El reciente cambio de gabinete ha reinstalado una pregunta central en los análisis sobre la dinámica y las posibilidades de éxito de un programa de estabilización: la pregunta sobre la credibilidad. Esa pregunta tiene dos formas: ¿es creíble la política? ¿O es creíble quien hace la política, el policymaker?
Una política creíble es, en este contexto, aquella capaz de convencer a los actores económicos privados –empresarios, trabajadores– de que el Gobierno está atacando eficazmente las causas de la inestabilidad económica. Un policymaker creíble es aquel con reputación de preferir, o haber implementado exitosamente, políticas creíbles.
Para que un programa de estabilización funcione, sostienen estos análisis, deben ser creíbles tanto la política como el policymaker. Si la política es creíble pero el policymaker no, los actores no creerán que el programa vaya a ser implementado tal como fue anunciado; esperarán, en cambio, que el policymaker no creíble lo sabotee porque, en definitiva, no es el programa que prefiere. Si el policymaker es creíble pero la política no, los actores no creerán que el programa pueda funcionar porque es, al cabo, inconsistente tanto con sus expectativas sobre cómo debería ser la política de estabilización como con las preferencias del policymaker creíble.
En ambos escenarios, pues, el programa de estabilización fracasaría y el gobierno perdería instrumentos para atacar la inestabilidad: en el primer caso, las políticas mismas, que resultarían desprestigiadas tras fracasar a manos de un policymaker no creíble; en el segundo caso, el policymaker creíble, que perdería su credibilidad por implementar políticas no creíbles.
Fracasada la política de sustitución de importaciones y crédito barato como herramienta para reducir la inflación expandiendo la oferta, y agotada la política de minidevaluaciones y restricciones cambiarias, estos instrumentos y los enfoques que los sustentaron no tendrían ya credibilidad.
Una política creíble estaría, pues, basada en otros instrumentos: menor expansión monetaria y fiscal sostenida en el tiempo para reducir las expectativas inflacionarias y alinear consistentemente las decisiones de precios y salarios. No una devaluación brusca, porque alimentaría el proceso inflacionario, ni ajustes fiscales y monetarios súbitos y drásticos, porque inducirían recesión y tensión social. Una política creíble sería una estabilización gradual basada en políticas fiscales, monetarias y de ingresos alineadas.
Las nuevas autoridades en la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía han indicado su intención de avanzar en esa dirección. ¿Pero son los policymakers adecuados para hacerlo? La trayectoria del jefe de Gabinete sugiere una respuesta positiva: Jorge Capitanich es un político pragmático, ecléctico en su ideario económico, experimentado y adaptable a las circunstancias, y con fuerte ambición presidencial. El ministro Axel Kicillof, en cambio, es un académico, de ideario más rígido, escasa experiencia en crisis, y preferencias fuertes por políticas expansivas e intervención estatal.
Suponiendo se avance en una estabilización gradual, la pregunta sobre la credibilidad sería aquí la pregunta sobre la credibilidad del policymaker y, más específicamente, sobre su autoridad. Si el autorizado por la Presidenta fuera el jefe de Gabinete y el ministro de Economía se subordinara, el problema de credibilidad no sería central. Pero, de zanjar la Presidenta un conflicto sobre el programa económico a favor del ministro, forzaría al jefe de Gabinete a optar entre hipotecar su ambición presidencial en una política económica en la que no creería, lo que lesionaría la credibilidad del programa, o preservar su ambición renunciando al gabinete, lo que despojaría al Gobierno de un eventual candidato presidencial propio y lo dejaría en extrema debilidad política y económica.
La opción para la Presidenta no es, como se aduce, entre el relato y la realidad, sino entre la credibilidad y la crisis.
*Sociólogo, investigador del Conicet y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella.
