Con el Gobierno nacional muy expectante de la participación del ex presidente –o debería decir copresidente– Néstor Kirchner en el complejo operativo de liberación de tres de los rehenes en poder de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ubica al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la búsqueda de un nivel de alto protagonismo en la política internacional que lo compense de la derrota sufrida en el referéndum por la reelección ilimitada, la semana política con la que se despide el 2007 le ha demandado a la administración de Cristina Fernández de Kirchner dedicarle tiempo y esfuerzo a lograr que las cámaras de Diputados y Senadores sesionaran para tratar el plan de ahorro energético.
La aprobación por parte del Congreso de la ley que enumera las acciones que contempla dicho plan era la medida “espectacular” que la Presidenta había dejado trascender hace una semana. Se ha tratado, al fin y al cabo, del reconocimiento de la realidad. Una realidad que muestra que, en la Argentina, hay una crisis energética. Una crisis que es producto del crecimiento y la falta de inversión y que por años, con un empecinamiento incomprensible y digno de mejor causa, el Gobierno había venido negando sistemáticamente.
Por otra parte, el episodio de la aprobación legislativa es una nueva demostración de que, cuando hay real voluntad política, el Parlamento puede funcionar a pleno y con las mayorías necesarias como para satisfacer los requerimientos más urgentes del Poder Ejecutivo.
Nota al pie: ¿Para qué mantener, entonces, lo superpoderes?
Por supuesto que lo acontecido con la aprobación de este plan genera otros interrogantes, a saber:
¿Por qué no lo planteó antes el presidente Kirchner –perdón, debí decir el ex presidente pero ocurre que el otro día hasta la Presidenta lo llamó presidente– para generar un debate más amplio en relación con el tema del adelantamiento de la hora, que genera resistencias en las provincias de Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja. Catamarca, Salta, Chaco y Misiones?
¿Por qué no se desarrolló mucho antes un plan de estímulo al uso racional de la energía por parte de la población?
¿Cuando habrá un enfoque realmente serio y sostenido en relación con el desarrollo de nuevas formas de energía teniendo en cuenta que Kirchner –Néstor– había sido advertido de esta situación de escasez por quien fue y continúa siendo secretario de Energía de la Nación?
Nota al pie: En el informe técnico que se le hizo llegar al entonces candidato Néstor Kirchner a comienzos del año 2003, su autor, el actual secretario de Energía, Ingeniero Daniel Cameron, decía en uno de sus párrafos:
“La producción de gas presentaba una evolución razonable; a partir de la pesificación de los contratos, no tiene capacidad para:
u Reponer reservas (salvo aquellas que surjan –en el documento original que presenta llamativas faltas de ortografía se lee “surgan”– asociadas a la exploración de petróleo).
u Desarrollar (movilizar) reservas, con lo cual, de no revertirse la situación actual, se encuentra comprometido el abastecimiento del invierno de 2003 o en su defecto de 2004.
Respecto de la producción de petróleo, podemos decir que el esfuerzo exploratorio sólo se mantendrá si el WTI se mantiene (mantendrá-mantiene, como se ve la variedad de vocabulario es escasa) por encima de los 21 U$S/BIL; para precios inferiores, de mantenerse (otra vez) las actuales retenciones la exploración tenderá a paralizarse.
Respecto de la generación de energía eléctrica, la situación de riesgo se presentará dentro del 2º o 3º año, a partir de la reversión de la actual recesión, ya que ingresado en una etapa expansiva, el crecimiento de la demanda en los primeros dos o tres años oscilará entre el 6% y el 9%”.
Tras la lectura de este documento, queda claro que el gobierno de Néstor Kirchner tenía información precisa de la crisis energética que el país afronta. Por lo tanto, se hace imprescindible que, junto con las medidas en general buenas que contempla la ley, se avance sobre otras que le permitan al país hacer frente a los cuellos de botella que presenta la actual disponibilidad de electricidad. Es por eso que el desarrollo de fuentes alternativas de generación de energía debería ser una prioridad. Prioridad que, hay que decirlo, ha sido desatendida por un tiempo demasiado largo por todos los gobiernos. Ojalá que Cristina Fernández, a pesar de ser Kirchner, entienda la verdadera dimensión de este problema.
En este marco, hay que prestarle atención al proceso de “reargentinización” de YPF. Circunstancia curiosa la de esta operación fogoneada por este gobierno ya que uno de los integrantes del matrimonio presidencial –Néstor– fue una pieza clave en la increíble rosca política que culminó con la privatización de YPF.
Nota al pie: Siempre vale la pena hacer memoria, y mucho más cuando se trata de un gobierno que permanentemente echa mano de ella en forma parcializada.
Corría el año 1992 y el menemismo perseguía con furor la privatización de YPF. Se trataba de la última joya de la abuela que quedaba en pie. De entre todas ellas era, como alguien dijo entonces, el diamante de rubí.
Ahí fue que Néstor Kirchner tuvo un papel decisivo. La historia fue así.
La privatización de YPF era resistida por muchos opositores de aquel gobierno así como por varios de los legisladores justicialistas. En ese momento, Néstor Kirchner era el presidente de la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), que comprende las provincias de Santa Cruz, Chubut, Salta, Neuquén, Formosa, Mendoza, Jujuy y La Pampa. Para vencer esa oposición interna, Kirchner sugirió que fuera esa organización la que impulsara fuertemente la mentada privatización, a cambio de que se le reconociera a cada uno de los estados provinciales que la integraban el pago de regalías supuestamente mal liquidadas.
Hay que mencionar que el 30 de agosto de 1991 el entonces presidente Carlos Menem con su ministro de Economía, Domingo Cavallo, y su ministro del Interior, José Luis Manzano, firmaron con Santa Cruz un acuerdo de conciliación por el cual se le reconocía a la provincia una deuda de 480 millones de dólares cuyo pago quedaba atado a la aprobación de la privatización de YPF.
El martes 22 de septiembre de 1992 los gobernadores de las provincias integrantes de la Ofephi se reunieron con el ministro Manzano para llevar adelante las tareas que permitieran la votación de la ley. Los memoriosos recuerdan al gobernador Kirchner dando una conferencia de prensa en la Casa Rosada pidiendo que los disidentes del PJ dieran, al menos, quórum. Esos mismos memoriosos mencionan –sin querer entrar en mucho detalle, por las dudas– las dádivas que se les ofrecieron a algunos de esos legisladores rebeldes para que ocuparan sus respectivas bancas.
Finalmente, la ley se trató y se aprobó. El miembro informante del menemismo en esa sesión fue el Dr. Oscar Parrilli, diputado por la provincia de Neuquén entonces y hoy secretario general de la Presidencia de la Nación. La historia ha rescatado la imperdible frase con la cual inmortalizó su fe de menemista de pura cepa, cuando dijo:
“No pedimos perdón por lo que estamos haciendo. Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito para nuestro compañero presidente Menem”.
Dicho esto, corresponde acordarse, también, de la frase que el presidente Kirchner dijo en el Salón Sur de la Casa Rosada a fines de febrero de este año. Fue la siguiente:
“Sabemos el genocidio que pasó nuestra industria petrolera, la increíble privatización. Si YPF hubiera quedado en manos nuestras, estaríamos recaudando entre 20, 25 y hasta 30.000 millones de dólares por año”.
Por todo esto es que hay que seguir de cerca este proceso de recompra de parte del paquete accionario de YPF por un grupo empresarial afín al Gobierno encabezado por Enrique Eskenazi. Es curioso observar cómo se va reproduciendo la matriz menemista de empresarios cercanos al gobierno de turno que van comprando empresas vinculadas a los servicios públicos o a sectores estratégicos, como el de la energía.
Decíamos al comienzo de la columna de lo intenso de la actividad presidencial en esta última semana del año 2007. De esa actividad destaco el buen discurso que la jefa de Estado pronunció en La Cava hablando sobre la exclusión y la necesidad de no ocultarla y de trabajar para encontrarle una solución. Asimismo, señalo un nuevo paso de la Presidenta en su política del “cambio que no cambia”. Esto ocurrió al nombrar al abogado Julio Vitobello como titular de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación). La SIGEN es un órgano de control que debería estar en manos de personas que no tuvieran ninguna relación de pertenencia con el gobierno al cual deben monitorear. Esto responde a una norma de sentido común que no necesita ninguna aclaración extra. Pues bien, el señor Vitobello representa exactamente lo contrario a este concepto ya que, hasta un día antes de asumir este cargo, se desempeñaba como subsecretario de Coordinación y Evaluación presupuestaria en la Jefatura de Gabinete a la que, de ahora en más, deberá controlar. En esta labor tenía responsabilidades ligadas a las reasignaciones presupuestarias consecuentes a los tan cuestionados superpoderes. ¿Es creíble que, quien hasta ayer nomás dependía del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, pueda exhibir una postura realmente independiente al tener que evaluar el quehacer de su ex jefe y del resto de los funcionarios de un gobierno del que fue parte?
Perón decía: “La confianza es buena pero el control es mejor”. “Con controles como éstos, cuánta desconfianza”, agregaría Perogrullo.
