La devaluación del peso y el aumento de la inflación producidos durante los últimos meses constituyen el fin de un proceso que pone en crisis la lógica política y económica que primó a lo largo de la última década. La “normalidad” construida luego de la salida del régimen de convertibilidad, sin importar la valoración que se tenga de ella, ya es parte de la historia.
Un primer capítulo de la etapa que se está abriendo se jugará en las próximas negociaciones salariales. Desde las usinas gubernamentales se ha hecho hincapié en la necesidad de guardar prudencia en las acciones sindicales en general, y en los reclamos salariales en particular, ya que, según se sostiene, es prioritario conservar las fuentes de trabajo.
Esta postura, que ha sido asumida como propia incluso por algunos dirigentes sindicales ligados al oficialismo durante todos estos años, podría sintetizarse de la siguiente manera: en un contexto de crisis económica los trabajadores deben realizar sacrificios salariales, a cambio de que las empresas mantengan los niveles de ocupación.
Siguiendo este argumento, si los trabajadores reclamaran mayores salarios, serían los responsables de la pérdida de rentabilidad de las empresas y, por ende, de los ajustes de personal que producirían un aumento del desempleo.
La devaluación marca un punto de inflexión, ya que ella ha sido impulsada por los sectores más concentrados del capital que operan a nivel local, donde se encuentran los grandes exportadores, el sector financiero, y las mayores empresas del país (muchas de ellas filiales de compañías transnacionales), y el Gobierno asumió su representación.
Aquel pacto entre fracciones de clases sociales con intereses contrapuestos estaba necesariamente acotado en el tiempo (2003-2013). Pues bien, el pacto se ha roto, y lo que está en discusión es en qué condiciones se dirimirá la puja entre capital y trabajo en los próximos años.
Las principales corporaciones empresariales así lo han entendido, y han comenzado a articularse nuevamente para cristalizar sus intereses, a la fuerza, en las políticas de Estado. Si una fracción de la clase trabajadora pretende permanecer en dicha alianza, deberá asumir un mayor nivel de sometimiento ante el gran capital.
La lucha por salarios dignos y por la incorporación de trabajadores al mercado de trabajo ha sido el resultado de largos combates, sobre todo de trabajadores agrupados en nuevos colectivos que dispusieron de las transformaciones en el denominado modelo sindical argentino. Fue la conciencia de libertad y democracia sindical que posibilitó que los trabajadores impulsaran el conflicto entre capital y trabajo.
Seguramente el escenario de 2014 esté hegemonizado por este tipo de conflictos. Los trabajadores que no van a admitir la rebaja de su salario real y los empleadores que efectuarán ajustes para maximizar ganancias. Este dilema aún no está resuelto.
*Director del Departamento Jurídico de la CTA.
