La insolvencia fiscal, el talón de Aquiles

El acotamiento de superpoderes, las rondas de diálogos políticos y económicos intra y extra partidarios y ciertas señales de descentralización en la toma de decisiones son todas buenas noticias para el mediano/largo plazo de Argentina. Sin embargo, no serían suficientes para sacar a la economía del estancamiento en el que se encuentra inmersa hace ya varios meses.
En las épocas de bonanza macroeconómica de la administración Kirchner (digamos, entre 2003 y 2007), una mejora microeconómica e institucional hubiera representado una condición necesaria y suficiente para el crecimiento económico sustentable. Hoy la situación es diferente.
La restricción fiscal es por lejos el gran escollo que enfrenta la economía doméstica para una futura recuperación, incluso si asumimos que los shocks exógenos negativos (crisis global, sequía y gripe A) se diluyen y que la calidad institucional mejora ostensiblemente.
La historia económica argentina reciente (la segunda mitad del siglo XX) parece indicar que existe una suerte de tamaño (medido a través de la relación gasto primario/PBI) máximo del sector público consolidado que resulta financiable.
Puesto en números, ese tamaño máximo sería equivalente a un gasto primario en torno al 24% del producto.  Toda vez que las erogaciones públicas superaron dicho límite por un período determinado de tiempo, un significativo ajuste fiscal se tornó inevitable. Durante 2009, el gasto primario consolidado alcanzaría el 33,2% del producto, bien por encima del límite que propone el ejercicio anterior.
Sin embargo, esto no quiere decir que el ajuste del gasto primario que tenemos por delante deba ser de nueve puntos porcentuales del PBI. Hoy existen impuestos adicionales, como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones, que, a diferencia de lo que sucedió en buena parte del período comprendido entre principios de los 60 y fines de los 90, ahora lucen que pueden, con algunas modificaciones, ser mantenidos en el tiempo. Ambos pueden generar conjuntamente una recaudación equivalente a el 4,5% del PBI. De esta forma, el límite de gasto primario consolidado financiable se elevaría hasta el 28,5% del producto.
Aun así, las erogaciones primarias deberían caer unos 4,5 puntos porcentuales del PBI para reubicarse dentro de una trayectoria sustentable, ajuste, por cierto, nada trivial.

Diálogo y pérdida de control. Que mejore el diálogo político y económico, que se acoten los superpoderes y que el Congreso recupere (en todo o en parte) las facultades delegadas son todas cuestiones que no despejan las dudas que hay hoy en torno a la dinámica de las cuentas públicas. Todo lo contrario, podrían acrecentarlas.
La razón es sencilla: las autoridades nacionales muy probablemente perderán parte del poder que tuvieron hasta ahora para manejar con libertad los recursos fiscales. Y esto, que era una muy buena noticia en épocas en las que la restricción fiscal no operaba, no lo es hoy en día. Con menor control sobre el monto y la distribución de los recursos públicos, las posibilidades de que la administración Kirchner pueda recomponer ordenadamente la cuestión fiscal se reducen, más si tenemos en cuenta que es difícil instaurar un férreo control sobre el gasto.
En efecto, en lo que va de 2009, los principales “motores” detrás del incremento de las erogaciones primarias han sido los ítems relacionados con la Seguridad Social, la Inversión Pública y las Remuneraciones (las Transferencias al Sector Privado –subsidios– siguen teniendo peso a la hora de explicar el crecimiento del gasto, aunque con menor protagonismo). Esto significa una severa restricción de cara a las posibilidades de implementar un rígido control sobre las erogaciones primarias en el futuro inmediato.
Desde el punto de vista estrictamente económico, tanto el recorte de partidas relacionadas con subsidios al transporte y energía como la reducción de ítems emparentados con la inversión pública, jubilaciones y salarios estatales acentuarían el estancamiento de la actividad económica.
Asimismo, tampoco habría demasiados márgenes políticos para los recortes. La polémica en torno al incremento de las tarifas de gas (que permitiría una reducción de los subsidios estatales hacia el sector) es un claro ejemplo de ello. 
La otra alternativa, por cierto muy poco recomendable dados los niveles de incertidumbre que existen por estos días, es “licuar” el gasto primario vía devaluación e inflación. Para graficar a muy grandes rasgos qué implicaría en términos cuantitativos optar por este camino, basta con llevar adelante un simple ejercicio.
La idea es calcular cuánto debería ser la inflación que permitiría realizar un ajuste de las erogaciones primarias equivalente a 4,5 puntos del producto, asumiendo una determinada trayectoria tanto de incremento nominal anual para el gasto primario como de aumento del PBI real.
Si el plazo es sólo un año, la tasa de inflación anual debería estar en torno al 35 por ciento. En cambio, si el plazo es de tres años, la tasa de inflación anual en cada uno de ellos debería estar en torno al 20 por ciento. Por su parte, la tasa de devaluación sería, como mínimo, igual a la tasa de inflación resultante en cada uno de los escenarios.
Para concluir, lo único cierto a esta altura es que el tamaño actual del Estado es insostenible. Frente a esto, hay quienes confían en que el mundo nos salvará de nuevo (a través de una fuerte recuperación de los precios internacionales de commodities y de los flujos de comercio mundial).
Otros, en cambio, preferiríamos ver al oficialismo y a la oposición trabajando conjuntamente y en serio en el diseño de una estrategia que permita empezar a solucionar de una vez por todas los recurrentes desequilibrios fiscales de Argentina.