Cuando comencé a trabajar en periodismo el problema habitacional –denominado entonces “dilema de la vivienda propia”– era un tema prioritario en las agendas de los gobiernos y de los partidos políticos. Han pasado cuarenta años y a la encrucijada del techo propio se le han sumado, por una histórica inoperancia, las ocupaciones de los espacios públicos, las manipulaciones de los punteros políticos, la lucha por una representación política que termina por no ser genuina, los tironeos entre la oposición y los dueños del poder en el país. Cada día que pasa el enredo es mayor y se traban las soluciones.
Muchas veces este vacío lleva a pensar si para muchos la pobreza, la exclusión que se multiplica con la falta de viviendas no es un “negocio político”: en tanto impere esta indispensable necesidad habrá promesas y si hay promesas habrá votos. No hay ruido de conflictos de clases sociales de por medio. A la carencia habitacional la sufren los más necesitados y la clase media.
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En los últimos diez años creció 52 por ciento la población de las “villas miseria”, no sólo por presiones del tiempo presente sino por dificultades de arrastre. Sólo la Capital Federal registra, según el Censo reciente, 14 villas y 27 asentamientos. Ya hay miserables, en total desamparo por debajo de los mismos pobres.
Los que quedaron desocupados pierden la esperanza de retornar a las plantas de producción y hay menos fuentes laborales en el interior provinciano por desidia en inversiones. Las poblaciones se mudan a los centros urbanos en búsqueda de trabajo. Buenos Aires y el cordón suburbano aloja a casi el 40 por ciento del total de habitantes de la nación.
La pauperización se multiplicó a lo largo de los años 90 y llegó a su clima máximo con la crisis de 2001 y las dificultades del arranque de 2002. Por su parte, la clase media padeció distintas plagas: despidos, racionalizaciones de personal, leyes limitantes, quiebra de empresas y por ende de puestos de trabajo. Es decir: todo se volvió precario e inestable. Y cuando el Producto Bruto se ensanchó, hubo crecimiento más trabajo y se consolidaron los créditos hipotecarios, los costos resultaron tan altos, las exigencias tantas que muy pocos ingresos fijos pudieron hacer frente a las cuotas planteadas por los bancos.
A partir de 2007 asomó otro ingrediente: la inflación, hoy ya instalada en el 30 por ciento anual. Esa tasa alta no sólo generó más indigencia entre los pobres que aspiran al techo propio sino también impotencia en la clase media que teme quedar atrasada para enfrentar el costo de vida, la esperanza del ahorro y la vivienda con nombre propio. El Estado es responsable de esta gran injusticia. Un esquema impositivo inequitativo es una carga diaria, donde los que más tienen transfieren las mayores imposiciones a incrementos en los precios de los productos y recortes en los salarios. Una reformulación del Presupuesto Nacional podría crear incentivos para levantar fábricas y complejos productivos en el interior. Esa reforma presupuestaria podría movilizar –bien direccionados– mayores recursos para ocuparse de la “vivienda social” que se entrega con muchas facilidades y a largo plazo. Para que esto no se transforme en acción demagógica partidaria una comisión de expertos y auditores elegidos por el Parlamento podría controlar esos fondos.
Recién en ese momento el país estaría en condiciones de comenzar a encontrar paliativos. Porque allí las medidas oficiales tendrían que encarar la infraestructura que no existe: el agua corriente de red, electricidad y gas natural por red, conexión al sistema cloacal, desagües pluviales, alumbrado público, recolección de residuos, retrete con descarga de agua.
El Observatorio de la Deuda Social, que depende de la Universidad Católica Argentina, aseguró en un reciente informe que sólo el 48,8 por ciento de los hogares ubicados en zonas urbanizadas de clase baja tenía acceso a esos servicios. Y el 14 por ciento de los hogares en zonas de nivel socioeconómico medio alto carecía de alguno de esos elementos. Sin ellos no hay habitabilidad digna.
