas, el problema comienza cuando empiezan a ceder algunas brechas. La exhortación de la otrora oficialista Unión Industrial Argentina (UIA) de relajar los controles de precios debe tomarse como un ejercicio de legítima defensa.
Cercados los empresarios por el movimiento de pinzas de la política oficial, piden auxilio en un punto de fácil solución: más oxígeno en los precios sensibles a las mediciones oficiales. Los demás componentes de esta ofensiva lenta pero inexorable son la política salarial (en donde se incluyen costos adicionales por nuevas regulaciones o simplemente por blanqueo), la sofisticación de los controles de la AFIP –y ahora la de su par bonaerense, Santiago Montoya–, el estancamiento del tipo de cambio (una revaluación constante del peso desde el paraíso productivista de 2002) y un frente latente: las regulaciones ambientales.
Silencios. También existe un pacto tácito entre los “contendientes”. Los empresarios no mencionan la palabra “crisis” para referirse a la coyuntura energética y el Gobierno contará hasta diez antes de echar mano a una recomposición tarifaria inevitable.
El pedido del titular de la UIA, Héctor Méndez, de que hayan fuertes castigos para un excesivo uso de energía puede leerse, también, como una estrategia defensiva de eludir el tarifazo. Cada visita del Presidente o del ministro De Vido a Bolivia asegura suministro de gas, agua en el desierto para el año entrante, pero trepa el costo de oportunidad de mantener la política oficial.
El anuncio de un nuevo índice de precios, privado y paralelo al del INDEC, se inscribe en la tradición de romper los termómetros cuando la fiebre arrecia. Han existido índices de precios sin carne, sin servicios, sin bienes importados. Cuanto más énfasis se pone en este tipo de iniciativas, mayor es la certeza de que algún nubarrón en este campo se avecina. Y no es sólo sospecha: una vez conseguido un solo dígito para todo 2006, los músculos de la gestión Moreno en la Secretaría de Comercio se relajarán necesariamente: en parte, para dar respiro a los asediados empresarios que tuvieron la desgracia de producir artículos sensibles a las mediciones de precios y porque el objetivo de mediano plazo no podrá ser, siempre, el de control.
Objetivos. Por eso surge una nueva meta: alentar las inversiones. Cosa poco propicia en medio de este clima. Transformar la iniciativa del emprendedor de aumentar su capacidad de producción y aprovechar las oportunidades del mercado en el resultado de una “invitación” oficial, una modificación impositiva o arancelaria para permitir un negocio donde no lo había, implica minar la potencialidad de crecimiento de la economía circunscribiéndola exclusivamente al accionar oficial.
La proclamada intención de reorientar las inversiones de las AFJPs hacia proyectos “productivos” es un ejemplo. Según el último informe de la Superintendencia de AFJP, las administradoras tienen en cartera $ 79.000 millones; casi 57% de sus activos en títulos públicos, contra 18% en privados y fondos de inversión. El 11% son valores extranjeros.
Los fideicomisos financieros estructurados rondan el 2%, aunque deberían aparecer instrumentos para que la voluntad oficial sea realidad. Y no es fácil de plasmar: el default, la desdolarización y desindexación dificultan las variables para que el ahorro genuino fluya hacia emprendimientos productivos. En Chile, las AFPs financiaron las 14 principales obras de infraestructura vial de 2005 por US$ 1.800 millones.
Una muestra más de que, cuando el cerco se cierra sobre los empresarios, las respuestas que desde el Gobierno o desde ellos mismos aparecen muchas veces sólo sirven para salvar el pellejo a costa de hipotecar el futuro.
