Los incidentes ocurridos en el Parque Indoamericano tuvieron el lado positivo de llamar la atención al problema de la vivienda en los sectores más pobres de nuestro país. Este brevísimo comentario pretende contribuir a ese debate que ojalá esté presente en la próxima campaña electoral. No me ocuparé del problema de la vivienda de la clase media, que es muy diferente y que requiere de financiamiento público y/o privado, a largo plazo, y que el Estado subsidie las tasas de interés y genere liquidez permitiendo el redescuento de esas carteras.
Fue el economista peruano Hernando de Soto el que quizás haya comentado este tema con mayor precisión en su libro El misterio del capital. Sostiene en ese ensayo que no hay pleno capitalismo sin propietarios, y que las sociedades donde los propietarios son la minoría cuentan con capitalismos imperfectos y, por lo tanto, inestables. Así como la pertenencia a la sociedad civil se consigue con el documento, la pertenencia al mundo capitalista se consigue con el título de propiedad de un inmueble.
Si uno es propietario, accede fácilmente al sistema bancario y todas sus ventajas: cuentas corrientes, préstamos, tarjetas de crédito y débitos, etc. Si no se es propietario, difícilmente pase de la cuenta sueldo y la caja de ahorros. Y quienes hoy acceden a los servicios bancarios no sólo disponen de crédito, sino también de otras facilidades para mejorar la calidad de vida. Además, la propiedad es una defensa importantísima contra la inflación, que ha vuelto a golpear los ingresos y los patrimonios de los que menos tienen.
Hay otras ventajas no económicas: su autoestima cambia su actitud frente al trabajo y frente a la sociedad. Ya no se siente un paria o un marginal, y tiene algo por lo que luchar y dejar a sus hijos. También le amplía las posibilidades laborales y de capacitación, ya que hoy hay muchas alternativas de trabajo a domicilio y de educación e información a través de Internet.
La Argentina de las primeras décadas del siglo pasado es un buen ejemplo de la integración social y del crecimiento económico que se consigue cuando se generaliza el acceso a la propiedad y a la vivienda. Y, lamentablemente, también somos el ejemplo opuesto en las últimas décadas, cuando el problema de la vivienda afecta a casi la mitad de la población.
En la Argentina de hoy hay más de 2,6 millones de familias con vivienda inadecuada, o sin vivienda.
Eso significa que, en el mejor de los casos, donde duermen los miembros de esa familia hay un techo, pero carecen de un lugar donde juntarse a comer o donde los hijos puedan estudiar.
Una familia en una vivienda inadecuada pasa el día en la calle. Y si los chicos están expuestos a la calle, en barrios marginales, están expuestos a la desnutrición, a la droga, a la delincuencia y a los embarazos adolescentes, o sea todo: el combo de circunstancias que rodean y profundizan el círculo de pobreza y marginación. Aunque en el barrio exista una buena escuela o un buen hospital, esa familia difícilmente acceda a la educación o a la salud mínima necesaria para romper ese círculo si no tiene una vivienda propia.
Soluciones. Lo fundamental es entender que la construcción de viviendas económicas para el sector de menores ingresos no pasa por una cuestión de crédito, porque la inmensa mayoría no califica para poder obtenerlo. Y que tampoco es el objetivo, como parecía en la época del Fonavi, la reactivación de la industria de la construcción. El objetivo es el otorgamiento de viviendas con los respectivos títulos de propiedad a las familias que las necesitan y en los lugares que las necesitan.
En la Argentina, hoy hay alrededor de 700 mil viviendas, construidas mediante diversos planes asistenciales, que no han sido escrituradas.
Eso no sirve, ya que no genera sentido de propiedad y, por lo tanto, en muchos casos son ocupadas ilegalmente, no son cuidadas y no generan todas las otras ventajas ya comentadas a raíz del hecho de ser propietario.
Esas viviendas sirvieron para reactivar la construcción y para el clientelismo político de intendentes o gobernadores, pero no para solucionar el problema de la vivienda en propiedad.
Este gobierno ha construido y terminado más viviendas que en épocas anteriores, pero claramente insuficientes para atender la creciente demanda, y en muy baja medida, considerando el enorme crecimiento del gasto público.
Ha preferido subsidiar a los sectores de ingresos medios y altos con tarifas ridículamente bajas –especialmente en Buenos Aires y alrededores– antes que acometer un extenso plan de construcción y otorgamiento de viviendas económicas.
Un plan de 600 mil viviendas al año, de 50 a 60 m2 cada una, con servicios, puede costar, aproximadamente, algo menos de US$ 10 mil millones, que es menos de lo que cuestan los subsidios que ha implementado este gobierno para evitar el alza de las tarifas de los servicios públicos y de alimentos.
Si el país toma conciencia de la importancia de este gasto, en cuatro años se podría llegar a una moderación importante del déficit habitacional, considerando que cada año surgen nuevas necesidades en el orden de las 150 mil 200 mil familias.
Las viviendas no tienen porqué regalarse, sino asignarlas a las familias más necesitadas en cada lugar, con el compromiso de pagar mensualmente, durante cincuenta años, una cifra equivalente a $ 200, ajustable por el índice de salarios. Se otorgaría la escritura correspondiente pero se mantendría la hipoteca por la deuda, y se llevaría un registro nacional de beneficiarios para evitar abusos. Estos $ 200 son menos de lo que hoy se paga de “alquiler” en una villa por una vivienda mínima y precaria. Y podría inclusive descontarse de lo que las familias más pobres cobran por Asignación Universal por Hijo. ¿Qué mejor asistencia a un hijo que otorgarle una vivienda en propiedad?
