Las repercusiones del narcoavión apresado en España con casi una tonelada de cocaína instalaron el problema del tráfico de drogas en nuestro país. Ya en marzo de 2010 –también en Barcelona– se secuestraron 387 kg de cocaína escondidos en cajas de merluza congelada. No hace falta explicar que la cuestión de la droga es prioritaria en la agenda de seguridad. Ahora, ¿de qué se trata el problema de la droga?
Es este problema conviven el peón rural de la plantación de coca, el contador público de la empresa legal que blanquea el dinero de la droga, el adicto y su familia, el capitalista y jefe del cartel, los obreros de la cocina de cocaína, los “soldados” de la organización, la madre de cinco hijos del barrio popular que en uno de los cuartos de su modesta casa pone un kiosco que –además de cerveza o galletitas– vende papelitos o fasos, la empresa que desvía químicos, el puntero que la distribuye en su zona.
A lo largo de los años, los gobiernos han ordenado toda su política en torno al decomiso de la droga: una política era eficaz si mostraba mayor cantidad de droga decomisada, una fuerza policial mostraba compromiso con incrementos en los kilos secuestrados, un buen procedimiento era el que mayor cantidad de droga capturaba, etc.
Luego de tantos años de estas políticas cabe preguntarse: ¿sirven para algo? ¿Afecta al narcotráfico el decomiso de drogas? ¿Hay una caída en el consumo y, por tanto, en la circulación de droga cuando se secuestran grandes cargamentos? La respuesta es no.
El decomiso de droga es una porción insignificante del mercado total. Paraguay produce 6 mil toneladas anuales de marihuana. Se estima que a la Argentina llega el 20% y sólo se decomisa anualmente 4% a 9%.
El único efecto de decomisar es afectar el precio del producto que, en general, ya contempla la pérdida anual por decomiso.
Utilizar como indicador la cantidad de droga secuestrada puede hacer pensar que se ha retirado mayor cantidad de droga del mercado, cuando puede haber sucedido lo contrario: que haya habido mayor circulación y, por ello, los procedimientos se han topado con mayores decomisos.
Es imperioso cambiar el paradigma, relativizando el foco en la cantidad de droga secuestrada y reorientándolo al desbaratamiento de las organizaciones narcocriminales. De poco sirve un procedimiento donde se secuestren 100 kg si los únicos arrestados son el chofer del camión que transportaba la droga y el sereno del depósito donde se iba a guardar, como son los procedimientos que predominan aquí. Es mucho más eficaz un procedimiento que sólo secuestre 10 kg pero lleve al arresto del jefe de la organización, su contador y su encargado de logística.
Otro nuevo foco sería: ¿en qué eslabón de la cadena de tráfico se deben concentrar los esfuerzos? ¿Dónde se producen más daños a la oferta?
Cinco años después, se debe evaluar el impacto de la desfederalización de la persecución penal del tráfico de drogas a pequeña escala en las provincias que adhirieron a la Ley 26.052, que habilita la competencia provincial, impulsada por Buenos Aires.
En los 80, en Estados Unidos se perseguía toda manifestación de tráfico de droga, pensando que así se dañaban las redes de tráfico. Pero descubrieron que los puntos de menudeo que se desbarataban eran rápidamente reemplazados por las redes de tráfico y el costo de su pérdida ya estaba “previsionado”. Dejaron de perseguir los pequeños puntos de venta para concentrarse en las redes regionales que los manejaban. Su desbaratamiento originaba un costo mayor, porque no todas las personas quieren y pueden organizar redes de narcotráfico a esa escala, y menos cuando el Estado se muestra eficaz en su combate.
Deberíamos evaluar seriamente si continuamos asignando tiempo y recursos de policías, fiscales y jueces a perseguir el menudeo, o a desbaratar redes regionales de tráfico. Perseguir al menudeo puede servir para “producir estadística” que esconde la cooptación de funcionarios policiales y/o judiciales por parte del narcotráfico.
La droga se basa en la imposibilidad de los poderes públicos, por negligencia o corrupción, de hacer cumplir la ley. Por eso es una cuestión de Estado, antes que un mero problema policial, sobre la que debemos construir una nueva política de cimientos sólidos.
*Politólogo. Ex viceministro de Seguridad bonaerense.
