Los derechos humanos deben abarcar también la seguridad de todos los ciudadanos, que es un derecho social fundamental. Engloba una multiplicidad de otros derechos, pero fundamentalmente el de tener una vida digna por el solo hecho de ser personas. El Estado debe garantizarla tanto en los términos del derecho a la vida, a la libertad, como el derecho a la integridad física, el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes.
En un momento en el que la inseguridad ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos/as, debemos mirar cómo nació esta situación. En regímenes autoritarios que arraigaron la costumbre institucional de dejar la elaboración y conducción de estas políticas públicas en manos de las mismas fuerzas de seguridad que adoptaron el estilo castrense para definir su función, su estructura interna y su modo de actuación.
También debemos identificar a las políticas de ajuste de los noventa, en detrimento del Estado como garante de la seguridad social, con el consecuente desmembramiento de las instancias tradicionales de socialización (la escuela, la familia, el trabajo) y el aumento sideral de los índices de pobreza, de desigualdad y exclusión social.
Este clima enrarecido es el que heredamos de aquellos años. Debemos enfrentarlo con propuestas creativas. Volver a viejas recetas de mano dura no nos conduce a ningún lado mejor, sólo a alimentar este circuito de incremento de la violencia en contra de la construcción de una convivencia pacífica entre todos y todas. Ya en estos días, el adalid de De Narváez, el senador Jorge D’Onofrio, titular de la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense, confesó que duda que el mapa de la inseguridad de su ex jefe político durante la campaña aporte a la resolución de los problemas de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, ya que el intento de constituir un instrumento para saber qué zonas son la más peligrosas terminó siendo una medida confusa donde se mezclan los datos de los supuestos delitos y las denuncias se repiten varias veces con fechas diferentes. Caer en este tipo de iniciativas “blumberianas”, de dar más poder a quienes ya lo detentan en forma indiscriminada, es un despilfarro grosero de recursos y un insulto a las víctimas de los delitos y hechos de violencia, las instituciones democráticas y al mismo tiempo, un desconocimiento total de los estudios serios y recomendaciones de los especialistas en el área que abogan por la necesidad de instaurar una seguridad ciudadana.
Las autoridades civiles legítimamente elegidas debemos construir amplios consensos y poner en marcha las herramientas de control civil a disposición para eso. En ese sentido, insistimos en la posibilidad de constituir la Comisión Bicameral de seguimiento y control de las fuerzas de seguridad como habilita la Ley de Seguridad Interior. Desde los distintos poderes del Estado, debemos participar en la reforma de las fuerzas de seguridad para transformar su estructura y funcionamiento bajo los nuevos paradigmas de la democracia.
También debemos concentrarnos en un sistema integral de seguridad pública que la defina como una función irrenunciable del Estado de derecho, se establezcan principios democráticos para todas las fuerzas de seguridad del país, de prevención, de actuación y de planificación estratégica de las tareas que implique; donde el control legislativo y de las instancias de la sociedad civil tengan un rol principal dentro de la gestión.
Desde Proyecto Sur creemos que una seguridad democrática para una convivencia pacífica y plural es posible. Tenemos herramientas, ideas e iniciativas, sólo necesitamos más compromiso y voluntad para lograrlo.
*Diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur y presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja.
