El covid dejó su huella muy marcada en las mujeres en toda su diversidad en el mundo. Ya lo sabemos, y ha sido ampliamente descripto en el país, en la región y en el mundo. El problema y verdadero desafío es cómo se supera. Cómo y en qué medida se buscan soluciones a viejos problemas, porque este era un problema que ya existía y que no se había solucionado, se habían aplicado algunas medidas para disminuirlo, pero seguía allí. Ahora no es posible no verlo y buscar una solución, esa es la diferencia.
Esta y otras soluciones a los problemas de mujeres y niñas en toda su diversidad, es decir, incluyendo a las personas del colectivo LGBTQI+, es lo que una reunión de expertos /as convocada por Naciones Unidas a la que fui invitada estuvo analizando esta semana. La reunión consideró desde 2017, cuando se realizó la última evaluación de la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible-ODS 5 de “igualdad de género” hasta la fecha; covid mediante ¿qué paso? ¿Qué muestran las ambiciosas metas aprobadas en 2015 por todos los gobiernos del mundo? Ese balance se acompañó de la búsqueda y elaboración de propuestas para brindar a los gobiernos. Cabe aclarar que si bien los 17 ODS que integran la Agenda 2030 están relacionados y no son totalmente divisibles, el ODS 5 es uno de los más transversales y se vincula con todos los otros. Por eso este ODS es fundamental para el logro de la Agenda 2030.
Un punto clave considerado en el grupo de expertos fueron las modalidades de protección social que van más allá de los beneficios de la seguridad social. La protección social plantea y se refiere a las medidas que son independientes de la condición laboral, a la que está unida la seguridad social, ya sea por su condición de trabajadora o de familiar asociada a un trabajador.
La protección social se refiere a los beneficios que todas las personas por su condición de tales tienen en base a los derechos socioeconómicos reconocidos en la Convención Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Por eso son universales, o sea aplicables a todas las personas, de allí su importancia y magnitud, y deben promover la igualdad de género. Dada la alta proporción de mujeres en el país, en la región y en el mundo que trabajan en el sector informal, es decir sin beneficios de la seguridad social, hay que definir cómo les alcanzan los beneficios de la protección social.
Es un contingente muy grande al que se suman ahora, después del covid, las desocupadas, por la pérdida de sus trabajos en el sector formal y la suspensión en el sector informal que aumentó la pobreza. Si bien en el país se creó el IFE o ayuda familiar de emergencia, que brindó el Gobierno a las mujeres y familias de los sectores más afectados, esta no es una medida permanente. El grupo recomendó la creación de políticas que apoyen a las familias más allá del cuidado de niños, que es básico y que se debe asegurar hasta el nivel preescolar, que ya corresponde al sector educación, o sea la existencia de servicios de cuidado de ancianos, de discapacitados, de enfermos mentales, entre otros, que deben integrar las medidas de protección social. Esto aumentará la participación laboral formal de muchas mujeres que se desempeñan como cuidadoras en el sector informal del trabajo.
Otra medida recomendada es el desarrollo y la cobertura de los servicios esenciales de salud según la OMS, como el de salud sexual y reproductiva que abarca desde la educación sexual integral hasta el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pasando por la anticoncepción, la atención pre y posnatal y la atención del parto. Estas medidas que parecen obvias no lo son, y los gobiernos deben priorizarlas y recibir el apoyo de las agencias de ONU para implementarlas a la brevedad. Si se logra en el país un adecuado desarrollo y la cobertura de ambas medidas se habrá dado un paso clave en el avance de la protección social.
