No pocas veces, este ombudsman ha rechazado comentar críticas realizadas por lectores a algunas publicaciones ofrecidas por la página web de Editorial Perfil, en la certeza de que su responsabilidad primaria es con los que compran o acceden al diario en papel los sábados y domingos, y porque poner el ojo sobre lo que cotidianamente y en cada momento entrega Perfil.com sería una tarea tan excesiva como probablemente inútil. No estaría de más que PERFIL, que plantea poner el oficio periodístico bien ejercido como valor absoluto, incorpore un analista específico para un formato, un soporte tan distinto de éste.
Haré hoy una excepción para referirme a derivaciones no queridas ni satisfactorias de notas publicadas por el diario PERFIL y reproducidas en Perfil.com. Ya algunos de los columnistas del diario se han quejado con justicia por una de esas consecuencias a las que aludo. Concretamente, a los comentarios que los lectores introducen, sin filtro alguno, al pie de las notas reproducidas, comentarios que en muchos casos exceden todo límite lingüístico, ético y periodístico.
Es cierto que no se les puede pedir a los consumidores del medio electrónico que exhiban un excelso manejo del lenguaje, pero el sector de comentarios, en gran medida, se ha erigido en catálogo inagotable de insultos, degradaciones, descalificaciones, elogios desmedidos, golpes bajos, diálogos incomprensibles y agresivos, cuando no absurdos.
Quede claro que soy un defensor a ultranza de las opiniones de los lectores y lo demuestro con la publicación, cada domingo, de todo tipo de cartas, muchas de ellas con fuerte tono crítico hacia publicaciones del diario, artículos y columnas de opinión, incluyendo ésta. Pero un medio de comunicación generalista –y Perfil.com lo es– tiene la obligación y la responsabilidad de cuidar el lenguaje de quienes escriben en él. No se trata de eliminar las llamadas “malas palabras”, o limitar ironías y tonos jocosos. Se trata, sí, de poner algún límite a los desbordes, a las diatribas, a los libelos, a los comentarios que pueden afectar a personas o tergiversar acontecimientos y de los cuales, para completar los males, muchas veces no se hacen cargo con una firma asumida con responsabilidad.
En su columna de despedida como Defensor del Lector del diario El País de Madrid, publicada en septiembre de 2014, Tomàs Delclós abordaba justamente el gran desafío que implica para las empresas periodísticas el dar a sus espacios en la web un tratamiento tan riguroso como el que aplican a sus medios gráficos. “La existencia de ediciones digitales, donde el error es más fácilmente remediable y permite una corrección más efectiva sin necesidad de aguardar a una futura, pero igualmente necesaria, fe de errores –escribía Delclós–, modifica algunas prácticas del Defensor en su papel, al menos el central, de mediador entre el diario y los lectores que se interrogan sobre sus prácticas informativas. El reproche por lo que está mal hecho, el intentar solucionar desaguisados cuando son solucionables, no son tareas cosméticas que convierten, como algunos sostienen, a esta figura en un encargado de las relaciones públicas del medio”. Stephen Pritchard, de The Observer de Londres, y Margaret Sullivan, de The New York Times, coincidieron al plantear como riesgosa la inclusión sin filtros del disfrute catártico de “legiones de blogueros, tuiteros y lectores en internet” que ven sus denuncias publicadas en un sitio web sin ningún análisis crítico. “En resumen, no hay transparencia sin rendición de cuentas”, escribió Pritchard. Y ahí está el meollo del asunto: ¿qué cuentas rinden los anónimos firmantes de comentarios en Perfil.com cuando destratan/maltratan a personajes hasta la humillación o hacen seudos (no sesudos) análisis de acontecimientos sin contrapeso alguno? En la Argentina, los vacíos legislativos en torno al vasto territorio de internet también caben para esta problemática. En otras regiones existen regulaciones con las que no sólo los autores de injurias y otras intoxicaciones son responsables ante la Justicia por sus actos –cuando éstos son punibles– sino también las empresas periodísticas. Hace un par de años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que los medios de comunicación sí tienen responsabilidad sobre los comentarios ofensivos publicados por sus lectores en sus páginas web, como reveló el sitio Etica Segura de la Fundación Nuevo Periodismo a raíz de un caso presentado en Estonia, donde el portal delfi.ee publicó el agraviante comentario de un lector contra una empresa de transportes que –se supo en el juicio– no era culpable de lo que se la acusaba en el portal.
Cerrando: será adecuado que Perfil.com ponga límites a sus belicosos seguidores y se cumplan mínimos preceptos éticos en cualquier plataforma periodística.
