Francia y Alemania hegemonizan la idea de realizar en Europa fuertes ajustes fiscales como camino de salida a la crisis y fortalecer así la moneda única. En estos días se ha planteado, por parte de estos países, la necesidad de avanzar en un denominado Pacto de Competitividad, el cual implica un conjunto de fundamentos tales como:
-No actualizar los salarios según los niveles inflacionarios.
-Limitar las convenciones colectivas de trabajo.
-Avanzar en propuestas como fijar en las Constituciones los resultados de las cuentas fiscales y límites al endeudamiento.
-Retrasar las edades jubilatorias y eliminar planes sociales.
-Generar fondos o préstamos para recompra de deuda por parte de los países actualmente más vulnerables.
Este “pacto” se parece lisa y llanamente a un ajuste neoliberal ortodoxo, sin visión social ni consistencia macroeconómica ni efectos sustanciales sobre la competividad de los países con mayores niveles de crisis. Así, la receta propuesta determina consecuencias lamentables y previsibles: los costos recaerán sobre trabajadores y jubilados.
Valga como ejemplo España. En estos momentos, se propicia desvincular la evolución de los salarios de la inflación, en el marco de niveles de desempleo superiores a 20% y con un crecimiento salarial –durante 2010– de 1%, esto es, menor a la inflación anual. ¿Qué tuvo que ver en la crisis la dinámica salarial? La respuesta es simple: se aprovecha el momento para aplicar medidas que nada tuvieron que ver en los orígenes de la misma.
Sincericidios. “Queremos utilizar la crisis”, así se expresó, sin rodeos, el vicecanciller de Alemania y ministro de Asuntos Exteriores.
En realidad, esta coyuntura implica un cambio del modelo social europeo: se vale del estado de situación para generar propuestas que sólo profundizarán las asimetrías al interior de la Unión Europea y de cada uno de los países. Esa es la condición para que los Estados más fuertes de Europa participen de las políticas anticrisis que implican fondos de rescate para el pago de los bonistas: planes respaldados por los sectores financieros que trasladan a la población los costos de la crisis.
La reciente visita de la presidenta de Alemania a España, similar a las de las autoridades del Fondo Monetario Internacional, se asemejó a una auditoría sobre la economía española. El objetivo no fue otro que remarcar que el camino es el ajuste fiscal (cuyas consecuencias siempre recaen sobre los sectores medios y bajos).
Angela Merkel subrayó en estos días que “España hizo los deberes y está en un muy buen camino”. Así otorgó un certificado de “racionalidad” a todas las propuestas de ajuste en ese país y los demás.
Casi en paralelo, se anunció que el desempleo de España cerraba 2010 con un “récord” en trece años y en enero la tendencia siguió incrementándose.
¿Soluciones? Se pueden analizar medidas fiscales de corto plazo y entender los riesgos que implica flexibilizar la moneda única para los países más vulnerables. Es obvio que la magnitud de la problemática es significativa y la salida no es sencilla. Pero el mismo nivel de “obviedad” lo tiene la garantía de fracaso social y económico que representan estas políticas neoliberales si sólo se limitan a concepciones tan restringidas y funcionales a sectores de los países más desarrollados de Europa.
El futuro, a la vuelta de la esquina. Cuando las protestas sociales se incrementen y las dificultades políticas se agraven, la respuesta ya está en los manuales: adoptar medidas represivas o culpar a la falta de madurez de los sectores medios o bajos por la falta de entendimiento de la crisis.
Surge, inevitable y técnicamente, la pregunta: ¿y los bancos? ¿Y los bonistas? ¿Y las grandes riquezas? Los ajustes fiscales son limitados como políticas en sí mismas. Pero además resulta increíble que los sectores con mayor capacidad contributiva, los que más ganaron en el escenario pre crisis, o incluso los que son corresponsables de la misma, queden al margen de realizar aportes significativos en términos fiscales.
La crisis no es sólo económica sino conceptual y ética. En este sentido, más allá de las limitaciones en sus resultados y de la amplia gama de cuestionamientos, el presidente de los EE.UU. ha encarado su resolución con medidas más prácticas y efectivas, sin tanto fundamentalismo como en Europa. Ha tenido una política macroeconómica y decisiones sectoriales que priorizaron la recuperación del nivel de actividad, sin dejar de considerar que, una vez consolidadas estas metas, la política fiscal deberá acompañar ese crecimiento y otorgar mayor consistencia y estabilidad a largo plazo. Es decir, la política fiscal es un instrumento más del conjunto de la política económica, que se puede utilizar según la etapa del ciclo económico.
Obama ha entendido también la necesidad de recrear reglas de juego que induzcan mayores niveles de industrialización, con un Estado activo para intervenir, una reforma financiera modesta pero superadora y definiciones que otorgan mayores probabilidades de encaminar la situación.
Europa debería entender que ni la reestructuración de la deuda por sí misma ni políticas de ajuste sobre los trabajadores son el camino para recuperar el crecimiento y los grados de equidad que la caracterizaron en las últimas décadas. Estas medidas sólo favorecen a fracciones puntuales, al evitar los costos de la crisis y resguardar a sectores financieros y de acreedores. Pero, fundamentalmente, evidencian y exponen que, lejos de un proceso de integración, hay una carrera de sometimiento de los países más vulnerables, encerrados entre las rigideces de la UE y las concepciones de los países que imponen las reglas para pertenecer a la misma.
La experiencia argentina es rica para entender los límites de los ajustes fiscales y de pretender fijar rígidamente el comportamiento de las variables económicas mediante leyes o normas. Tampoco la reestructuración de la deuda es en sí misma un plan sino se acompaña, como sucedió en nuestro país, de reglas que favorezcan el crecimiento.
